A dos décadas de su creación, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual de Niñas y Niños (UFIDISN), a cargo de Aldo Gustavo de la Fuente, acumula casi 3.000 causas y un modelo de intervención único. Detrás de cada número, sin embargo, hay historias difíciles de contar, silencios que tardaron años en romperse y un sistema que tuvo que aprender -con tiempo, errores y persistencia- a escuchar. Cómo evolucionó la investigación, por qué crecieron las denuncias y qué revela el trabajo cotidiano sobre uno de los delitos más complejos de probar. “No es que haya más abusos, es que ahora se denuncian más”, resume el Fiscal.
Durante años, fueron historias que no llegaban a ningún expediente. Quedaban atrapadas en el miedo, en el silencio, en la intimidad de lo que nadie quería -o podía- nombrar. Con el tiempo, algo empezó a cambiar: las voces comenzaron a aparecer, primero tímidas, después con más fuerza, y el sistema judicial tuvo que aprender a escuchar, a acompañar y a investigar lo que durante tanto tiempo permaneció oculto. En ese recorrido se inscribe la historia de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual de Niñas y Niños (UFIDISN). Creada en 2005 a partir de un convenio entre el Ministerio Público Fiscal y el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la dependencia se consolidó como un espacio pionero en la materia y, según su titular, Aldo Gustavo de la Fuente, es “la fiscalía más antigua del país en esta especialización”.
A lo largo de estas dos décadas, la Unidad intervino en 2.983 causas, de las cuales 2.909 contaron con un acompañamiento integral a las fiscalías de origen, participando activamente en todo el proceso de instrucción, desde la denuncia hasta su resolución. En otros 74 expedientes, su rol fue brindar lineamientos de investigación y directrices probatorias, en línea con estándares nacionales e internacionales.
El volumen de trabajo también se expresa en la recepción de denuncias. En estos años, la fiscalía procesó alrededor de 2.070 presentaciones, tanto presenciales como virtuales, que luego fueron derivadas para su tramitación. A su vez, impulsó unas 300 investigaciones preliminares, un mecanismo que permite verificar datos iniciales -muchas veces surgidos de denuncias anónimas- antes de formalizar una causa judicial o descartar la hipótesis inicial.
Ese esquema de intervención combina distintas modalidades, pero tiene un eje central: la coadyuvancia integral. A diferencia de otras unidades especializadas, que suelen limitarse a tareas de asesoramiento, esta fiscalía trabaja directamente sobre las causas desde su inicio. “Los fiscales nos delegan la causa desde la denuncia y nosotros la investigamos íntegramente en la etapa de instrucción”, explica De la Fuente sobre una dinámica que incluye la realización de Cámara Gesell, toma de declaraciones testimoniales, pedidos de pericias psicológicas a los cuerpos forenses y requerimiento al juez para la adopción de medidas cautelares. Por su labor, el viernes 8 de mayo pasado, el titular de la UFIDISN recibió un reconocimiento en el Senado de la Nación durante una jornada de Prevención contra las violencias de niñas, niños y adolescentes.
El funcionamiento de la fiscalía también incluye otras formas de intervención menos visibles, pero igual de relevantes. Además de las investigaciones completas, el equipo realiza tareas de asesoramiento a otras fiscalías, responde consultas técnicas sobre estrategias probatorias y colabora en casos puntuales donde se requiere una mirada especializada. Ese vínculo permanente con el resto del fuero la convirtió en un actor de referencia, al que recurren incluso en legajos que no son formalmente delegados.
En paralelo, la fiscalía sostiene un rol activo en la recepción de denuncias, que se hacen tanto de forma presencial como a través de escrito al correo electrónico institucional y hasta de manera telefónica. Muchas de ellas llegan derivadas de organismos como la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA) y/o la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), aunque también hay presentaciones espontáneas de particulares. A partir de ese primer contacto, se pone en marcha un circuito que incluye la derivación a sorteo para que luego se asigne una fiscalía y un juzgado de instrucción.
Ese modelo de trabajo se complementó con una fuerte articulación con otras instituciones. La UFIDISN interactúa de manera habitual con hospitales, escuelas, organismos de protección de derechos, fuerzas de seguridad y áreas técnicas del propio Ministerio Público Fiscal, en función de las necesidades de cada caso. Esa red de vínculos permite sostener investigaciones que, por su naturaleza, requieren intervenciones múltiples y coordinadas.
Además de su tarea judicial, la dependencia participa en la elaboración de protocolos de actuación y guías de buenas prácticas para el abordaje de víctimas de abuso sexual, así como en proyectos de cooperación internacional y campañas vinculadas a delitos en entornos digitales. También desarrolla actividades de capacitación dirigidas a profesionales de la salud, la educación y el ámbito jurídico, en un intento por ampliar la capacidad de detección y respuesta frente a este tipo de hechos .
En ese esquema, la acumulación de experiencia aparece como uno de los activos centrales de la Unidad. Dos décadas de trabajo sostenido no sólo permitieron consolidar un volumen significativo de intervenciones, sino también construir un saber específico sobre la dinámica de estos delitos, sus dificultades probatorias y las estrategias necesarias para abordarlos dentro del sistema judicial.
Un modelo de intervención directa
En ese largo recorrido también fue moldeando una forma de trabajo que distingue a la UFIDISN dentro del Ministerio Público Fiscal (MPF). A diferencia de otras áreas especializadas, su intervención no se limita solo al asesoramiento técnico, sino que implica involucrarse de manera directa en la investigación de los casos desde su etapa inicial.
El mecanismo central es la coadyuvancia a sus pares. A partir de la denuncia, los fiscales de origen pueden delegar la causa y la Unidad asume la instrucción completa del expediente. Eso incluye desde las primeras medidas de prueba hasta el requerimiento de elevación a juicio. “Trabajamos la causa íntegramente en la etapa de instrucción”, sintetiza Aldo de la Fuente al describir un esquema que abarca declaraciones testimoniales, pedidos de pericias, Cámara Gesell, análisis de contexto y medidas de protección para las víctimas.
Ese nivel de intervención implica también una relación constante con el resto del fuero. La Unidad no sólo recibe causas delegadas, sino que funciona como referencia técnica para otros fiscales, que consultan estrategias de investigación o criterios de abordaje en situaciones complejas. Esa doble vía —intervención directa y asesoramiento— explica buena parte de su volumen de trabajo y de su inserción dentro del sistema judicial.
Antes de la denuncia
En paralelo, existe un segundo canal de actuación que resulta clave en este tipo de delitos: las investigaciones preliminares. Se trata de intervenciones que se inician antes de la formalización de una denuncia, generalmente a partir de datos fragmentados o alertas anónimas. El objetivo es verificar elementos mínimos que permitan sostener una hipótesis y avanzar judicialmente.
En esos casos, la Unidad realiza tareas de campo, cruces de información y relevamientos básicos para determinar si corresponde impulsar una causa. Esa instancia previa tiene un peso significativo en el funcionamiento general: en muchos casos, permite detectar situaciones que de otro modo no llegarían a judicializarse, o bien descartar sospechas sin sustento.
También funciona como una herramienta para intervenir de manera temprana, en contextos donde la urgencia y la protección de posibles víctimas requieren respuestas rápidas, tales como brindarla al adulto responsable un botón antipánico. Esa lógica preventiva, aunque menos visible que la investigación formal, es una de las piezas que sostienen el modelo de trabajo.
Asesoramiento
Otra de las líneas de trabajo es la evacuación de consultas. Fiscalías que llevan adelante investigaciones propias recurren a la UFIDISN para validar decisiones, orientar medidas probatorias o evaluar la pertinencia de determinadas intervenciones. Ese rol contribuye a unificar criterios y a fortalecer el abordaje especializado dentro del fuero.
El circuito se completa con la recepción de denuncias. La Unidad actúa como puerta de entrada en numerosos casos, ya sea a través de derivaciones de organismos públicos o por presentaciones espontáneas. Esas denuncias son luego sorteadas para su asignación formal.
A lo largo de las investigaciones, la UFIDISN coordina acciones con organismos de salud, equipos interdisciplinarios, áreas de protección de derechos, fuerzas de seguridad y dependencias técnicas del propio Ministerio Público Fiscal. La complejidad de los casos obliga a sostener ese trabajo en red, en el que cada intervención aporta una pieza para reconstruir situaciones que suelen desarrollarse en ámbitos cerrados y con escasa evidencia directa.
En ese entramado, la especialización no sólo aparece como una ventaja técnica, sino como una necesidad operativa. La combinación de intervención directa, trabajo preliminar, asesoramiento y articulación institucional define un modelo que, con el paso de los años, se consolidó como una referencia dentro del sistema judicial para la investigación de este tipo de delitos.
Lo que cambió en 20 años
Si hay un punto de inflexión claro en estas dos décadas, para quienes trabajan en la UFIDISN, no está tanto en la cantidad de delitos como en la forma en que la sociedad los percibe. “La visibilización del problema”, responde a esta revista Aldo de la Fuente cuando se le pregunta qué cambió desde aquellos primeros años.
“No es que haya más abusos, es que ahora se denuncian más”, insiste el Fiscal, marcando una idea que atraviesa todo el funcionamiento actual de la fiscalía. Durante mucho tiempo, explica, estos delitos permanecían dentro de un circuito cerrado, sin llegar a instancias judiciales. “Antes no se denunciaba por miedo, porque no había recursos, porque no existía una cultura judicial que protegiera a la víctima”, refiere.
En ese sentido, el cambio no fue lineal ni automático. Estuvo vinculado a una transformación más amplia en la forma de abordar la violencia, en particular la que ocurre dentro del ámbito familiar. “Se empezó a entender que esto le puede pasar a cualquiera. Había una idea de que eran delitos intrafamiliares, como si eso los hiciera ajenos a los demás, como si no pudiera tocarte”, explica De la Fuente.
Esa modificación cultural tuvo efectos directos en el sistema judicial. La aparición de nuevas herramientas, como las medidas de restricción o exclusión del hogar, permitió generar condiciones más seguras para denunciar. “Hoy hay recursos que antes no existían. Eso también hizo que la gente se anime”, señala.
De hecho, los lineamientos internacionales en materia de NNyA fueron robusteciéndose con el paso del tiempo, se le brinda actualmente un rol más preponderante al “interés superior del niño”, “derecho a ser oído” y “autonomía progresiva”, pilares ineludibles de la Convención de Derechos del Niño (CDN).
El impacto se traduce en números, pero también en el tipo de casos que llegan a la fiscalía. “La cantidad de causas que tenemos hoy tiene que ver con eso: con que se detecta más, se denuncia más y se investiga más”, explica. Y agrega: “A veces nos preguntan si hay más abusadores que antes. Y la respuesta es no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que ahora se ve más”.
Otro de los cambios importantes, según el Fiscal, tiene que ver con el rol de los operadores judiciales y policiales. “Hoy están más atentos. Una denuncia de violencia de género puede derivar en otra cosa. Se hacen preguntas que antes no se hacían”, afirma. Esa mayor capacidad de detección permite identificar situaciones que antes pasaban desapercibidas o quedaban encapsuladas en otros tipos de conflictos”.
Esa evolución también se apoya en una red institucional más desarrollada. “Hay muchísimas entidades que trabajan en la protección de las víctimas, y eso ayuda a que la gente denuncie”, señala a Quorum. La articulación entre organismos, agrega, es hoy mucho más fluida que hace 20 años, y eso impacta directamente en la capacidad de respuesta del sistema.
La tecnología, en ese contexto, aparece como una herramienta ambivalente. “Es importantísima, pero también te juega en contra”, advierte De la Fuente. Por un lado, permite acceder a pruebas en casos vinculados a circulación de material o contactos digitales. Por el otro, complejiza investigaciones que antes podían apoyarse en registros más accesibles. “Hoy es imposible interferir un WhatsApp. Si no secuestrás el teléfono, ese intercambio no lo tenés nunca”, explica.
Ese cambio obliga a adaptar estrategias y a convivir con nuevas limitaciones. “Antes tenías llamados, podías escuchar en línea. Hoy tenés que hacer exhortos internacionales para conseguir información”, detalla. Aun así, reconoce que el avance tecnológico también abrió nuevas posibilidades en otras áreas de la investigación.
En paralelo, la propia Unidad tuvo que redefinir su alcance para sostener su funcionamiento. “Tuvimos que hacer un corte en los 13 años porque si no no dábamos abasto”, explica De la Fuente. La decisión se basó en un dato concreto: la mayor parte de los hechos se concentra en víctimas menores de esa edad. “Dijimos: bueno, nos quedamos con esa porción”, resume.
Ese recorte no implicó aislarse del resto de los casos. “Los colegas nos siguen llamando, nos consultan, incluso por víctimas mayores”, aclara. Pero sí permitió concentrar recursos en el segmento más vulnerable y sostener tiempos de investigación que, por la complejidad de estos delitos, suelen ser prolongados.
En esa tensión entre mayor visibilidad, aumento de denuncias y capacidad de respuesta del sistema, se juega buena parte del presente de la UFIDISN. Y también el desafío hacia adelante: seguir adaptándose a un fenómeno que, aunque siempre estuvo, recién en los últimos años empezó a ser observado con mayor claridad.
“La capacidad de asombro no tiene límite”
Esa visibilización también impactó en la forma en que se construyen las investigaciones. “Nuestra capacidad de asombro no tiene límite”, dice De la Fuente al describir el tipo de hechos con los que se encuentran. “Te traen una denuncia con una perversidad total y no podés decir ‘esto no pasó’. La experiencia nos demuestra que pasan cosas que a una persona común no se le ocurrirían nunca”. En ese contexto, la especialización no sólo es técnica, sino también una forma de procesar ese tipo de relatos y sostener investigaciones que, muchas veces, son emocionalmente exigentes.
La complejidad aparece también en los tiempos. “Dependemos mucho del estado de la víctima”, explica el Fiscal. “Hay chicos que no pueden hacer la Cámara Gesell, que no quieren, y tenemos que esperar. Primero hay que estabilizar esa situación”. Esa dinámica impacta directamente en la duración de las causas. “No es como otros delitos. Acá tenés que entrevistar al entorno, buscar indicios, ver si alguien escuchó algo. El ámbito intrafamiliar es muy cerrado, impermeable a la mirada de terceros”, describe.
En ese escenario, la obtención de prueba se vuelve uno de los principales desafíos. “Son delitos complejos, llevan tiempo”, insiste De la Fuente. Y agrega: “No es lo mismo que cualquier otro delito. Acá no hay testigos directos, no hay cámaras, muchas veces no hay nada más que el relato de la víctima”. Por eso, explica, la investigación requiere paciencia, persistencia y una estrategia que combine distintos tipos de evidencia para sostener una acusación en juicio.
Esa dificultad se potencia por el estado de las víctimas. “Dependemos mucho de cómo están los chicos”, advierte De la Fuente. “Hay situaciones en las que no pueden declarar, en las que hay que esperar. Y ese tiempo es parte de la investigación”. La necesidad de resguardar a la víctima convive así con la urgencia de avanzar en la causa penal, en un equilibrio que no siempre es sencillo de sostener.
A lo largo de estos años, esa tensión dejó también escenas que marcaron a quienes integran la Unidad. “Nos ha pasado de todo”, dice el Fiscal. Desde casos en los que la investigación permitió confirmar situaciones extremas, hasta otros en los que el trabajo probatorio llevó a descartar hipótesis iniciales. “Tuvimos causas en las que se investigó muchísimo y después se comprobó que estábamos en una pista equivocada”, recuerda.
Uno de esos episodios involucró un análisis médico que había arrojado un resultado alarmante. “Tenemos causas -cuenta el Fiscal- en donde también la investigación nos demostró después de que estábamos sobre una pista errada, equivocada. Y la investigamos mucho. Me acuerdo un caso de una nena a la que analizaron una muestra de orina en un laboratorio y detectaron la presencia de semen. El laboratorio hace la denuncia y los padres, lógicamente, totalmente compungidos. Empezamos con la investigación hasta que finalmente pudimos determinar, con el correr del tiempo, que en realidad la muestra de orina que había arrojado semen no era de la nena, sino de otra persona. Imagínate a esos padres cómo estuvieron mientras estuvimos investigando, ¿no?”.
En el otro extremo, también hay investigaciones que demandaron años de trabajo y terminaron con resultados concretos. “Hemos seguido personas en el exterior, pedido capturas, logrado extradiciones”, cuenta De la Fuente. En uno de los casos más recientes, un imputado que había abandonado el país fue localizado tiempo después. “Lo encontramos haciendo runner en Paraguay”, resume, como síntesis de un trabajo sostenido que muchas veces excede las fronteras.
Ese recorrido se apoya en el equipo que integra la Unidad. “Tengo un equipo que es buenísimo”, afirma. La experiencia acumulada, la especialización y la persistencia aparecen como elementos centrales para sostener investigaciones que, por su naturaleza, suelen ser largas y complejas.
A 20 años de su creación, la UFIDISN no sólo deja un registro de causas, cifras y procedimientos. Deja, sobre todo, la huella de un cambio más profundo: el de una sociedad que empezó a mirar donde antes evitaba hacerlo. Cada denuncia que hoy llega es, en algún punto, la ruptura de un silencio. Cada investigación, un intento -imperfecto pero persistente- de reconstruir lo que ocurrió en espacios donde casi nunca hay testigos.
El desafío, hacia adelante, no es menor. Porque si algo enseñaron estas dos décadas es que lo más difícil no es sólo probar estos delitos, sino sostener la escucha, la sensibilidad y el compromiso cuando la conmoción deja de ser novedad. En ese equilibrio entre técnica y humanidad se juega el verdadero sentido de la tarea. Investigar lo que duele, acompañar lo que cuesta decir y seguir avanzando, aun cuando no siempre haya certezas. Porque detrás de cada expediente, antes que un caso, hay una historia que merece ser oída.
