El Consejo Interuniversitario Nacional logró una cautelar convalidada por la Corte, que le ordenaba al Ejecutivo aumentar los salarios docentes, no docentes y las becas para los alumnos. Pero no sólo el Ejecutivo no la cumplió, sino que había otros temas no incluidos en la cautelar que los universitarios reclaman con urgencia y que aún no fueron resueltos.
Los rectores de las universidades nacionales reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se presentaron ante el juez de feria en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, para solicitarle que habilitara el receso para dictar una sentencia definitiva en el conflicto que los enfrenta con el Ejecutivo por el financiamiento de las casas de estudio. El magistrado ya giró el petitorio al Ministerio Público para que se pronuncie sobre la conveniencia de abrir la feria.
Franco Bartolacci, rector de la Universidad de Rosario (UNR), presentó ante el juzgado 11 un escrito en el que señala en nombre del CIN que “desde agosto de 2025, en que el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, no podemos obtener que el Poder Ejecutivo Nacional la cumpla. Ni siquiera ha cumplido con la medida cautelar dictada por vuestra señoría en diciembre de 2025 y ya estamos en julio de 2026. Todo lo contrario, el PEN ha formulado muchas presentaciones tendientes a entorpecer el trámite y ordinarizar este amparo”.
El objetivo de fondo de los universitarios es que la justicia dicte la inconstitucionalidad del decreto 759/25, que condiciona la ejecución de las leyes a que el Congreso determine cuáles serán las fuentes de financiamiento económico para ponerlas en vigencia. El presidente vetó la Ley de Financiamiento Universitario, pero fue “insistida” por el Legislativo. Fuera de la cautelar quedaron cuestiones que los rectores consideran tan relevantes como los salarios, entre ellas la recomposición presupuestaria de 2024, 2025 y la actualización de programas de asistencia.
La dirigencia del CIN y el gobierno habían llegado a un acuerdo económico, tras varias marchas multitudinarias en todo el país en defensa de la educación pública, que suponía un incremento salarial del 24%, una suba en la inversión en hospitales universitarios de 50 mil millones de pesos (la UBA cuenta con seis de ellos) y un incremento del 20% de gastos de funcionamiento.
