La disputa entre Nicolás Pino y Marcos Pereda escaló más allá de una interna institucional. Acusaciones cruzadas, cuestionamientos al sistema de voto electrónico y antecedentes de obstrucción a la fiscalización colocaron a la Inspección General de Justicia en el centro de una elección que definirá el futuro de la principal entidad agropecuaria del país.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) llegará el próximo 9 de septiembre a una de las elecciones más conflictivas de las últimas décadas. Lo que en principio debía ser una renovación de autoridades se transformó en una disputa política, jurídica e institucional que enfrenta al actual presidente, Nicolás Pino, con quien hasta hace poco era su principal aliado y vicepresidente, Marcos Pereda.
La pelea dejó de limitarse a diferencias de gestión. Hoy incluye denuncias por el manejo de fondos, cuestionamientos sobre la interpretación del estatuto, críticas al nuevo sistema de votación electrónica y un creciente protagonismo de la Inspección General de Justicia (IGJ), que fue convocada por la oposición para garantizar la transparencia del proceso electoral.
Una interna que dividió a la conducción
El oficialismo competirá con la lista “Presencia Federal”, encabezada por Nicolás Pino junto a Carlos Gregorio Odriozola como candidato a vicepresidente, mientras que la oposición presentará la lista “Renovación con Unidad”, liderada por Marcos Pereda y Santos Zuberbuhler.
Más allá del recambio de autoridades, la elección enfrenta dos modelos de conducción.
Pino propone consolidar la gestión actual, profundizar la digitalización de la entidad y mantener una relación de diálogo con el Gobierno nacional. Pereda, en cambio, impulsa una mayor independencia institucional, descentralización y renovación periódica de las autoridades.
La discusión por la reelección
Uno de los principales ejes del conflicto gira en torno a la posibilidad de que Nicolás Pino vuelva a presentarse.
En 2023, la Sociedad Rural reformó su estatuto y estableció un límite de tres mandatos consecutivos para la presidencia. Sin embargo, surgió el debate sobre si los mandatos ejercidos antes de esa modificación debían computarse.
La propia IGJ emitió un dictamen en junio de 2025 sosteniendo que la reforma no podía aplicarse retroactivamente y que el mandato 2024-2026 debía considerarse el primero a los efectos del nuevo límite estatutario, dejando habilitada la candidatura de Pino para un nuevo período.
Para el oficialismo, la cuestión quedó jurídicamente resuelta.
La oposición, en cambio, sostiene que esa interpretación contradice el espíritu de la reforma aprobada por los propios socios y representa un intento de perpetuación en el poder.
El voto electrónico, en el centro de la polémica
La implementación del voto electrónico terminó convirtiéndose en otro foco de conflicto.
Mientras que en la elección anterior el sistema permaneció abierto durante quince días, para los comicios de septiembre la conducción decidió ampliar el período de votación a cincuenta días, haciendo coincidir el inicio del proceso con la tradicional Exposición Rural de Palermo.
La oposición sostiene que esa decisión rompe la igualdad entre las listas porque permite al oficialismo aprovechar la estructura institucional y la visibilidad de la muestra para fortalecer su campaña.
Desde la conducción responden que la extensión del plazo busca facilitar la participación de los más de tres mil socios distribuidos en todo el país y garantizar el voto a distancia.
La IGJ vuelve a intervenir
Frente a ese escenario, la lista opositora solicitó formalmente que la Inspección General de Justicia (IGJ) designe inspectores y veedores para controlar el padrón, la recepción de votos postales y el funcionamiento del sistema electrónico.
El pedido no aparece en un vacío.
En mayo de este año la propia IGJ dejó asentado en una resolución que la Sociedad Rural había incumplido requerimientos formulados por los veedores oficiales y había dificultado las tareas de fiscalización del organismo. Ese antecedente fortalece ahora el reclamo opositor para que el proceso electoral cuente con un control mucho más estricto.
Una guerra fría en la cúpula
La ruptura entre Pino y Pereda también se trasladó al plano personal.
Durante la reinauguración de la histórica sede de la calle Florida, ambos compartieron el mismo acto pero evitaron saludarse y no participaron juntos de ninguna actividad, reflejando el nivel de deterioro de la relación.
Las diferencias derivaron además en acusaciones cruzadas sobre el uso de recursos de la institución.
Desde el oficialismo cuestionan que Pereda haya permanecido varios meses alejado de las reuniones de conducción mientras continúa percibiendo la asignación correspondiente a su cargo. El vicepresidente responde que decidió tomar distancia porque considera que la conducción abandonó el proyecto original de modernización de la entidad y sostiene que mantenerse en funciones constituye una forma de ejercer control interno sobre la gestión.
Mucho más que una elección interna
El resultado de septiembre tendrá impacto más allá de la Sociedad Rural.
Nicolás Pino mantiene una relación de fuerte sintonía con el presidente Javier Milei, quien expresó públicamente su respaldo y ratificó la intención de avanzar hacia la eliminación de las retenciones. Para un sector de los socios, esa cercanía constituye un activo estratégico para el campo.
La lista encabezada por Pereda plantea, en cambio, que la entidad debe recuperar un perfil de mayor autonomía frente al Gobierno, manteniendo una posición más exigente en defensa de los intereses del sector agropecuario.
Con ese trasfondo, la elección del 9 de septiembre no definirá solamente quién conducirá la histórica entidad durante los próximos dos años. También pondrá a prueba la transparencia de un proceso electoral que ya quedó bajo la atenta mirada de la Inspección General de Justicia.
