La Federación Argentina de la Magistratura sostuvo que la iniciativa vulnera la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y el esquema constitucional de distribución de competencias. Días atrás, el Colegio de Magistrados y MAFUCABA habían advertido que la propuesta representa una “afrenta” al sistema judicial porteño.
La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) manifestó su rechazo a las iniciativas que buscan habilitar la actuación de fiscales nacionales ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires y sostuvo que una medida de ese tipo resulta incompatible con la autonomía reconocida a la Ciudad por la Constitución Nacional.
A través de un comunicado, la entidad afirmó que la intervención de fiscales nacionales en reemplazo del Ministerio Público Fiscal porteño “compromete el esquema constitucional de distribución de competencias” y ratificó que cada jurisdicción debe ejercer las funciones que le son propias mediante sus propias instituciones, conforme al sistema federal previsto por la Constitución.
En ese marco, la FAM expresó su respaldo al comunicado difundido días atrás por el Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad (MAFUCABA), que habían cuestionado la misma iniciativa por considerar que vulnera la autonomía judicial porteña.
La Federación también reafirmó su histórica posición en favor de la transferencia integral de las competencias de la denominada Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, junto con los recursos presupuestarios necesarios para garantizar su funcionamiento.
“Este tipo de iniciativas compromete el esquema constitucional de distribución de competencias y resulta incompatible con la autonomía reconocida a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el artículo 129 de la Constitución Nacional. En un sistema federal, cada jurisdicción debe ejercer las competencias que le son propias a través de sus propias instituciones”, señala el comunicado publicado en las redes sociales de la FAM.
Asimismo, exhortó a las autoridades nacionales a respetar el orden constitucional, los procedimientos legales vigentes y las competencias propias de cada jurisdicción, al advertir que avanzar con este tipo de medidas podría generar conflictos institucionales, afectar la autonomía de la Ciudad y alterar el normal funcionamiento de su sistema de justicia.
“La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial reafirma, una vez más, su compromiso con la independencia judicial, el federalismo, el respeto por el orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones de la República”, destaca.
El planteo del Colegio de Magistrados y MAFUCABA
El pronunciamiento de la FAM se produjo después del comunicado conjunto emitido por el Colegio de Magistrados porteño y MAFUCABA, en el que ambas entidades manifestaron su “profunda preocupación” por las iniciativas orientadas a otorgar competencia a fiscales nacionales para intervenir en los recursos procesales que se tramitan ante el Tribunal Superior de Justicia.
Las instituciones calificaron la propuesta como “inconstitucional” y sostuvieron que constituye una “clara nueva afrenta a la autonomía judicial de los porteños”. En ese documento señalaron que el Estado Nacional no puede modificar la organización judicial ni las competencias que corresponden constitucionalmente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, recordaron que la Ley 402 asigna al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad la intervención ante el TSJ, por lo que rechazaron que exista un vacío legal que justifique la actuación de fiscales nacionales en esa instancia.
En ese sentido, afirmaron que la verdadera anomalía institucional es que, a más de treinta años de la reforma constitucional de 1994, la justicia ordinaria de la Ciudad continúe en manos del Poder Judicial de la Nación, cuando el proceso de transferencia de competencias aún no ha concluido.
Finalmente, el Colegio de Magistrados y MAFUCABA advirtieron que la iniciativa implicaría un retroceso respecto de los avances registrados en el proceso de transferencia judicial, entre ellos el impulso al traspaso de la justicia laboral y la reciente firma de nuevos convenios para transferir competencias penales a la órbita porteña.
