La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad redujo de 10.000 a 1.000 pesos los honorarios regulados a una letrada. La decisión generó cuestionamientos y motivó una dura reacción de la consejera Jimena de la Torre, quien advirtió que este tipo de resoluciones “degradan la profesión”.
Un reciente fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo (CATyRC) de la ciudad de Buenos Aires generó una fuerte controversia tras reducir drásticamente los honorarios profesionales de una abogada. La decisión fue cuestionada públicamente por la consejera Jimena de la Torre, quien sostuvo que este tipo de resoluciones envían un mensaje preocupante sobre el valor del ejercicio profesional.
Los detalles del fallo
En el marco de la causa “GCBA contra Elfman Ernesto Raúl y otro sobre Ejecución Fiscal – ABL”, la Justicia de primera instancia había regulado los honorarios de la Dra. Karina Elfman en la suma de 10.000 pesos.
La remuneración correspondía a la labor profesional que la abogada desempeñó en el proceso de ejecución de sus propios honorarios.
Contra esa decisión, ambas partes interpusieron recursos de apelación.
Por un lado, la letrada cuestionó el monto por considerarlo insuficiente. Sostuvo que el juez se había apartado de los mínimos previstos por la ley de honorarios vigente e, incluso, planteó la inconstitucionalidad de la regulación.
Por el otro, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) también apeló, aunque en sentido opuesto, al considerar que la suma de 10.000 resultaba “elevada”.
Finalmente, la Sala II de la Cámara de Apelaciones hizo lugar al planteo del GCBA. Los magistrados entendieron que, al evaluar “el valor, motivo y complejidad de la cuestión planteada”, así como “la extensión y calidad jurídica de sus actuaciones”, el monto inicialmente regulado era excesivo.
En consecuencia, el tribunal resolvió reducir los honorarios de la Dra. Elfman a la suma de $1.000.
La crítica de Jimena de la Torre
La resolución motivó el rechazo público de la consejera Jimena de la Torre, quien calificó la situación de “insólita”.
Si bien aclaró que se trata de una decisión adoptada por la Justicia de la ciudad de Buenos Aires y que, por lo tanto, no se encuentra bajo la órbita del Consejo de la Magistratura de la Nación, sostuvo que “defender el trabajo de los abogados no puede depender de una jurisdicción”.
La consejera también cuestionó el impacto institucional de este tipo de resoluciones sobre el ejercicio profesional.
Decisiones como esta degradan la profesión, desalientan el ejercicio independiente y transmiten un mensaje muy grave: que el tiempo, la preparación y la responsabilidad del abogado prácticamente no valen nada.
Por último, remarcó la naturaleza de la remuneración profesional y recordó que:
Los honorarios no son un regalo, son la retribución por un trabajo y tienen carácter alimentario.
