El 20 de octubre los abogados con matrícula federal elegirán a sus cuatro representantes en el Consejo de la Magistratura. El cierre de listas dejó un escenario atravesado por acuerdos entre sectores colegiales, radicales, libertarios y peronistas. Quiénes son los candidatos y qué hay detrás de cada armado.
Cuatro listas, cuatro bancas en juego y una elección que excede largamente las fronteras de la representación profesional. El próximo 20 de octubre, los abogados con matrícula federal de todo el país deberán elegir a quienes los representarán durante los próximos cuatro años en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
El cierre de listas ante la Junta Electoral, que funciona en la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), terminó de ordenar un tablero en el que se mezclan dirigentes de colegios profesionales, referentes históricos de la abogacía, funcionarios y exfuncionarios, pero también acuerdos y respaldos provenientes de distintos sectores de la política.
La elección se realizará bajo la modalidad de distrito único nacional y definirá a los cuatro consejeros titulares y sus respectivos suplentes para el período 2026-2030.
Terminarán así los mandatos de los actuales representantes de la abogacía: Jimena de la Torre, Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques. Los dos últimos habían ingresado en 2024 para completar los períodos que quedaron vacantes tras el fallecimiento de Héctor Recalde y la renuncia de Miguel Piedecasas a raíz de un acuerdo electoral que fue parte de la construcción de esa alianza electoral.
Cuatro lugares que pueden inclinar la balanza
Aunque la elección está circunscripta al universo de los abogados con matrícula federal, su importancia política es considerable.
El Consejo de la Magistratura está integrado por 20 miembros y tiene entre sus principales responsabilidades seleccionar candidatos para cubrir las vacantes en los tribunales inferiores, aprobar las ternas que luego son elevadas al Poder Ejecutivo, administrar recursos del Poder Judicial y ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados.
También puede impulsar acusaciones ante el Jurado de Enjuiciamiento.
En ese esquema, los cuatro representantes de la abogacía pueden convertirse en piezas decisivas para construir mayorías y acuerdos dentro del organismo, especialmente en comisiones sensibles como Selección y Disciplina.
De allí que detrás de una elección aparentemente sectorial aparezcan nombres y terminales políticas que exceden el universo colegial.
Unidad en Defensa de la Abogacía
La primera de las listas tiene como cabeza a Alberto Biglieri, abogado administrativista, ex integrante del Consejo de la Magistratura porteño y actual interventor judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
La nómina reúne a dirigentes de distintos colegios profesionales y logró el respaldo de más de 45 colegios de abogados y más de 2.500 matriculados.
En segundo lugar aparece Claudia Sarmiento, abogada sanjuanina, secretaria de Relaciones Institucionales del gobierno provincial y referente de Abogados en Acción. Su candidatura cuenta además con el respaldo de la actual consejera Jimena de la Torre.
La lista de titulares se completa con Nazario Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, y María Jazminka Mihaljevic, vicepresidenta de la Caja Forense de Mendoza y dirigente del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de esa provincia.
Como suplentes se presentan:
- Carlos Mas Vélez, referente de la UCR porteña y presidente del Centro de Planificación Estratégica del Consejo de la Magistratura de la Ciudad;
- Ana Silvia Ruiz O’Neill, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Bell Ville;
- Guillermo Martín Lipera, ex presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires;
- Carolina Andrea Grillo, vicepresidenta del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes.
En el armado confluyeron sectores vinculados al radicalismo y a la política colegial, con influencia atribuida también al dirigente Daniel Angelici.
La Libertad Avanza busca su lugar
Abogacía por la Libertad representa el intento más explícito del oficialismo nacional por desembarcar en el estamento de los abogados del Consejo.
La encabeza Luis Alberto Palomino, concejal de Vicente López y presidente del bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de ese municipio. Antes se desempeñó como subsecretario de Empleo de la Nación y en 2025 fue candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral bonaerense.
El segundo lugar corresponde a Valeria Fredes, quien se desempeñó como Vicepresidenta Ejecutiva y responsable transitoria de la Dirección Operativa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) durante la gestión de Javier Milei.
Los otros dos candidatos titulares son Martín Javier Buscemi, abogado de San Rafael, Mendoza, y Alicia María Susana Colazo, de Rosario.
Los suplentes son Marcelo Horacio Cangueiro, Alejandra Paulina Brasesco, Matías Sabaté y María Laura Álvarez.
La particularidad de esta lista es que varios de sus integrantes tuvieron o mantienen vinculaciones directas con áreas de la administración nacional o con la estructura política de La Libertad Avanza.
Rizzo, el peronismo y un armado con anclaje federal
La tercera alternativa lleva el nombre Abogacía Unida y Dignidad Profesional y combina dirigentes del interior con referentes de la tradicional agrupación porteña Gente de Derecho y sectores vinculados al peronismo.
La cabeza de lista es Itatí Demarchi Arballo, abogada laboralista y presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Córdoba.
El segundo lugar lo ocupa uno de los nombres más conocidos de la elección: Jorge Rizzo, histórico referente de Gente de Derecho, varias veces presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y actual integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
Lo acompañan como titulares Julia Toyos, presidenta de la Caja de Seguridad Social para Abogados de Salta, y Andrés Abramovich, vicepresidente del Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe.
Como suplentes fueron inscriptos Adriana Coliqueo, Andrés Ayale, Mirta Elisa Merelles y Marcelo Alvarez.
Entre quienes participaron políticamente del armado aparece Juan Manuel Olmos, dirigente peronista y actual presidente de la Auditoría General de la Nación, con una extensa trayectoria vinculada al funcionamiento del Consejo de la Magistratura porteño.
Abogacía Federal y otro acuerdo transversal
La cuarta lista, Abogacía Federal, tiene como primer candidato a Fernando Pablo Levene, abogado platense, ex presidente del Colegio de Abogados de La Plata y designado en 2026 para integrar el listado de conjueces de la Suprema Corte bonaerense.
Lo sigue Sandra Silvina París, secretaria de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata, ex diputada bonaerense y ex representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Magistratura provincial.
En tercer lugar aparece otro nombre con fuerte reconocimiento dentro de la abogacía porteña: Eduardo Daniel Awad, ex presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.
La nómina de titulares se completa con la cordobesa Myriam Beatriz Londero.
Como suplentes fueron presentados Juan Manuel Aráoz Ortega, Alejandra Marcela Lázzaro, Carlos Gustavo Ensinck y Laura Ángela Martínez.
Detrás de esta propuesta aparece un acuerdo entre sectores vinculados al senador radical Maximiliano Abad, el dirigente universitario y ex consejero Diego Molea y el también ex integrante del Consejo Miguel Piedecasas.
Una elección federal, pero también política
La composición de las cuatro listas deja una primera conclusión: nadie parece dispuesto a regalar territorio.
Córdoba, Mendoza, Santa Fe, San Juan, Salta, Corrientes y Buenos Aires tienen presencia en las nóminas, mientras que varios de los candidatos cuentan con cargos actuales o antecedentes en colegios profesionales y cajas de abogados.
No es casual.
Al tratarse de una elección de distrito único nacional, la capacidad para movilizar matriculados fuera de la Ciudad de Buenos Aires puede resultar determinante. Córdoba, Santa Fe, Mendoza y, especialmente, la provincia de Buenos Aires aparecen así como territorios centrales de la campaña.
Pero debajo del mapa federal también corre otro: el de los acuerdos políticos.
El oficialismo libertario decidió presentar una alternativa identificada con su espacio; distintos sectores del radicalismo aparecen distribuidos en otros armados; referentes vinculados al peronismo participan de las negociaciones y las estructuras tradicionales de la colegiación buscan conservar protagonismo.
Todo para definir apenas cuatro lugares. Cuatro lugares que, sin embargo, pueden resultar determinantes cuando el Consejo tenga que elegir candidatos a jueces, discutir sanciones, impulsar acusaciones o construir las mayorías necesarias para tomar algunas de sus decisiones más importantes.
El 20 de octubre, por lo tanto, los abogados federales no elegirán solamente a sus representantes profesionales. El resultado también contribuirá a definir cómo quedará repartido el poder dentro del Consejo de la Magistratura durante los próximos cuatro años.
