El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales plantea cambios en cinco leyes y sostiene que el principal desafío sigue siendo completar la implementación del modelo acusatorio en todo el país.
A doce años de la sanción del Código Procesal Penal Federal (CPPF), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) presentó un documento con 24 propuestas de reforma orientadas a fortalecer la implementación del sistema acusatorio y modernizar la organización de la Justicia Federal.
El trabajo fue presentado ante la Comisión para la Modernización y Actualización del Código Procesal Penal Federal, creada por el Ministerio de Justicia para elaborar un anteproyecto de reforma. Según plantea el documento, el eje del debate no debería centrarse en modificar el Código por sí mismo, sino en completar su puesta en marcha.
En ese sentido, el INECIP advierte que “el principal desafío de la política judicial argentina continúa siendo completar la implementación del sistema acusatorio en todo el país”, ya que, aunque el Código fue sancionado en 2014, su entrada en vigencia “ha sido sucesivamente postergada” y todavía no alcanza a todas las jurisdicciones.
El documento también recuerda que “todo Código Procesal puede ser mejorado”, pero plantea que la discusión debe apuntar a “mejorar el desempeño del sistema de justicia federal para brindar un mejor servicio de justicia a la ciudadanía” y no responder a “las exigencias corporativas de algunos sectores minoritarios del sistema de justicia federal”.
Reformas acotadas para consolidar el sistema
Las propuestas abarcan modificaciones al Código Procesal Penal Federal, la Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal Penal, las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, además de la Ley de Implementación del CPPF.
El INECIP explica que el criterio elegido fue una “intervención normativa limitada a los aspectos indispensables para completar la implementación del sistema acusatorio”, con el propósito de evitar reformas parciales que alteren la lógica del modelo procesal. En esa línea, agrega que “es necesario evitar tanto el fetichismo normativista como el hiper-reglamentarismo”, ya que generan un distanciamiento entre las normas y las prácticas judiciales.
Además, sostiene que “las mayores falencias de las normas aprobadas para implementar el sistema acusatorio no están en el CPPF, sino en la ley orgánica del Poder Judicial”, así como en las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa y en la Ley de Implementación del Código.
Los principales cambios
Entre las reformas propuestas figura la creación de un colegio único de jueces penales con funciones rotativas de garantías, juicio y ejecución. Según el documento, el actual esquema resulta “ineficiente bajo el nuevo modelo procesal”, mientras que la organización propuesta permitiría “optimizar el aprovechamiento de los recursos existentes” y adecuar la disponibilidad de magistrados a la demanda real de audiencias.
El trabajo también propone ampliar los criterios de oportunidad para el Ministerio Público Fiscal, regular la reparación integral del perjuicio como mecanismo de extinción de la acción penal, extender las técnicas especiales de investigación a todos los casos federales complejos y fijar un plazo definitivo para completar la implementación del sistema acusatorio en todo el país.
Finalmente, el INECIP pone las propuestas a disposición de la comisión creada por el Gobierno nacional y expresa su expectativa de que la reforma permita cerrar un proceso iniciado hace más de una década. “Esperamos y confiamos en que esta reforma legislativa será, finalmente, el último paso previo al cierre de este injustificadamente extenso proceso de implementación que lleva más de 12 años”, concluye el documento.
