Se hacía pasar por inspector de la Agencia de Protección Ambiental (APRA), aunque se había retirado en 2022, y pedía coimas a cambio de no clausurar talleres mecánicos. Además, llevaba un certificado de discapacidad falso en la luneta de su taxi.
Un hombre que había sido inspector de la Agencia de Protección Ambiental (APRA) del Gobierno porteño pero ya no ocupaba ese cargo, fue condenado a tres años de prisión en suspenso por presentarse como funcionario en dos talleres mecánicos del barrio de Monserrat y reclamar dinero a cambio de no aplicar multas ni clausuras.
La condena se logró mediante un juicio abreviado impulsado por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 25, interinamente a cargo de Juan Cruz Ártico, y fue homologada por la jueza Paula Núñez Gelvez, titular del Juzgado 21 del fuero.
Los pedidos de coima
En 2025 el imputado llegó a un taller mecánico de Monserrat y se identificó como inspector de la Dirección General de Control Ambiental de la APRA. Dijo que iba a hacer una inspección completa del local y después de revisar los extintores, le informó al dueño que correspondía aplicar una multa y clausurar el comercio. Agregó que podía evitarlo si le entregaba 60 mil pesos, que la víctima accedió a pagar.
Después fue al taller de al lado y repitió el procedimiento. Le dijo a un empleado que había infracciones y que debía multar y clausurar el local, pero le ofreció una salida: “Si vos me ayudás, entonces todo se puede arreglar, pero tenés que realizar un aporte significativo en pesos argentinos; vos me entendés cómo funciona esto”.
La persecución y la detención
El empleado pagó, pero lo vio subir al asiento del conductor de un taxi, lo siguió en su moto y llamó al 911. Durante el trayecto logró ponerse delante del auto para frenarlo, pero el imputado aceleró y lo embistió, aunque sin causarle lesiones ni daños.
Cuando llegó la Policía de la Ciudad, los oficiales advirtieron que el certificado de discapacidad exhibido en la luneta del taxi parecía apócrifo. Lo examinaron y confirmaron que era falso. Al requisar el vehículo encontraron un chaleco y una campera con la inscripción de la Agencia de Protección Ambiental, una faja de clausura, un sello y dos credenciales del Gobierno de la Ciudad.
La investigación determinó que el hombre había trabajado como inspector de la APRA hasta 2022, año en que accedió al retiro voluntario. Es decir que, cuando pedía dinero en los talleres, ya no tenía facultades para multar ni para clausurar nada.
A través del juicio abreviado, fue condenado a tres años en suspenso por usurpación de autoridad, estafa y uso de certificado falso. Además, deberá cumplir pautas de conducta, entre ellas 120 horas de trabajo de utilidad pública.
