Una funcionaria de la ex AFIP -que investigó a empresas involucradas en la causa- confirmó que la UTE IECSA-JCR-Ruta 9 cobró un anticipo de Vialidad Nacional en octubre de 2008 por 109 millones de pesos, que pocos días más tarde convirtió en tres millones de dólares. La fiscalía apunta a que se trata del 10% de pago de sobornos, mientras las defensas destacan que no hay pruebas de lo que se hizo con ese dinero.
La contadora Candela Marcellini se desempeñaba como analista de investigacion de Grandes Contribuyentes Nacionales en el equipo 2A de la entonces AFIP cuando se le indicó investigar a empresas involucradas en la causa Cuadernos, a pedido del juez federal Claudio Bonadio, para detectar “posibles financiamientos espúreos de personas físicas y jurídicas” en el período 2008-2015.
La funcionaria en su testimonio ante el TOCF 7 señaló que le adjudicaron a ella y a su equipo de trabajo varias compañías, entre ellas IECSA, de Angelo Calcaterra, primo del ex Presidente Mauricio Macri, JCR, ODS S.A. y también las UTEs (Uniones Transitorias de Empresas) en las que hubieran participado.
La testigo aseguró: “Nosotros teníamos que buscar retiros de dinero en efectivo”. Tal como lo explicó bajo juramento otro ex funcionario ayer, el juez quería probar la veracidad de los dichos del financista Ernesto Clarens acerca de los pagos de sobornos de 10 o 20% a funcionarios kirchneristas por parte de las empresas para lograr concesiones de obra.
Los casos objetados
Marcellini, con las copias de los informes a la vista, ratificó que en abril de 2009 detectaron “un retiro sospechoso de dólares en efectivo” de ODS S.A., dedicada a la construcción de líneas de agua, alcantarillado, autopistas y puentes, que tenia a Calcaterra entre sus accionistas.
El empresario transfirió fondos a la cuenta del banco CMF de Puerto Madero, donde Juan Carlos Palacio, quien murió en 2011, compró 600 mil dólares para atesoramiento. La fiscal Fabiana León destacó que en el informe se menciona que al cierre del ejercicio de ese año, ODS S.A. no contaba con dólares ni había información acerca del uso de transporte de caudales.
El abogado Ricardo Rosental, defensor de Calcaterra, preguntó cómo pudieron considerar espúrea una sola compra de dólares en el lapso 2008-2015 estipulado por Bonadio y si se había considerado que el cierre del ejercicio en el que no había tenencias en dólares en la firma era “una foto” de ese momento, dando a entender que desde abril esos dólares pudieron haber tenido diversos destinos. Marcellini, consultada por el abogado, admitió que “no podían saber qué se hacía con el dinero una vez que se retiraba por ventanilla”.
El otro caso que generó preguntas, repreguntas y una creciente molestia en las defensas, fue el del cobro de 109 millones de pesos por un anticipo de Vialidad Nacional a la UTE IECSA-JCR-Ruta 9, que tenía a acargo la autopista Rosario-Córdoba.
En octubre de 2008 la UTE recibió el dinero y pocos días más tarde compró tres millones de dólares, que según ratificó la testigo, al cambio de aquella época se acercaban al 10% de lo ingresado como anticipo. Por supuesto que no afirmó en ningún momento que ese monto se hubiese destinado al pago de sobornos, pero sí que lo consignó porque era un retiro de efectivo y «eso era lo que teníamos que controlar según la manda judicial».
Otro caso que motivó la intervención de Rosental fue la compra en cuentas propias de la UTE Isolux-IECSA y su transferencia a cuentas también propias en la ciudad de Nueva York. “No sabemos qué hicieron con el dinero, ni si volvió al país”, dijo la funcionaria a preguntas de la fiscal. Nuevamente el defensor se preguntó qué era lo sorprendente de que una UTE empleara sus propias cuentas para comprar y guardar sus dólares.
La reiteración de estos casos parece convertirse ya en un clásico de las testimoniales de los funcionarios de la ex AFIP: empresas argentinas que compran dólares, o transfieren pesos y son informadas en respuesta a la manda de Bonadio. Defensores que se preguntan cuál es el delito en un país asolado por la inflación que hace de la compra de moneda extranjera un deporte nacional y qué se consideraba «espúreo» para señalar una operación. Uno de ellos le dijo a Quorum: “Dame cinco minutos y te hago coincidir los números con lo que vos quieras; ¿eso es una prueba de algo?”.
Antes de Marcellini había declarado brevemente Fernando Ierendegui, un contador y licenciado en Administración que trabajó en el área de Grandes Contribuyentes Nacionales en 2019 y estuvo a cargo de una fiscalización a Metrovías por diferencias que “finalmente fueron regularizadas por el contribuyente”, en relación a un caso que se llevó en el entonces fuero penal tributario, en el juzgado a cargo de Javier López Biscayart.
El testimonio de la contadora Marcellini fue lo suficientemente contunente a juicio de la fiscal, como para desistir del resto de los testigos que aguardaban ser oídos por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, quienes decidiron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, cuando declarará, entre otros, el ex titular de Vialidad, Javier Iguacel.
