El nuevo plan del Gobierno porteño para ordenar 1.178 manzanas vuelve a poner el foco sobre una deuda institucional de larga data. Cambios normativos, controles insuficientes y conflictos entre Nación y Ciudad transformaron una obligación legal en una excepción y consolidaron el cableado aéreo como parte del paisaje porteño.
El anuncio del Gobierno de la Ciudad para reordenar el cableado aéreo en 1.178 manzanas busca dar respuesta a una de las imágenes más características -y criticadas- del paisaje porteño: postes saturados y kilómetros de cables que atraviesan calles y avenidas.
Sin embargo, detrás de esa postal hay una historia mucho más profunda. La proliferación del cableado no es el resultado de un problema exclusivamente técnico, sino la consecuencia de más de tres décadas de demoras legislativas, cambios de criterio normativo y escasa fiscalización, que terminaron consolidando un modelo donde el tendido aéreo pasó de ser una solución transitoria a convertirse en la regla.
De la prohibición al permiso
El primer gran intento por despejar el cielo porteño fue la Ordenanza 48.899, que establecía el soterramiento del cableado en toda la Ciudad y fijaba plazos para eliminar las redes aéreas.
Ese objetivo, sin embargo, nunca llegó a concretarse.
Con la sanción de la Ley 1.877, la estrategia cambió por completo. El soterramiento dejó de ser una obligación general para limitarse únicamente al casco histórico y parte del microcentro, mientras que el resto de Buenos Aires quedó habilitado para continuar utilizando tendidos aéreos.
La modificación respondió a razones económicas y operativas, pero en los hechos significó la legalización de un modelo que terminó naturalizando el crecimiento del cableado sobre el espacio público.
Una ley que nunca terminó de cumplirse
La legislación vigente estableció metas de reconversión progresiva, pero la implementación quedó muy lejos de los objetivos previstos.
Según la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA), uno de los principales problemas es la inexistencia de un registro completo de la infraestructura instalada.
Sin un censo oficial resulta imposible determinar con precisión cuántos postes existen, cuánto cable continúa en servicio y cuánto permanece colgado pese a haber quedado fuera de uso.
La consecuencia es un escenario donde las obras de «normalización» muchas veces consisten en reorganizar instalaciones existentes sin retirar gran parte del material obsoleto.
El choque entre Nación y Ciudad
A la demora normativa se suma otro obstáculo: la superposición de competencias.
Mientras el Gobierno porteño administra el espacio público, las telecomunicaciones son un servicio regulado por el Estado nacional.
Esa dualidad quedó expuesta en el conflicto por el uso compartido de postes entre distintas empresas de telecomunicaciones, donde el ENACOM debió intervenir para garantizar la competencia entre prestadores.
La disputa refleja un problema estructural: la Ciudad puede ordenar el espacio urbano, pero muchas de las decisiones sobre la infraestructura dependen de organismos nacionales, lo que ralentiza cualquier política integral de soterramiento.
El costo también explica la demora
La dimensión económica completa el cuadro.
Enterrar redes cuesta entre tres y cuatro veces más que mantenerlas sobre postes.
Además de las excavaciones, el soterramiento requiere construir ductos, cámaras técnicas y nuevas redes subterráneas.
Por eso, las pocas experiencias exitosas quedaron limitadas a sectores estratégicos como avenida Santa Fe, Caminito o el proyecto Once Peatonal, donde las obras respondían también a objetivos de recuperación urbana y turística.
El nuevo plan, ¿un cambio de rumbo?
El acuerdo anunciado por la Ciudad contempla la intervención de 1.178 manzanas, el recambio de 744 postes y trabajos coordinados con Telecom, Telecentro y Telefónica.
Pero para numerosos especialistas, el verdadero desafío no será ejecutar esas obras sino corregir la deuda legal acumulada durante más de treinta años.
En ese contexto aparece el proyecto de ley 983-D-2026, que propone crear un registro único de infraestructura, obligar a instalar ductos cada vez que se abran veredas, establecer un canon para desincentivar el cableado aéreo y diseñar un plan sistemático para retirar las redes obsoletas.
Una deuda que no se resuelve sólo con obras
El desorden del cableado porteño no nació por falta de tecnología ni por ausencia de proyectos.
Su origen está en una cadena de decisiones legislativas incompletas, controles insuficientes y competencias fragmentadas que hicieron del tendido aéreo una solución permanente.
El nuevo plan de reordenamiento representa un paso para mejorar el paisaje urbano, pero también vuelve a poner en evidencia una pregunta que la Ciudad arrastra desde hace décadas: ¿por qué una obligación legal de soterrar cables terminó convertida en una excepción?
