La ministra de Justicia y Derechos Humanos de Santiago del Estero, Matilde O’Mill, analizó las transformaciones del sistema judicial provincial y los desafíos para garantizar respuestas más cercanas, ágiles y eficientes. En diálogo con Quorum, destacó el valor de la cooperación institucional, la Justicia de Paz y la tecnología, y abordó la experiencia del Centro Nexo como modelo terapéutico y restaurativo para adolescentes y jóvenes.
En el marco de una nueva edición de las Charlas Federales Quorum, realizada en Santiago del Estero bajo el lema “Justicia cerca: territorio, proximidad y cooperación para garantizar el acceso a la justicia”, la ministra de Justicia y Derechos Humanos provincial, Matilde O’Mill, conversó con Quorum sobre las transformaciones que atravesó la Justicia santiagueña y los desafíos que plantean las nuevas demandas sociales.
¿Cómo describiría el momento que atraviesa la Justicia de Santiago del Estero y cuáles fueron sus principales transformaciones?
La Justicia de Santiago del Estero ha vivido muchas transformaciones durante los últimos quince años. Dentro del sistema penal, el cambio del modelo inquisitivo al acusatorio fue muy importante. Llevó años afianzarlo y se encuentra plenamente operativo en toda la provincia desde 2016. Eso implicó una transformación profunda del sistema, tanto para los jueces como para el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General. Es un modelo consolidado, pero que permanece en constante evaluación porque el sistema penal es muy sensible a las demandas sociales. Siempre debemos pensar qué mejoras introducir para lograr una Justicia más efectiva y socialmente aceptada. En el fuero civil también hubo un crecimiento importante, con nuevos juzgados y con la transformación de procesos escritos en procesos orales. La oralidad y las audiencias permitieron reducir algunos plazos, pero todavía debemos avanzar hacia sistemas de pruebas indubitadas y pruebas electrónicas que permitan acortar la duración de los procesos. También tenemos que trabajar en sistemas alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, la conciliación y el arbitraje. El sistema de Justicia tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas problemáticas y a las nuevas demandas sociales. En ese escenario, la inteligencia artificial también impacta fuertemente, tanto como oportunidad como desafío.
¿Cuáles son los principales desafíos para brindar respuestas más rápidas, eficientes y comprensibles para la ciudadanía?
El sistema lo integramos todos: abogados, jueces y ciudadanos. Todos tenemos que aportar a la construcción de una Justicia más eficiente. Creo que desde la propia formación de los abogados hay que trabajar con el concepto de solución y paz social, y no solamente desde el litigio y la conflictividad. Eso permitiría generar mayor conciencia sobre la necesidad de buscar soluciones prácticas a través de métodos diferentes del proceso judicial convencional. Los conflictos existen por la convivencia misma, pero la manera de resolverlos también es una cuestión cultural. Por eso todos debemos contribuir a construir un sistema de Justicia que nos represente.
En el marco de “Justicia cerca”, ¿qué significa llevar la Justicia al territorio y conseguir que esa proximidad se traduzca realmente en acceso a derechos?
Es parte del compromiso del Estado de generar bien común. Y el bien común implica oportunidades e igualdad para todos. Las distancias geográficas no pueden convertirse en distancias institucionales. Hoy tenemos tecnología y conectividad, y debemos ser capaces de aprovecharlas para achicar esas distancias territoriales que muchas veces separan a las comunidades alejadas de las instituciones y de las respuestas que necesitan.
¿Cómo evitar que vivir lejos de los principales centros urbanos se convierta en una barrera para acceder al sistema judicial?
La presencia del Estado siempre tiene que estar. Lo que debemos replantearnos en esta nueva era tecnológica es cómo se manifiesta esa presencia. Tradicionalmente fue una presencia muy material y física. Hoy tenemos que pensar si puede traducirse también en una presencia real, capaz de producir soluciones mediadas por la tecnología y la conectividad. Eso puede acercarnos aun cuando exista una distancia física respecto de los lugares donde históricamente hemos concentrado los servicios.
¿Hasta qué punto el acceso a la Justicia requiere articulación con otros poderes del Estado, municipios, universidades y organizaciones de la sociedad civil?
La división de poderes es necesaria y cada poder debe cumplir los roles y funciones establecidos por la Constitución. Pero somos un solo Estado y las necesidades y demandas de la ciudadanía son una. Tenemos la obligación de articular y coordinar esfuerzos sin perder identidad, autonomía ni competencias. Una interpretación excesivamente rígida de la división de poderes puede hacernos perder oportunidades de cooperación frente a problemáticas que ningún poder puede solucionar por sí solo. Las problemáticas sociales exceden al sistema judicial, al administrativo y al legislativo. Todos tenemos que cooperar para encontrar soluciones. Hay muchos casos en los que una sentencia, para tener un efecto real, necesita que el Poder Ejecutivo genere determinadas condiciones. Eso ocurre, por ejemplo, frente a personas en situación de calle o con consumos problemáticos, o ante desalojos que involucran a familias con niños. El cumplimiento de una decisión judicial puede requerir que otros organismos intervengan para evitar consecuencias sociales más graves. Eso es diálogo institucional. No significa perder autonomía o independencia ni condicionar al juez. El juez decide lo que tiene que decidir, pero existen muchos puntos en los que es necesario analizar las consecuencias sociales de esas decisiones y coordinar respuestas.
¿Qué rol cumple la Justicia de Paz como primer contacto entre el sistema judicial y quienes viven en localidades alejadas?
Es justicia cercana, justicia situada. Es una Justicia práctica y concreta, que no es de libros sino de hechos. Y es muy eficiente porque tiene respeto y una buena adhesión social. Creo que es un espacio que debemos consolidar, fortalecer y dotar de mayores capacidades y formación, porque puede brindar muchas soluciones oportunas y bien aceptadas por la comunidad.
¿Qué cambia para el ciudadano con los procesos de modernización, digitalización y oralidad?
Estamos próximos a dar un paso muy importante en materia de expediente digital y digitalización de trámites. Estamos trabajando cooperativamente para dotar al Poder Judicial de las herramientas tecnológicas necesarias para dar ese salto. Va a producir efectos muy positivos para litigantes, profesionales, partes e incluso hacia el interior del sistema judicial. Los sistemas digitales tienen la virtud de ser totalmente trazables. No hay pérdidas de hojas, ni de expedientes, ni de prueba. Todo queda consolidado dentro del sistema. Además, pueden contribuir a reducir determinadas malas prácticas de la litigación tradicional. Pero la digitalización por sí sola no es la solución absoluta. Tiene que estar acompañada por una ingeniería de los circuitos, un replanteo de la prueba y una revisión de ciertas prácticas que generan litigación innecesaria.
¿Cómo encontrar el equilibrio entre innovación tecnológica y atención presencial y humana?
Todo lo digital, lo electrónico y la inteligencia artificial aplicada al Derecho y a la Justicia tienen un impacto muy importante sobre los procesos y las prácticas. Pero considero que la única responsabilidad es la humana. Podremos utilizar sistemas digitales y mucha inteligencia artificial, pero debe existir una revisión humana obligatoria y necesaria. La responsabilidad sobre las decisiones que se adopten dentro de esos circuitos también tiene que seguir siendo humana.
Dentro de las políticas que buscan respuestas diferentes aparece el Centro Nexo, con un abordaje terapéutico y restaurativo. ¿Qué aporta este modelo frente a las respuestas judiciales tradicionales?
El modelo aporta humanidad, el modelo aporta oportunidades. El modelo aporta una mirada esperanzadora sobre el destino de vidas muy jóvenes que no pueden ser marcadas por errores cometidos en temprana edad. Como sociedad tenemos la obligación de cuidar a aquellos jóvenes que deben hacerse responsables de los delitos o actos contrarios a la ley que cometen. Pero, para hacerse responsables, primero tienen que comprender esa responsabilidad y luego asumir sus consecuencias de una manera que les permita reconstruir un proyecto de vida diferente. Para eso necesitamos abordajes terapéuticos que atiendan problemas de adicciones que muchas veces están vinculados con el delito; que permitan revincularlos socialmente en contextos que pueden ser muy adversos; que les muestren otros modelos de vida y que generen personas de referencia capaces de acompañarlos fuera de las instituciones. Las instituciones que trabajan con adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal tienen que trabajar la responsabilidad y la reinserción, pero también la esperanza de una nueva oportunidad y un nuevo destino para que no vuelvan a cometer un delito.
¿Nexo también expresa esta idea de “Justicia cerca”, al mirar no solamente el expediente sino a la persona y su contexto?
Sí. Nexo es mirar a las personas, mirar su historia de vida, mirar su trayectoria y proyectarla hacia otro futuro. También es Justicia cercana porque permite que las personas encuentren rápidamente en este dispositivo un espacio preparado para abordar toda la complejidad de un adolescente que atraviesa un conflicto con la ley. Es un modelo que debe adaptarse a las características de cada lugar. Se pueden tomar ideas, como los abordajes terapéuticos, pero también es fundamental abrir oportunidades de calidad para que los chicos puedan conocer otras formas de vida y comprender que pueden acceder a algo diferente de aquello que conocen.
Más allá de Nexo, ¿qué importancia tiene incorporar herramientas de Justicia restaurativa y soluciones alternativas para determinados conflictos?
Siempre es importante incorporar miradas de Justicia restaurativa. No me imagino una sociedad en donde las personas puedan ser descartadas. No quisiera vivir en una sociedad que descarta personas porque tienen problemas o porque son difíciles. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad para ser más empáticos, humanos, sensibles y también inteligentes. No vivimos solos ni dentro de un espacio controlado donde todos piensan, hacen o sienten de la misma manera. Convivimos dentro de un contexto común y la convivencia implica procurar que todos podamos compartir esos espacios con seguridad y esperanza. La convivencia nos brinda posibilidades de trabajar, producir, comerciar, crecer, divertirnos, compartir y formar una familia. Todo eso se hace en sociedad. Por eso necesitamos una convivencia pacífica, dentro de un sistema seguro, en el que podamos respetar la vida, la libertad y las elecciones de los demás. Aun cuando nos cueste comprender y aceptar las diferencias, no me imagino una sociedad en donde las personas puedan ser descartables.
