Sostienen que la reforma busca sancionar únicamente las denuncias realizadas “a sabiendas de su falsedad” y reclamaron que las víctimas de falsas denuncias sean incorporadas al debate legislativo.

Organizaciones civiles, fundaciones, asociaciones y agrupaciones de familiares respaldaron, en un comunicado conjunto, el proyecto de ley que propone modificar el régimen penal aplicable a las falsas denuncias, y manifestaron su “profundo desacuerdo” con el documento titulado “Cambian las palabras, persisten los riesgos”, elaborado por entidades que solicitaron el rechazo de la iniciativa.

El documento lleva la firma de decenas de organizaciones y agrupaciones, entre ellas la Asociación Lucio Dupuy, Asociación Crianza Sana, Observatorio de Falsas Denuncias, Basta de Falsas Denuncias La Plata, Académicos contra las Falsas Denuncias, Infancia Compartida, Fundación Crecer en Familia, Fundación Más Vida, Frente de Mujeres Argentinas Contra las Falsas Denuncias, Padres y Madres de Río Negro, Verdad y Justicia Santa Fe, RIPIAF, DAVIA Internacional Washington, Crianza Compartida Chile, FalselyAccusedDay London, además de ciudadanos que impulsan una campaña en Change.org, que, según el comunicado, reúne 24.000 firmas en apoyo al proyecto de ley.

En el texto, sostienen que “compartimos la preocupación por garantizar el acceso a la justicia de todas las víctimas de delitos”, aunque afirman que ello “no implique invisibilizar o negar la existencia de otro fenómeno igualmente grave: las falsas denuncias dolosas, que destruyen vidas, familias y la credibilidad del propio sistema judicial”.

Las organizaciones aseguran que el documento crítico procura “construir una apariencia de dictamen técnico-jurídico” y entienden que “presenta una posición política como si fuera una conclusión técnica”, además de “desmerecer la vida humana detrás de los daños de las falsas denuncias».

En los últimos días, además, la presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Alejandra García, cuestionó la iniciativa al sostener que “las reformas al Código Penal no pueden fundarse en la repercusión pública de determinados hechos ni en percepciones sobre su magnitud”. Además, remarcó que “la falsa denuncia no constituye un vacío legal. El Código Penal ya la sanciona en su artículo 245” y afirmó que cualquier modificación debe apoyarse en evidencia que demuestre que la normativa vigente resulta insuficiente.

La titular del CPACF también advirtió que el proyecto incorpora conceptos de “contornos imprecisos”, como el de “hechos delictivos dolosos graves”, sin establecer parámetros objetivos para definirlos. A ello sumó datos del Relevamiento Federal sobre Falsas Denuncias, elaborado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, según el cual las falsas denuncias representaron el 0,09% de las 8.254.672 investigaciones penales tramitadas entre 2023 y 2025 en diecisiete jurisdicciones del país. Para García, esos datos “no significan que las falsas denuncias no existan ni que carezcan de importancia”, pero sí muestran que “se trata de un fenómeno excepcional y no de una situación que justifique una reforma penal de esta naturaleza”.

En la misma línea, la Secretaría de Géneros y Diversidad de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) expresó su rechazo al proyecto y sostuvo que el endurecimiento de las penas por falsas denuncias “puede convertirse en un factor de desaliento para quienes atraviesan situaciones de violencia”, en especial mujeres y diversidades. El gremio afirmó que las falsas denuncias dolosas “ya cuentan con previsión normativa en nuestro ordenamiento” y advirtió que el problema no radica en la ausencia de herramientas legales, sino en las dificultades que enfrentan las víctimas para acceder a la Justicia. Además, consideró que iniciativas de este tipo podrían constituir “un posible supuesto de violencia institucional” al generar nuevas barreras para el ejercicio de derechos.

La Ley Lucio y el alcance del proyecto

Los firmantes que están a favor del endurecimiento de las penas sostienen que “la Ley Lucio no se modifica ni se contradice con este proyecto” y remarcan que el propio Ramón Dupuy y la Asociación Lucio Dupuy respaldan la iniciativa legislativa.

En ese sentido, afirman que la reforma “no modifica la Ley Lucio ni elimina el deber de denunciar”, sino que “busca sancionar a quien, con dolo, utiliza el sistema judicial para imputar falsamente un delito”.

Asimismo, rechazan la interpretación de que la propuesta pueda desalentar las denuncias y señalan que “el proyecto no sanciona las denuncias que no puedan probarse”, sino únicamente aquellas realizadas “a sabiendas de su falsedad”, requisito que -afirman- ya contempla el Código Penal.

Críticas a las estadísticas y pedido al Congreso

Otro de los cuestionamientos apunta a la utilización de estadísticas sobre falsas denuncias. Según el comunicado, el informe citado por las organizaciones que rechazan la reforma “ha sido ampliamente cuestionado por su metodología” y “omite una parte significativa de la realidad” ya que contabiliza únicamente condenas penales sin incluir sobreseimientos, absoluciones o archivos de causas que, según sostienen, también deberían formar parte del análisis.

Las organizaciones que están a favor del endurecimiento de las penas concluyen que “las víctimas de falsas denuncias también existen y deben ser escuchadas” y consideran que el proyecto “constituye una oportunidad para fortalecer la confianza en el sistema de justicia, desalentando conductas abusivas sin afectar el derecho de quienes denuncian de buena fe”.

En el tramo final del documento solicitan a los legisladores nacionales que continúen con el tratamiento del expediente y reclaman que el debate sea “amplio, plural y basado en toda la evidencia disponible”, incorporando “la voz de quienes durante años fueron sistemáticamente excluidos de esta discusión”. El comunicado cierra con una definición: “Las falsas denuncias existen. Sus víctimas existen. Y ya no aceptarán seguir siendo invisibilizadas”.