La extenuante agenda de los tribunales federales de Comodoro Py incluye juicios orales que llegan a su fin, decisiones relevantes sobre la causa AMIA, expectativa por decisiones de la Corte Suprema sobre el destino de los bienes decomisados a los condenados en “Vialidad”, la definición de la situación de Manuel Adorni y medidas en “$LIBRA” y los audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.
En el segundo semestre el Tribunal Oral Criminal Federal 5, integrado por Adrián Grünberg, Adriana Palliotti y Ricardo Basílico, resolverá la suerte de los imputados en “Sueños compartidos”, la causa en la que se ventila el desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales, que deberían haber sido concretadas por la fundación “Madres de Plaza de Mayo”. El fiscal Diego Velasco ya formuló su alegato: pidió seis años de prisión e inhabilitación especial para Sergio Schoklender, Pablo Schoklender, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y su segundo, Abel Fatala, por administración fraudulenta. La UIF también alegó y ahora será el turno de las defensas. El veredicto se espera para septiembre u octubre.
El Tribunal Oral Criminal Federal 3, que integran los jueces Javier Ríos, Andrés Basso y Fernando Machado Peloni, emitirá su veredicto en la causa en la que el fiscal Juan García Elorrio pidió la absolución del productor televisivo Marcelo Corazza en el juicio que se le sigue junto a otros imputados por corrupción de menores, asociación ilícita y trata de personas con fines de explotación sexual. El fiscal consideró que los hechos más antiguos que se le imputan están prescritos y que no hay prueba suficiente para los más recientes ni para asociación ilícita. García Elorrio pidió 22 años de prisión para Francisco Angelotti Notarbartolo como autor, 11 años para Leandro Aguiar; 10 años para Fernando Charpenet y para Raúl Mermet, anque reclamó la absolución de todos por el delito de asociación ilícita.
Los jueces del Tribunal Oral Federal 7, Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, seguirán escuchando a los testigos de la causa “Cuadernos”. Así como en los primeros meses las defensas en cada audiencia reclamaban por la imposibilidad de interrogar a los arrepentidos que se negaban a declarar, ahora objetan la postura de la fiscalía, que cree haber probado el pago de sobornos a partir de declaraciones de funcionarios de la ex AFIP que confirmaron que varias empresas involucradas extrajeron dinero en efectivo por ventanilla por montos que a menudo equivalen al monto atribuido al pago de coimas. Ahora, los defensores señalan que el dinero pudo haberse destinado a pago de créditos, atesoramiento de moneda extranjera, caja chica, o monto fijo.
Vialidad II es una causa judicial derivada del caso principal por corrupción en la obra pública en Santa Cruz, enfocada en las segundas y terceras líneas, así como a integrantes de empresas constructoras y de Vialidad Nacional. Entre ellos se cuentan Martín Báez, Fernando Butti y Sandro Fégola. El debate está en manos de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, del Tribunal Oral Criminal Federal 2. El fiscal Diego Luciani propuso juicios abreviados (reconocimiento de delito a cambio de penas sin prisión efectiva) que varios imputados aceptaron. Sandro Férgola, ex subadministrador de Vialidad Nacional, en cambio, no se presentó (tampoco sus abogados) a la audiencia del 16 de julio pasado, en una actitud que provocó el pedido de sanciones por parte del Ministerio Público.
En cuanto al destino de los bienes de los condenados en “Vialidad”, el 2 de julio la Corte Suprema dejó firme por unanimidad la actualización del decomiso por valor de casi 685.000 millones de pesos. Una primera tanda abarca 111 bienes, entre ellos propiedades de las familias Kirchner y Báez. El TOF 2 ya inició las tasaciones, pero las defensas presentaron recursos de queja ante la Corte para frenar los remates, aún pendientes de resolución definitiva. Hay una segunda tanda en trámite que incluye el departamento de San José 1111 donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria). La expectativa está fijada en que en este segundo semestre la Corte resuelva los últimos planteos.
AMIA, $LIBRA y ANDIS
El juez Daniel Rafecas dispuso avanzar con el juicio en ausencia contra los iraníes y libaneses acusados de haber contribuido a la voladura de la AMIA el 18 de julio de 1994, pero la defensa apeló por entender que viola garantás constitucionales básicas. Tras las durísimas críticas que se escucharon en el último acto conmemorativo del atentado por la lentitud de la justicia, la Cámara Federal de Casación Penal llamó a una audiencia para el 10 de septiembre con el propósito de resolver sobre la validez del procedimiento.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi apartó a los querellantes de la causa “$LIBRA” pero, por supuesto, la decisión está apelada ante la Cámara Federal. Está pendiente la definición de los titulares de las cuentas cripto que movieron el dinero de una a otra para complicar la trazabilidad, ordenada por el juez a seis plataformas internacionales de intercambio de monedas virtuales.
La Sala II de la Cámara Federal ya escuchó a las defensas de los imputados en la causa ANDIS, quienes objetaron la autenticidad de las grabaciones en las que el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, aludía a sobornos que llegarían a las más altas autoridades nacionales. El tribunal aún no resolvió en este aspecto. Paralelamente, Ariel Lijo, subrogando el juzgado 11, dispuso una pericia acústica para determinar si la voz de Spagnuolo le pertenece, si fue editada, o generada con inteligencia artificial, pero sus abogados plantearon que pedirle una muestra de voz podía equivaler a violar el derecho a no autoincriminarse.
Spagnuolo y otros ex funcionarios de peso de ANDIS se negaron a responder a las preguntas del fiscal Franco Picardi quien los investiga por presuntos fraude al Estado, sobreprecios y soborno, argumentando que no tuvieron acceso a toda la documentación que funda la acusación, o que esperan la decisión de la Cámara sobre la validez de las escuchas.
Definiciones sobre Manuel Adorni, Alberto Fernández y Elías Piccirillo
Casación revocó el procesamiento por negociaciones incompatibles con la función pública y violación de los deberes de funcionario público del ex presidente Alberto Fernández, a quien se había responsabilizado por el direccionamiento millonario en contratos de pólizas de organismos del Estado a través de intermediarios privados en la causa “Seguros”. La Cámara Federal devolvió el expediente al juez Ariel Lijo, quien dispuso que se cumplieran varias medidas ordenadas por Casación a pedido de la defensa del ex mandatario, entre ellas las declaraciones testimoniales de su secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra, el ex titular del BCRA Miguel Pesce y el ex ministro de Economía Martín Guzmán. La defensa propuso una pericia contable con aproximadamente 100 puntos, que fue interpretada por muchos como una manera de ganar tiempo y demorar un eventual nuevo procesamiento.
Aunque la Cámara Federal rechazó los pedidos de nulidad de todo lo actuado por parte de la defensa de Fernández en el marco de la causa por violencia contra su ex pareja, Fabiola Yáñez, sí le ordenó al juez Daniel Rafecas completar medidas de prueba como pericias médicas, declaraciones de testigos, entre ellos los integrantes de la Unidad Médica Presidencial, para que respondan sobre las lesiones que dijo haber sufrido la ex Primera Dama. Los camaristas Roberto Boico y Carlos Farah le indicaron a Rafecas (quien recibió la causa del juez Julián Ercolini, apartado por Casación) que, tras la realización de esas medidas de prueba, reevaluara la situación procesal de Fernández.
El pedido de declaración indagatoria para el ex Jefe de Gobierno, Manuel Adorni, estaría cerca de formalizarse, tras un informe técnico con inconsistencias patrimoniales y la prohibición de salir del país dispuesta por la Justicia. El fiscal Gerardo Pollicita prevé avanzar con los requerimientos y definiciones a partir de hoy, cuando se reanuda la actividad judicial. Tras las mediáticas testimoniales de las jubiladas que le vendieron su departamento de Caballito, o del constructor que le modificó “en negro” su quinta de Exaltación de la Cruz, o los empleados a su cargo que le prestaban sus tarjetas de crédito para comprar colchones y videojuegos, se detectaron diferencias e inconsistencias en la evolución de los bienes y gastos del ex funcionario analizados por la DAFI ((Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones). La fiscalía requirió informes a plataformas de criptomonedas como Binance y Lemon sobre posibles movimientos del ex funcionario. También siguen las investigaciones sobre sus viajes al Uruguay con su familia, presuntamente pagados por el productor televisivo Marcelo Grandio, de cuya empresa Adorni cobró honorarios antes de ingresar en el gobierno.
Antes de llamarlo a indagatoria, Daniel Rafecas ordenó nuevas medidas de prueba en la causa impulsada por el fiscal Guillermo Marijuán contra Francisco Adorni, diputado provincial bonaerense y hermano de Manuel Adorni, acusado por supuesta omisión maliciosa y falsedad en declaraciones juradas patrimoniales al no declarar inicialmente cuentas bancarias, tarjetas o dinero. El juez solicitó a la Legislatura bonaerense la última declaración jurada del legislador y libró oficios al Banco Provincia para verificar movimientos económicos.
Se investiga la supuesta incorporación tardía de unos 21 millones de pesos provenientes de una sucesión familiar y la rectificación de documentos fiscales.
Procesado por armar un operativo policial falso en perjuicio de un ex socio comercial para evitar pagarle una deuda de seis millones de dólares, Elías Piccirillo pudo salir del departamento de Banfield de su hermano, donde transcurre su prisión domiciliaria, para presentarse ante la Sala de Feria de la Cámara Federal para pedir su excarcelación, o bien el traslado al domicilio de su pareja, en el barrio de Núñez. El financista y sus abogados destacaron que ha cumplido con todas las normas de conducta que se le impusieron, negaron que hubiera riesgo de fuga y subrayaron que estar en la Capital favorecería su ya sólido vínculo con su única hija, con quien se ve menos de lo deseable por la lejanía entre ambos desde que él está en Banfield. Los jueces Roberto Boico y Mariano Llorens no resolvieron sobre el pedido durante la feria.
