En una agotadora audiencia de más de ocho horas, un ex funcionario de la Oficina Anticorrupción y el ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, declararon que durante sus gestiones encontraron elementos que abonaban la teoría de los pagos de sobornos de empresarios a funcionarios.
El administrador General de Vialidad Nacional desde 2015 hasta 2018, Javier Iguacel, declaró como testigo y describió un cuadro desolador ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, con respecto a las falencias que encontró a su llegada al organismo.
Recordó que advirtió que el único empleado de planta que se había incorporado desde 2003 era un imputado de esta causa: Sergio Pasacantando, ex gerente de Administración de Vialidad Nacional, designado por decreto de Néstor Kirchner y el ex Ministro de Planificación Julio De Vido. “El único nombramiento de la historia de la Dirección decidido por un Presidente de la Nación”, destacó, a la vez que dijo que el propio Pasacantando le relató que llegó a Vialidad desde Invernes, donde el financista Ernesto Clarens “era su jefe formal, aunque admitió que su verdadero superior era Lázaro Báez”.
Esto motivaría más de una hora después un contrapunto tenso con el defensor oficial Eduardo Chittaro, quien le exhibió decretos en los que más de 500 personas habían sido designadas en planta permanente de Vialidad a través de decretos de los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.
Iguacel evocó que antes de su llegada abundaban los sobreprecios, “funcionaba ‘la camarita’ que era donde según me contó Pasacantando, Sandro Férgola (ex Gerente de Obras de Vialidad) se reunía con los empresarios para decidir quién iba a ganar las licitaciones, quién iba a hacer de sparring, con participación de empresarios que reconocían que esos manejos existían pero que ellos no podían negarse porque hacerlo era cerrar, fundirse, o desaparecer”.
“Eso fue lo que le pasó a una empresa española que tenía la autopista Ricchieri que tuvo que vender la compañía a Cristóbal López porque no le autorizaron aumentos de tarifas y cuando cambió de manos, ahí sí las permitieron”, ejemplificó.
Iguacel dijo que ese sistema explica por qué “los sobreprecios eran de un 40%; cuando eliminamos ese ‘curro’, pusimos los pliegos en Internet para que fueran gratuitos y los bajara cualquiera, pasamos de tres a 16 oferentes, redujimos los precios y mejoramos los servicios. Me dijeron que antes de mi gestión los anticipos de obra iban directamente a pago de coimas”.
A preguntas de la defensa del ex subsecretario de Obras Públicas, Roberto Baratta, admitió que fue denunciado por corrupción por extender contratos de autopistas, por derogar otros, por contratar médicos para auditar las enfermedades laborales de los trabajadores de la Dirección; “pero ya todas terminaron”. Iguacel fue procesado por el ex juez Rodolfo Canicoba Corral por la prórroga de las concesiones en la Panamericana, pero la Cámara Federal revocó la medida y le dictó la falta de mérito.
El defensor de Cristina Kirchner le preguntó si les había pedido a las empresas que cobraron con sobreprecios de más que reintegraran ese dinero mal habido. Iguacel replicó que las denunciaron cuando podían probar ese obrar ilegal y que por ese motivo se iniciaron 12 causas. Beraldi advirtió que los contratos de Vialidad en ese lapso fueron más de 500 “pero usted sólo denunció a 12”.
El defensor de Férgola, Agustín Labombarda, consultó a Iguacel si le constaba, más allá de los dichos de Pasacantando, la presencia, la relevancia, o la connivencia con empresarios de su cliente dentro de la llamada “camarita” donde presuntamente se acordaban los resultados de las licitaciones. El testigo dijo que sólo tenía esa versión y reconoció que no lo había denunciado penalmente.
Como el resto de sus colegas, su interrogatorio tendió a minar la credibilidad del testigo exhibiendo su desconocimiento de la normativa, o reprochando veladamente que no hubiera denunciado ante la justicia todas las irregularidades de las que dijo haber tenido noticias, o bien señalando inconsistencias en sus afirmaciones.
Las tres horas del ex funcionario de la OA
El abogado Ignacio Irigaray, quien se desempeñó como Director de Investigaciones dentro de la Oficina Anticorrupción (OA) entre 2016 y 2019, declaró que su repartición encontró coincidencias entre el listado que reunía las denuncias de pagos de sobornos de empresarios a funcionarios kirchneristas aportadas por el financista Ernesto Clarens y la información que su dependencia había reunido, entre la que se contaban pagos, adelantos financieros, adendas, y correcciones de contratos “que son comprensibles pero a veces son el momento en que se llega a algún acuerdo, legal o no”, explicó.
Con ese listado de presuntos pagos de coimas proporcionado a la OA por el juez Claudio Bonadio, Irigaray recordó haber detectado supuestas coincidencias, que se informaron al juzgado, con respecto a las empresa BTU y Odebrecht. La OA reparó en una reunión entre Carlos Mundín, titular de BTU -vinculada a la energía- y funcionarios de primera línea del Ministerio de Planificación, cercana en el tiempo con una adenda en un contrato y aportó información al respecto. La defensa señaló que los contratos de BTU eran con la provincia de Santa Cruz, por lo que se preguntó: “¿Por qué querría reunirse un empresario vinculado con Santa Cruz con funcionarios nacionales?”.
El testigo, en su extensa declaración de casi tres horas, mencionó que ese encuentro “fue raro, las coincidencias no existen”, aunque explícitamente negó estar en condiciones de afirmar que esa reunión entre el empresario y los funcionarios implicara necesariamente el pago de un soborno.
El testigo señaló que “Cuadernos” fue una causa de enorme impacto para el gobierno de entonces, porque estaban involucradas empresas con las que el Estado seguía teniendo vínculo a través de licitaciones, contratos, pagos pendientes de los que dependían miles de trabajadores, a las que a la vez por la “ventanilla” de la Oficina Anticorrupción, las perseguía penalmente.
Básicamente, el interés de los abogados defensores radicó en minimizar o negar el papel del Estado Nacional en los contratos mencionados por la OA, y enfatizar que se limitaban a la órbita provincial sin que la Nación o la Presidencia (pregunta formulada precisamente por el letrado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi) tomaran parte en ellos.
Sin embargo, la adenda que llamó la atención de la OA, efectivamente fue acordada con funcionarios nacionales, entre ellos el entonces Ministro de Planificación Julio de Vido y el Secretario de Energía, Daniel Cameron.
El Tribunal Oral Criminal Federal 7 investiga en esta causa el presunto entramado de corrupción entre funcionarios y empresarios que habrían pagado sobornos para ganar licitaciones de obra pública en transportes, energía y comunicaciones. Hay 85 imputados, entre ellos la ex presidente Cristina Kirchner.
