El caso ocurrió en El Bolsón, provincia de Río Negro. La mujer tomó una serie de préstamos para afrontar gastos cotidianos y terminó atrapada en una espiral de refinanciaciones que absorbía casi todo su salario. Un juzgado abrió su concurso preventivo y ordenó suspender las retenciones vinculadas a los créditos.
La crisis económica y la necesidad de sostener a su familia llevaron a una empleada pública de la provincia de Río Negro a sacar un préstamo para cubrir gastos corrientes que ya no podía afrontar con su salario. Pero lo que comenzó como una solución transitoria derivó en una cadena de créditos para cancelar deudas anteriores, hasta llegar al punto de que los descuentos automáticos consumían casi la totalidad de sus haberes. Frente a esa situación, la Justicia intervino: abrió un concurso preventivo y ordenó suspender las retenciones sobre su salario, con excepción de las previstas por ley.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Multifueros de El Bolsón, que consideró acreditado el estado de cesación de pagos de la trabajadora y dispuso el inicio del proceso concursal. Además, ordenó al Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro dejar sin efecto todos los descuentos vinculados con préstamos y otros créditos que se aplicaban sobre su sueldo mientras se desarrolla el trámite judicial.
En su presentación, la mujer explicó que comenzó a endeudarse para poder afrontar gastos corrientes de su hogar, garantizar la alimentación de su hija menor y cubrir los costos de los viajes que debía realizar para acompañar los tratamientos médicos de su hermano y de su padre, ambos con graves problemas de salud.
Sin embargo, cuando ya no pudo afrontar las cuotas de esos créditos, tomó nuevos préstamos para cancelar los anteriores. Ese mecanismo de refinanciaciones sucesivas terminó por agravar aún más su situación económica y la dejó atrapada en una espiral de endeudamiento.
Según consta en el expediente, los descuentos automáticos llegaron a absorber casi la totalidad de sus ingresos. Incluso hubo períodos en los que la empleada percibió apenas 83.000 pesos de bolsillo, pese a desempeñarse en la administración pública provincial.
La trabajadora también sostuvo que buena parte de los préstamos fueron otorgados de manera digital y cuestionó que las entidades financieras no hubieran evaluado adecuadamente su capacidad real de pago. En ese contexto, se definió como una consumidora en situación de hipervulnerabilidad económica.
Un único proceso para reorganizar las deudas
Con la apertura del concurso preventivo, todos los acreedores deberán presentarse en un único expediente para verificar los créditos que reclaman. A partir de ese momento, las deudas quedan sujetas al proceso concursal y cesan las retenciones individuales sobre el salario, una de las principales herramientas de protección previstas por la legislación vigente.
La magistrada también dispuso el sorteo de un síndico, quien tendrá a su cargo la supervisión del procedimiento y la verificación de los créditos denunciados.
En los fundamentos de la resolución, la jueza advirtió que la Argentina no cuenta con un régimen específico para consumidores sobreendeudados y señaló que, ante esa ausencia normativa, el concurso preventivo previsto en la Ley de Concursos y Quiebras constituye la herramienta legal adecuada para ordenar la situación patrimonial de quienes ya no pueden cumplir regularmente con sus obligaciones.
Con esa premisa, entendió que correspondía habilitar el proceso para que la trabajadora pueda reorganizar sus deudas sin que los descuentos continúen comprometiendo la mayor parte de su salario, una situación que, según quedó acreditado en el expediente, la había dejado prácticamente sin ingresos para afrontar sus gastos cotidianos.
