El máximo tribunal desestimó el planteo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien pedía que la justicia de Entre Ríos se abstuviera de investigar el período 2015-2019 del ex senador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay desde 2024 por tratar de ingresar en ese país con 200 mil dólares sin declarar.
La Corte Suprema resolvió, con el voto coincidente de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti que, por ahora, siguieran tramitándose de forma separada las dos investigaciones abiertas en la Argentina contra el ex senador Edgardo Kueider: una en la justicia federal de San Isidro y otra en la justicia provincial de Entre Ríos. El tribunal rechazó así el planteo de inhibitoria iniciado por Arroyo Salgado que había generado la contienda de competencia.
Kueider está detenido en Paraguay desde 2024, cuando fue arrestado junto a su novia en el puente internacional que une ese país con la Argentina, con más de 200 mil dólares sin declarar. Allí ya fue condenado por tentativa de contrabando de dinero y también se lo investiga por lavado de activos.
Dos causas paralelas en la Argentina
En nuestro país se lo investiga en dos expedientes; uno está a cargo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, quien investiga hechos de corrupción: presuntos sobornos pagados por la empresa de seguridad privada Securitas a distintos organismos públicos, entre ellos ENERSA, la eléctrica entrerriana donde Kueider era funcionario, y posibles delitos conexos como cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de dinero.
El otro tramita en el Juzgado de Garantías 2 de Concordia, Entre Ríos, y analiza si Kueider incrementó de manera apreciable e injustificada su patrimonio entre 1999 y 2019, período en el que ocupó cargos públicos municipales y provinciales.
El planteo de la jueza de San Isidro y la contienda de competencia
Arroyo Salgado había pedido que el juzgado provincial se abstuviera de investigar puntualmente el tramo 2015-2019, con el argumento de que ese período guardaba conexidad con la causa federal y que investigarlo dos veces implicaba un riesgo de doble persecución penal. El juzgado de Concordia se opuso y rechazó el pedido, lo que derivó en una contienda de competencia que terminó en la Corte Suprema.
El dictamen de la Procuración
La Procuración General de la Nación recomendó rechazar el planteo de la jueza federal. En su dictamen sostuvo que “un incremento patrimonial puede tener las más diversas causas y, en el caso de que sean ilícitas, puede tratarse de conductas realizadas por el funcionario público en cualquier momento, de manera simultánea o sucesiva, y adecuadas a distintas figuras penales”, por lo que no correspondía, en esa etapa inicial del proceso, limitar el alcance de la investigación provincial.
El Procurador reconoció que la inquietud de la jueza federal por el riesgo de doble juzgamiento era comprensible, pero consideró que el planteo de inhibitoria no era el camino adecuado. En cambio, afirmó que ahora le corresponde al juez de garantías de Concordia, a medida que avance la causa, evaluar si se configura la “triple identidad de hecho, persona y causa” que definiría un eventual ne bis in idem, sin perjuicio de que las partes puedan luego recurrir por las vías procesales que consideren pertinentes.
Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti siguieron el criterio del procurador Eduardo Casal y rechazaron la inhibitoria solicitada por la jueza de San Isidro. De este modo, ambas causas contra Kueider, la de corrupción y sobornos en San Isidro y la de enriquecimiento patrimonial injustificado en Concordia, seguirán avanzando en paralelo.
