El magistrado federal de La Pampa enfrenta desde el lunes el proceso que puede terminar con su destitución. En paralelo, también irá a juicio penal por los mismos hechos.
El próximo lunes a las 9 de la mañana se dará inicio a la etapa decisiva del proceso contra el juez federal de La Pampa, Pablo Ramiro Díaz Lacava. Acusado de violencia de género, lesiones, hostigamiento laboral y un insólito episodio en el que arrojó una piedra a sus secretarios desde la calle, el magistrado enfrenta el riesgo de la destitución. De manera paralela, un tribunal criminal prepara el debate oral para septiembre en la causa penal que se le sigue por los mismos hechos.
Las denuncias que originaron esta instancia disciplinaria describen un ambiente laboral caracterizado por la violencia, el maltrato constante, el hostigamiento psicológico y el abuso de autoridad. En su gran mayoría, las víctimas son mujeres que se desempeñaban dentro de la estructura judicial pampeana y que debieron recurrir a licencias médicas prolongadas debido al impacto de las agresiones psicológicas y físicas atribuidas a Díaz Lacava.
Mientras el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación inicia las audiencias orales con el objetivo de culminar el veredicto antes de que finalice el mes de agosto, en paralelo avanza una causa penal en su contra con procesamiento firme y elevación a juicio por los mismos hechos, marcando un doble e histórico frente de juzgamiento para el acusado.
El Jurado que definirá su futuro
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, el órgano encargado de juzgar la conducta de los magistrados federales ante hechos denunciados que pongan en jaque el correcto desempeño de sus funciones, se conformó de manera oficial a mediados de abril pasado por disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su integración refleja un equilibrio político y corporativo diseñado especialmente para garantizar la imparcialidad y la rigurosidad en el tratamiento de un expediente tan delicado.
El tribunal de enjuiciamiento que llevará adelante este proceso disciplinario está compuesto por siete miembros:
- El Dr. Marcelo Gastón Bartumeu Romero, juez de cámara perteneciente al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 de la Capital Federal.
- El Dr. Néstor Pablo Barral, magistrado de amplia trayectoria y juez de cámara de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
- La senadora nacional María Belén Montes de Oca, representante de la provincia de Tierra del Fuego por el bloque de La Libertad Avanza (LLA).
- La senadora nacional María Florencia López, representante de la provincia de La Rioja por el bloque de Unión por la Patria (UXLP).
- El diputado nacional Christian Alejandro Zulli, representante de la provincia de Corrientes por el bloque de Unión por la Patria (UXLP).
- La abogada Ana Beatriz Fernández, representante de la matrícula federal y oriunda de la localidad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
- El diputado nacional Nicolás Mayoraz, legislador por la provincia de Santa Fe y perteneciente al bloque de La Libertad Avanza (LLA).
Este heterogéneo cuerpo colegiado tendrá sobre sus hombros la tarea de evaluar el abundante material probatorio y escuchar los testimonios que desfilarán por el Consejo de la Magistratura.
De acuerdo con las normas que regulan el funcionamiento de este tipo de jurados de remoción, el proceso es de carácter netamente político. Esto implica que el tribunal no tiene competencias penales, sino que juzga si el comportamiento del acusado es compatible con la permanencia en el ejercicio de su función pública.
Para consagrar la destitución de Díaz Lacava, se requerirá de una mayoría calificada equivalente a cinco votos afirmativos sobre los siete miembros totales. El abanico de decisiones posibles ante este jurado se reduce estrictamente a dos extremos: decidir la destitución del juez o rechazar las acusaciones de mal desempeño.
De imponerse la destitución, Díaz Lacava perderá de forma automática su cargo y su correspondiente jubilación como magistrado federal. Por el contrario, si la acusación es desestimada, se ordenará levantar la suspensión que actualmente pesa en su contra y podrá retomar sus funciones habituales en el tribunal de La Pampa.
Las denuncias que llevaron al juez al Jury
El origen de la tormenta judicial que rodea a Díaz Lacava se remonta al plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación del 15 de abril de 2026. En aquella jornada clave, el organismo aprobó el dictamen elaborado por la Comisión de Acusación con una contundente mayoría de 15 votos a favor, tan solo dos abstenciones y un único voto en contra.
Dicha resolución determinó suspender preventivamente al magistrado, prohibirle el ingreso a la sede del Tribunal Oral Federal de La Pampa para resguardar físicamente y emocionalmente a los denunciantes, y abrir formalmente la etapa de jury.
Los cargos que justifican este drástico proceder institucional se encuentran sólidamente documentados en el expediente que examinará el Jurado de Enjuiciamiento. Se le atribuyen reiteradas maniobras de acoso, hostigamiento laboral sistemático, insultos y humillaciones continuas orientadas a secretarios, funcionarios y empleados subalternos del tribunal.
El episodio de la piedra
No obstante, entre los múltiples hechos que figuran en la acusación, sobresale un insólito y violento episodio que el propio magistrado reconoció haber perpetrado: arrojar una piedra de dimensiones considerables desde la vía pública hacia el interior de uno de los despachos del edificio judicial pampeano.
La piedra ingresó con violencia a través de una de las ventanas del tribunal, poniendo en riesgo directo de lesiones físicas a los trabajadores judiciales que se encontraban en plena labor. Este hecho, admitido por el propio imputado durante la investigación preliminar, se convirtió en una de las pruebas materiales más contundentes tanto para el juicio político de remoción como para la imputación criminal en sede judicial.
A las pruebas materiales de la agresión física se suma una profusa cantidad de certificados médicos presentados por las víctimas, quienes debieron ausentarse de sus puestos de trabajo a raíz del estrés severo, cuadros de ansiedad y crisis de pánico derivadas del clima de hostigamiento cotidiano implantado por el juez.
Las medidas preventivas adoptadas con posterioridad, entre las que sobresalen la restricción absoluta de contacto y la prohibición de acercamiento recíprocas entre el magistrado y el personal administrativo, reflejan la profunda tensión laboral y la urgencia de proveer seguridad a las víctimas.
El quiebre del “espíritu de cuerpo”
Uno de los elementos de mayor singularidad de este caso, y que le otorga una gravedad institucional inusitada, radica en el quiebre del tradicional “espíritu de cuerpo” que suele imperar en las esferas del Poder Judicial. Generalmente, los procesos disciplinarios de este tipo suelen toparse con resistencias corporativas, pactos de silencio o defensas veladas por parte de colegas del mismo rango. Sin embargo, en el expediente de Díaz Lacava, la situación tomó un rumbo radicalmente opuesto.
Las denuncias radicadas por el personal de menor jerarquía del Tribunal Oral de La Pampa contaron con el acompañamiento activo y el respaldo explícito de otros magistrados y funcionarios del propio Poder Judicial.
Colegas directos de Díaz Lacava, consternados por la asiduidad y violencia de los abusos de poder denunciados por las secretarias y empleadas, decidieron romper el silencio de la corporación para avalar y apoyar formalmente las presentaciones de las víctimas.
Este acompañamiento interinstitucional robusteció sensiblemente la causa ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, acelerando los tiempos y evidenciando que el comportamiento del juez pampeano había sobrepasado cualquier límite tolerable para la dignidad de la función judicial.
Fuentes cercanas al proceso sostienen que este consenso en el respaldo de los denunciantes marcó un punto de inflexión. El Consejo de la Magistratura entendió que mantener a Díaz Lacava en su puesto de juez de cámara mientras se investigaban hechos de violencia de género, agresiones físicas reales (como el piedrazo mencionado) y amenazas verbales reiteradas constituía un peligro real de obstrucción del normal funcionamiento del tribunal y una desprotección intolerable para los trabajadores judiciales.
En paralelo, avanza la causa penal
Mientras el Jurado de Enjuiciamiento se apresta a iniciar la etapa de debate oral del juicio político el próximo lunes, Díaz Lacava también debe mirar de reojo el tablero penal. Las consecuencias de sus presuntos actos exceden las fronteras de las sanciones corporativas y disciplinarias, y ya se encaminan hacia un juicio oral de naturaleza netamente criminal.
En efecto, el juez federal se encuentra formalmente procesado en una causa penal independiente por delitos de abuso de autoridad, lesiones, amenazas y violencia de género. Este expediente penal ya cuenta con una resolución de elevación a juicio oral de carácter firme, habiendo sorteado todas las instancias de apelación interpuestas por la defensa técnica del magistrado.
En este plano criminal, las partes se encuentran actualmente sustanciando la etapa de ofrecimiento de prueba, el último paso técnico previo al inicio del debate. Fuentes tribunalicias estiman que este juicio penal comenzará formalmente a mediados de septiembre.
El tribunal oral encargado de juzgar la conducta de Díaz Lacava en la arena penal se estructuró con magistrados provenientes de distintas jurisdicciones del país con el objeto de garantizar la máxima transparencia en la sentencia. Estará integrado por los jueces federales: Facundo Zapiola, titular del Tribunal Oral Federal N° 3 de la provincia de Córdoba; José Fabián Asís, juez del Tribunal Oral Federal N° 2, también de la provincia de Córdoba; y Sabrina Nammer, jueza del Tribunal Oral Federal N° 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este proceso penal tramita de forma completamente separada e independiente respecto de las determinaciones que adopte el Jurado de Enjuiciamiento político.
De este modo, si el Jury decide destituir al juez, su posterior enjuiciamiento penal continuará su curso regular. E incluso si ocurriese el escenario de que el Jurado de Enjuiciamiento desestimara la acusación por mal desempeño, la investigación criminal penal de los hechos continuará vigente, y cualquier veredicto de culpabilidad en sede criminal acarreará responsabilidades de tipo penal y personal sobre el magistrado, impactando directamente en su estatus de libertad y antecedentes penales.
Una semana de audiencias y testigos
El cronograma fijado para el juicio político que inicia este lunes prevé una agenda sumamente intensa de audiencias que se prolongará por el transcurso de una semana completa.
Durante estas jornadas clave, el tribunal escuchará el desfile de testigos propuestos por la defensa técnica de Díaz Lacava y los ofrecidos por la acusación. Se espera que declaren numerosas personas que ratificarán las denuncias sobre violencia de género, hostigamiento psicológico y maltratos laborales continuos. La gran mayoría de estos deponentes son mujeres del ámbito judicial pampeano que presenciaron o padecieron en carne propia los exabruptos del juez.
La sociedad civil y los distintos estamentos del Poder Judicial aguardan con suma atención el desenlace de este doble proceso que involucra a un juez de cámara nacional. No solo se debate la culpabilidad o inocencia de Pablo Ramiro Díaz Lacava frente a acusaciones de extrema gravedad, sino que también está en juego la capacidad del sistema institucional argentino para autodepurarse y dar respuestas contundentes ante situaciones de violencia de género, asimetrías de poder abusivas y maltratos enquistados en despachos públicos.
