Con foco en los desafíos que plantean las nuevas dinámicas familiares, especialistas en Derecho, Psicología y niñez participaron de la Jornada Nacional de Derecho de las Familias “Repensar la coparentalidad”. A lo largo de cuatro paneles analizaron la autonomía progresiva, el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados, el impacto de la tecnología en las relaciones familiares, la disfuncionalidad parental y la corresponsabilidad en los cuidados. La actividad concluyó con una reflexión sobre cuidado compartido y responsabilidad alimentaria.
La Jornada Nacional de Derecho de las Familias “Repensar la coparentalidad” organizada por la Asociación de Juristas de Familia de la República Argentina (AJUFRA) reunió a especialistas de distintas disciplinas para analizar las transformaciones que atraviesan las relaciones familiares y los desafíos que estas plantean para el Derecho, la práctica judicial y las políticas públicas.
En representación de AJUFRA, Silvina Basso dio la bienvenida y propuso abordar la coparentalidad en diálogo con otras problemáticas centrales del Derecho de las Familias.
“En estas jornadas nos proponemos pensar la coparentalidad en cruce con otras temáticas propias de nuestra disciplina”, señaló.
Entre los principales ejes mencionó la tensión entre el derecho de niñas, niños y adolescentes a la protección y el reconocimiento de su autonomía progresiva; su participación en la toma de decisiones; el derecho a ser escuchados de manera genuina; la salud mental; los derechos patrimoniales; la comunicación con los progenitores luego de una separación y la necesidad de incorporar abordajes interdisciplinarios frente a la judicialización de las infancias.
Basso también puso el foco en los interrogantes derivados de las tecnologías, la creciente presencia de situaciones de coparentalidad transfronteriza y el avance de la socioafectividad como elemento relevante para el reconocimiento jurídico de nuevas configuraciones familiares.
“Si la coparentalidad ya representa un desafío cuando es de a dos, cuando la socioafectividad permite reconocer más de dos vínculos filiales, el escenario se complejiza aún más”, planteó.
La jornada también incorporó el análisis de la disfuncionalidad parental, la tutela judicial efectiva, la perspectiva de género y el rol de los profesionales del Derecho frente a conflictos familiares complejos.
Finalmente, Basso invitó a los presentes a sumarse a AJUFRA y recordó que uno de los objetivos de la asociación es promover el estudio y la investigación en Derecho de las Familias y Sucesiones mediante jornadas académicas, encuentros con especialistas, análisis de jurisprudencia y espacios de intercambio entre profesionales de distintas jurisdicciones.
“Es también un espacio para conocer colegas de otras jurisdicciones y generar vínculos que muchas veces permiten trabajar en conjunto”, concluyó antes de dar inicio formal al encuentro.
Coparentalidad, autonomía progresiva y nuevas configuraciones familiares
Moderado por Inés Ojea Quintana, el panel “Cuestiones propias de la coparentalidad” reunió a Marisa Herrera, Carlos Arianna, Luz María Pagano y Ricardo Dutto, quienes analizaron la diversidad de los vínculos filiales, la autonomía progresiva, las decisiones vinculadas con el patrimonio y la salud de niños y adolescentes y las dificultades que enfrenta la Justicia para hacer efectiva la corresponsabilidad parental.
Marisa Herrera propuso repensar la filiación a partir del peso creciente de la socioafectividad y de las nuevas configuraciones familiares. Centró su análisis en la triple filiación y en la tensión entre la realidad de los vínculos y el límite establecido por el artículo 558 del Código Civil y Comercial, según el cual ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales.
A partir de distintos precedentes, sostuvo que la socioafectividad adquirió una relevancia creciente y defendió la necesidad de analizar cada situación a partir de los vínculos efectivamente construidos.
“La sentencia tiene que servirle a la gente y reconocer lo que sucede en la realidad”, afirmó Herrera, quien también llamó a avanzar hacia respuestas legislativas capaces de contemplar la pluralidad de las familias contemporáneas.
Desde otra perspectiva, Carlos Arianna se concentró en la autonomía progresiva en el ámbito patrimonial. Diferenció este principio de la capacidad de ejercicio y explicó que una persona menor de edad puede no contar con plena capacidad jurídica y, sin embargo, tener autonomía suficiente para participar o decidir sobre determinados actos.
Su exposición puso especial énfasis en las nuevas formas de generación de ingresos, como las de niños y adolescentes influencers o creadores de contenido. Arianna advirtió que las previsiones actuales del Código Civil y Comercial resultan insuficientes frente a estas realidades y consideró necesaria una regulación específica destinada a proteger y establecer cómo deben administrarse esos recursos.
“Hay menores que ganan fortunas. ¿Quién administra esos ingresos y de quién son esos fondos?”, interrogó.
Luz María Pagano trasladó el análisis de la autonomía progresiva al ámbito de la salud y, especialmente, de la salud mental. Señaló que niños y adolescentes no son solamente titulares de derechos, sino que deben participar activamente en las decisiones que los involucran según su edad, grado de madurez y posibilidades de comprensión.
Pagano destacó la importancia del consentimiento informado, el derecho a recibir información clara y accesible y la implementación de los ajustes necesarios. También abordó los tratamientos psicológicos, las terapias ordenadas judicialmente, la utilización de psicofármacos y las internaciones por motivos de salud mental.
“Autonomía progresiva, información, ajustes razonables y consentimiento informado son parte de un mismo recorrido”, sintetizó.
Además, remarcó que escuchar a niños y adolescentes implica reconocer su voluntad incluso en escenarios de alta conflictividad familiar y advirtió sobre los riesgos de una medicalización excesiva de las infancias.
Por su parte, el juez de Familia Ricardo Dutto analizó la coparentalidad desde la práctica judicial y la corresponsabilidad cotidiana. Sostuvo que la igualdad entre progenitores no podía reducirse a una división matemática del tiempo, sino que debía traducirse en una distribución efectiva de responsabilidades y tareas.
“Coparentalidad no significa solamente pasar tiempo con el hijo; significa asumir efectivamente las tareas de cuidado”, afirmó.
Dutto incorporó al debate la carga mental asociada a las tareas invisibles de crianza y las consecuencias económicas de los incumplimientos de los regímenes de comunicación. También advirtió sobre el impacto del tiempo judicial: las demoras procesales pueden modificar sustancialmente la realidad familiar mientras niñas, niños y adolescentes continúan creciendo.
“Escuchar al niño no significa convertirlo en quien debe decidir”, precisó, al destacar también la importancia de explicarles posteriormente las razones de las decisiones adoptadas.
El panel mostró, en definitiva, la necesidad de reducir la distancia entre las categorías jurídicas tradicionales y la complejidad de las relaciones familiares contemporáneas, colocando como eje el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos.
De escuchar a garantizar una participación real
Moderado por Marina Vegh, el panel “Coparentalidad: derecho de participación de niñas, niños y adolescentes” reunió a María Fernanda Mattera, Carolina Videtta, Paula Querido y Andrea Brunetti alrededor de un interrogante común: cómo pasar del reconocimiento formal del derecho a ser oído a una participación efectiva, capaz de incidir en las decisiones.
La psicóloga María Fernanda Mattera sostuvo que las problemáticas de las familias judicializadas exceden muchas veces la mirada estrictamente jurídica y requieren intervenciones que integren la Psicología, las neurociencias y otras disciplinas.
Para Mattera, el punto de partida debía ser una escucha especializada, capaz de comprender no solo qué dice un niño, sino también su contexto, sus vínculos, su momento evolutivo y las dinámicas familiares que atraviesan su experiencia.
“El derecho a ser oído no puede reducirse a cumplir un acto procesal y dejar un acta en un expediente. Tenemos que comprender quién es ese niño, qué dice y qué necesita”, señaló.
Propuso avanzar hacia diagnósticos psicojurídicos que identifiquen las causas del sufrimiento y no únicamente sus manifestaciones. En esa línea, cuestionó las intervenciones fragmentadas y defendió un modelo transdisciplinario en el que Justicia y profesionales de la salud compartan objetivos y estrategias.
Carolina Videtta amplió el debate hacia el derecho a vivir en familia y su conexión con el derecho al cuidado. Planteó que cuidar, ser cuidado y ejercer el autocuidado integran un mismo entramado de derechos en el que también existen responsabilidades estatales.
A partir de distintos casos, mostró cómo las dificultades económicas pueden condicionar el ejercicio del derecho a la vida familiar y sostuvo que la pobreza no puede convertirse en una razón para separar a un niño de sus referentes afectivos.
“Esa niña no carecía de afectos; carecía de recursos económicos”, resumió.
Videtta reclamó políticas de acompañamiento económico, patrocinio jurídico, licencias laborales y nuevos mecanismos de cuidado capaces de brindar estabilidad a situaciones que no siempre encuentran una respuesta adecuada en las figuras tradicionales de la tutela, la guarda o la adopción.
Paula Querido, directora de la Asociación Francesco Tonucci Argentina, propuso pensar a niñas y niños como ciudadanos del presente, capaces de intervenir y transformar los espacios que habitan.
“La niñez es mucho más que una etapa evolutiva: es una manera diferente de habitar el mundo”, afirmó.
A partir de experiencias desarrolladas en ciudades, escuelas, hospitales, hogares convivenciales y ámbitos judiciales, mostró cómo las propuestas infantiles podían traducirse en modificaciones concretas de espacios, prácticas institucionales y políticas públicas.
“No se trata solamente de garantizar la expresión, sino de escuchar para transformar”, sostuvo.
Querido también destacó que la palabra no constituye la única vía de expresión infantil: el juego, los dibujos, los gestos, los silencios, las metáforas y la fantasía también forman parte de sus lenguajes.
Finalmente, la jueza de Familia Andrea Brunetti profundizó la dimensión jurídica de la participación y advirtió que realizar una audiencia no equivale necesariamente a garantizar el derecho a ser oído.
“Una cosa es recibir una voz y otra muy distinta reconocer esa experiencia como parte de la decisión”, resaltó.
Para Brunetti, la participación debía ser entendida como un proceso que incluyera información previa, preparación, condiciones adecuadas de escucha, valoración de la opinión y una devolución posterior sobre lo resuelto.
“La cuestión no es si la opinión del niño decide por sí sola, sino si puede considerarse fundada una decisión que no se hace cargo de ella”, planteó.
Las cuatro exposiciones confluyeron así en una misma idea: escuchar no alcanza. Garantizar una participación genuina exige comprender, valorar y explicar qué incidencia tuvo esa voz, sin trasladar a niñas, niños y adolescentes la responsabilidad de resolver conflictos que corresponden a los adultos.
Los desafíos de la coparentalidad en el entorno digital
Moderado por Marcos Clariá, el tercer panel estuvo dedicado a la relación entre coparentalidad y tecnología y al impacto que las prácticas digitales tienen sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes.
María Victoria Schiro analizó el derecho al cuidado frente al desarrollo tecnológico a partir de los nuevos estándares internacionales de derechos humanos, mientras que Karina Salierno se refirió a los acuerdos de coparentalidad digital y a la necesidad de establecer pautas compartidas sobre dispositivos, redes sociales, plataformas y contenidos.
Desde una perspectiva judicial, Fabián Faraoni examinó la incidencia de la tecnología sobre derechos personalísimos como la intimidad, la imagen, la privacidad y la identidad digital.
Finalmente, María Julia Comoglio abordó el sharenting, entendido como la exposición que realizan los adultos de fotografías, información y distintos aspectos de la vida de sus hijos en redes sociales. Su intervención puso en discusión los límites entre el ejercicio de la responsabilidad parental y el respeto por la privacidad, la autonomía progresiva y la construcción de la huella digital.
El panel dejó planteado que la coparentalidad también se ejerce en el entorno digital y que las decisiones adoptadas por los adultos en ese espacio pueden tener consecuencias duraderas sobre los derechos de sus hijos.
Disfuncionalidad parental y respuestas frente al conflicto
Moderado por Javier Bobrosky, el cuarto panel estuvo dedicado a la disfuncionalidad parental y a las respuestas jurídicas y profesionales frente a conflictos familiares de alta complejidad.
Marcela Trillini analizó las particularidades de la disfunción parental en casos de coparentalidad transfronteriza, atravesados por diferentes jurisdicciones, distancias geográficas y ordenamientos jurídicos.
En tanto, Vanesa Visconti puso el foco en la tutela judicial efectiva y en la necesidad de brindar respuestas oportunas y concretas frente a situaciones de disfuncionalidad familiar.
Por su parte, Andrés Beccar Varela reflexionó sobre la función de los profesionales del Derecho, no solo como defensores de los intereses de sus clientes, sino también frente a la responsabilidad de evitar estrategias que profundicen conflictos con consecuencias negativas para los hijos.
Mientras que Natalia de la Torre incorporó la perspectiva de género al análisis y destacó la necesidad de identificar desigualdades, relaciones de poder y situaciones de violencia que podrían quedar invisibilizadas detrás de una lectura aparentemente neutral del conflicto parental.
El panel permitió advertir que no toda dificultad en el ejercicio de la coparentalidad responde a las mismas causas y que distinguir entre conflicto, violencia y desigualdad resulta indispensable para diseñar intervenciones judiciales adecuadas.
Tecnología aplicada a la gestión de la coparentalidad
Como parte de la jornada también se presentó OurFamilyWizard (OFW), una herramienta tecnológica destinada a facilitar la organización y la comunicación entre progenitores separados.
La propuesta se integró al debate sobre el potencial de la tecnología para ordenar intercambios, disminuir situaciones de conflicto y favorecer una gestión más organizada de las responsabilidades parentales.
Cuidado compartido y responsabilidad alimentaria
La jornada concluyó con la conferencia “Cuidado compartido y responsabilidad alimentaria: desterrando mitos”, a cargo de Mariel Molina de Juan y moderada por Mónica Graiewski.
La exposición revisó algunas de las ideas instaladas alrededor de la relación entre cuidado compartido y obligación alimentaria, particularmente la noción de que una distribución más equilibrada del tiempo entre progenitores elimina automáticamente la responsabilidad de contribuir económicamente al sostenimiento de los hijos.
El cierre recuperó así varios de los debates que atravesaron el encuentro: la corresponsabilidad parental, la distribución efectiva de las tareas de cuidado, las obligaciones económicas y la necesidad de analizar cada organización familiar a partir de sus circunstancias concretas.
La Jornada Nacional de Derecho de las Familias dejó como eje transversal una concepción de la coparentalidad que excedió ampliamente la distribución del tiempo entre progenitores. Los vínculos socioafectivos, la autonomía progresiva, la participación infantil, los cuidados, la tecnología, la perspectiva de género y la eficacia de las respuestas judiciales mostraron la necesidad de repensarla como un ejercicio cotidiano de derechos y responsabilidades.
En ese escenario, las distintas exposiciones coincidieron en un desafío central para el Derecho de las Familias: acompañar las transformaciones de la realidad sin perder de vista que, detrás de cada categoría jurídica y cada expediente, las decisiones impactan directamente sobre la vida de niñas, niños y adolescentes.
