Tiene 45 años y comenzó su carrera judicial como meritorio cuando tenía apenas 18. Tras ocupar durante más de una década cargos en el Consejo de la Magistratura, fue designado al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Carlos de Bariloche.
Leandro Agustín Gómez Constenla regresó a su ciudad natal para asumir uno de los cargos más importantes de su carrera judicial. Después de más de 26 años dentro de la Justicia federal, el viernes 7 de agosto prestó juramento como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Carlos de Bariloche, cargo para el que fue designado mediante el decreto 520/2026 del Poder Ejecutivo Nacional.
El acto fue encabezado por el presidente de la Cámara Federal de General Roca, Richard Fernando Gallego, y reunió a representantes de distintas instancias del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura y los ministerios públicos, además de autoridades políticas y de las fuerzas federales de seguridad.
Entre los presentes estuvieron el vicepresidente de la Cámara Federal de General Roca, Mariano Roberto Lozano; la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación, Agustina Díaz Cordero; el consejero y presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña; y el vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Hernán Corcuera.
También participaron el intendente de Bariloche, Walter Cortés, y los magistrados David Perelmuter, Marcelo Gallo Tagle, María Gabriela Marron, María Victoria Pereira, Hugo Greca, Pablo Matkovic y Gustavo Villanueva.
Su carrera
Gómez Constenla se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 2005, con orientación en Derecho Penal. Posteriormente realizó una especialización en Derecho Penal en la Universidad Torcuato Di Tella, que completó en 2011, y cursó allí una maestría en la misma disciplina.
La llegada de Gómez Constenla al juzgado tiene una particularidad: nació en Bariloche hace 45 años y ahora vuelve a la ciudad como magistrado federal, después de desarrollar buena parte de su carrera profesional en Buenos Aires.
Su ingreso al Poder Judicial se produjo muy temprano. A los 18 años comenzó como meritorio en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de Morón. Desde entonces atravesó sucesivamente diferentes escalafones y dependencias de la Justicia.
Entre 2000 y 2003 fue auxiliar administrativo en ese mismo juzgado; luego pasó por los cargos de auxiliar escribiente, escribiente y oficial. En 2005 llegó al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°24, donde se desempeñó como jefe de despacho.
Un año después pasó a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín como relator y en 2007 se incorporó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de San Martín. Allí fue primero prosecretario administrativo y, desde 2008 hasta 2016, secretario de juzgado.
Ese recorrido le permitió intervenir en distintas etapas del proceso penal federal y adquirir experiencia en causas vinculadas con narcocriminalidad, crimen organizado, delitos económicos y financieros, delitos contra la administración pública, trata de personas y hechos contra la seguridad pública y nacional.
Su paso por el Consejo
Una parte central de su trayectoria estuvo vinculada al Consejo de la Magistratura de la Nación, organismo en el que trabaja desde hace más de una década y donde ocupó cargos como secretario letrado en áreas de Presidencia y Vicepresidencia.
Allí se especializó particularmente en el control disciplinario de magistrados, pero también intervino en proyectos relacionados con la gestión y el funcionamiento de los tribunales federales.
Entre esas tareas aparece su participación en el proceso de implementación del Código Procesal Penal Federal en las jurisdicciones de Salta y Jujuy, iniciado en 2019, y en relevamientos destinados a detectar las necesidades de los tribunales nacionales y federales de todo el país.
También intervino en iniciativas orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta de la Justicia frente al crimen organizado. Una de ellas fue el programa “Fronteras Argentina Norte”, diseñado para brindar asistencia específica a tribunales federales ubicados en zonas particularmente afectadas por el narcotráfico y otras modalidades delictivas complejas.
Dentro del Consejo participó además en procesos de habilitación de juzgados, auditorías, políticas de transparencia y gobierno abierto, asistencia a tribunales en materia electoral y convenios con los ministerios de Justicia y Seguridad para la instalación de hornos pirolíticos destinados a la destrucción de estupefacientes.
