La legitimidad del Poder Judicial ya no se juega únicamente en sus sentencias. También depende de su capacidad para garantizar igualdad, independencia, transparencia y respuestas acordes a los desafíos del presente. En diálogo con Quorum, Carina Estefanía, titular de la Red de Mujeres para la Justicia- reflexiona sobre la paridad de género, la ética judicial, la inteligencia artificial y la necesidad de construir una Justicia más cercana a la ciudadanía desde una mirada federal.
La Justicia atraviesa un momento de redefinición. Mientras se discuten los mecanismos de selección de magistrados, la integración de los máximos tribunales y el impacto que tendrá la inteligencia artificial en la función jurisdiccional, también crece la demanda de una Justicia más cercana, transparente y confiable.
En ese escenario, la voz de Carina Estefanía ocupa un lugar singular. Como presidenta de la Red de Mujeres para la Justicia y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut, combina la experiencia de la magistratura con una activa participación en los debates institucionales que atraviesan al Poder Judicial.
En diálogo con Quorum, plantea una agenda que pone el foco en la independencia judicial, la paridad de género, la ética pública y el acceso efectivo a la Justicia, con una premisa que atraviesa toda la conversación: las transformaciones sólo tienen sentido si mejoran las respuestas que reciben las personas.
Acaba de asumir la presidencia de la Red de Mujeres para la Justicia con un amplio respaldo federal. ¿Qué lectura hace de este resultado y cuáles serán los ejes de la gestión?
La Red de Mujeres para la Justicia es una organización joven, con alrededor de ocho años de trayectoria, que ha tenido un crecimiento exponencial. Esta elección fue histórica porque, por primera vez, las autoridades fueron elegidas mediante un mecanismo electoral. El respaldo recibido representa un compromiso para seguir fortaleciendo la participación federal y avanzar en una reforma estatutaria que garantice el voto de todas las socias de las provincias. Nuestra agenda estará centrada en consolidar una Justicia transformadora, comprometida con la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento institucional del Poder Judicial y la protección de los grupos históricamente vulnerados. En ese sentido, el Poder Judicial debe ser el garante último de los derechos de toda la ciudadanía y, especialmente, de los grupos vulnerables. También continuaremos trabajando por la igualdad de oportunidades dentro de la propia estructura judicial. Si bien las mujeres son mayoría en muchos poderes judiciales, todavía ocupan en menor medida los espacios de decisión. Por eso, uno de los objetivos centrales de la Red es promover su participación en cargos jerárquicos y trabajar por ámbitos laborales libres de discriminación.
La Red ha impulsado históricamente la defensa de la independencia judicial y la igualdad de oportunidades. ¿Qué avances observas y qué sigue siendo una deuda pendiente?
Se han logrado avances importantes al instalar en la agenda pública y judicial la discusión sobre la representación de las mujeres en los órganos de decisión. Sin embargo, persisten profundas desigualdades, especialmente en los cargos jerárquicos, las cámaras, los superiores tribunales y la Corte Suprema. Desde la Red impulsamos acciones para promover la integración paritaria porque entendemos que no se trata solo de una cuestión de igualdad, sino también de calidad democrática. La integración paritaria de los órganos de decisión no es una concesión: es una exigencia constitucional y democrática. La presencia de mujeres en los máximos órganos judiciales fortalece la legitimidad de las instituciones y garantiza que todas las voces estén representadas en los espacios donde se toman decisiones que afectan derechos. En paralelo, seguimos defendiendo la independencia judicial. Las decisiones de jueces y juezas deben estar libres de presiones políticas, económicas, mediáticas o sociales y fundarse exclusivamente en el derecho. La legitimidad de las decisiones judiciales se construye cuando la sociedad percibe que están fundadas únicamente en la ley y no en presiones externas.
¿Cuáles son hoy los principales desafíos para magistradas y magistrados, especialmente en el interior del país?
Uno de los desafíos centrales es recuperar la legitimidad del Poder Judicial. Para ello es indispensable mejorar la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía y revisar las prácticas internas que pueden afectar la confianza pública. En Chubut estamos impulsando la sanción de un Código de Ética Judicial porque entendemos que quienes administramos Justicia debemos responder a estándares éticos especialmente exigentes. Quienes juzgamos la conducta de las personas debemos sostener estándares éticos más altos que los exigidos a cualquier ciudadano. La independencia y la imparcialidad son principios fundamentales para fortalecer la confianza pública y asegurar que las decisiones judiciales no aparezcan contaminadas por factores ajenos al derecho.
¿Qué opinión le merece el decreto nacional que modificó el proceso de selección de jueces y eliminó la referencia a la paridad de género?
Considero que se trata de una medida regresiva. El decreto elimina dos aspectos relevantes: la participación ciudadana y la referencia a la integración paritaria y federal de la Corte Suprema. Ambos elementos eran importantes para fortalecer la transparencia y la representación en el máximo tribunal. Más allá de esa modificación, existen normas constitucionales e internacionales que obligan al Estado argentino a promover la igualdad de género en los espacios de decisión. La paridad no es una cuestión opcional, sino una exigencia democrática. Incluso organismos internacionales han señalado la necesidad de avanzar en la participación igualitaria de mujeres en los órganos de decisión de los poderes judiciales.
¿Cree que la discusión sobre género en la Justicia cambió en los últimos años?
Sí, cambió. Las mujeres que integramos los poderes judiciales empezamos a poner voz sobre la necesidad de que se respeten nuestros derechos y la paridad en los órganos de decisión. Antes este tema no estaba instalado; hoy forma parte de la agenda judicial, legislativa y ejecutiva. Sin embargo, todavía hay una deuda importante. Desde la reforma constitucional de 1994 se sancionaron numerosas normas vinculadas con los derechos de las mujeres, pero esa decisión política no siempre se trasladó al Poder Judicial. Existen proyectos legislativos sobre paridad judicial, pero en gran parte del país siguen sin avanzar. Por eso es necesario contar con reglas claras que no dependan de la voluntad circunstancial de quienes ocupan el poder.
También preside la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut. ¿Cómo se equilibran las demandas institucionales con la función jurisdiccional?
No hay incompatibilidad entre la función jurisdiccional y la participación en asociaciones judiciales. El asociacionismo judicial nació justamente para defender condiciones que permitan ejercer la magistratura con independencia y sin presiones. Estos espacios tienen como objetivo mejorar el servicio de Justicia, preservar la independencia judicial y fortalecer los principios que rigen la función. En muchos países, las asociaciones judiciales han sido actores centrales en reformas institucionales profundas y en procesos de recuperación de legitimidad. Lejos de ser contradictorio, participar en estos ámbitos permite aportar a una Justicia más sólida, independiente y cercana a la ciudadanía.
¿Qué herramientas considera fundamentales para fortalecer la legitimidad de la Justicia?
Fundamentalmente, tenemos que trabajar en el acceso a justicia. En tiempos de tantos cambios, es necesario repensar cómo garantizarlo de manera real y efectiva. La tecnología puede ser una aliada para acercar el servicio judicial a personas que viven lejos de los centros urbanos, pero también puede convertirse en una barrera para quienes atraviesan situaciones de analfabetismo digital o no tienen conectividad. El acceso a justicia no se agota en la cercanía territorial o digital. También implica que quien concurre a los tribunales obtenga una respuesta eficaz, eficiente y en plazos razonables. Además, es indispensable evitar la revictimización y revisar prácticas institucionales que dificultan el tránsito de las personas por el sistema judicial.
¿Qué oportunidades y riesgos observas en la incorporación de nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en la labor judicial?
Los cambios tecnológicos deben pensarse y utilizarse siempre para mejorar el servicio de Justicia. La digitalización del expediente fue un avance muy importante, tanto para los operadores internos como para abogados, partes y justiciables. Pero toda innovación debe tener un norte claro: mejorar la calidad del servicio desde el lugar de quien accede a la Justicia. Con la inteligencia artificial sucede algo similar. Puede ser una herramienta valiosa para facilitar tareas, pero debe estar regulada. La inteligencia artificial puede asistir al trabajo judicial, pero jamás sustituir el ejercicio de la jurisdicción. La función jurisdiccional es indelegable y no puede transferirse a una inteligencia no humana. Además, es necesario preservar la intimidad de las personas que llegan a los tribunales y garantizar que las plataformas utilizadas resguarden adecuadamente la información. También hay que cuidar que la virtualidad no afecte principios constitucionales como la inmediación y la publicidad de las audiencias.
¿Qué lugar ocupa la formación continua frente a fenómenos como el crimen organizado, el ciberdelito o las nuevas formas de violencia?
La capacitación permanente es una obligación ética para quienes trabajan en la Justicia. No hay forma de administrar Justicia en el siglo XXI sin capacitación permanente. Vivimos en un contexto de cambios acelerados, con nuevas formas de criminalidad, violencia digital y fenómenos tecnológicos que no formaron parte de la formación tradicional de muchas generaciones de magistrados y funcionarios. Por eso es imprescindible adquirir conocimientos sobre tecnología, inteligencia artificial, cibercrimen y violencia digital. Solo así podremos comprender los fenómenos que llegan a los tribunales y brindar respuestas adecuadas, eficaces y respetuosas de los derechos involucrados.
Como presidenta de la Asociación de Magistrados y de la Red de Mujeres para la Justicia, ¿qué agenda considera prioritaria para que la innovación tecnológica contribuya a construir una Justicia más cercana, inclusiva y eficiente?
Toda decisión vinculada con el uso de tecnología debe pensarse en función del justiciable. Muchas veces una herramienta digital puede facilitar la tarea interna, pero no necesariamente mejorar el servicio para la persona que necesita una respuesta judicial. Por eso hay que evitar creer que la digitalización resolverá todos los problemas. Las personas que acuden a los tribunales muchas veces integran grupos vulnerables: niños, personas mayores, mujeres en situación de violencia o personas con pocos recursos. Para ellas, la tecnología puede ser una herramienta, pero también un obstáculo. La clave está en generar mecanismos alternativos para que nadie quede fuera del sistema.
Desde una mirada federal, ¿qué aspectos deberían integrar una agenda común de los poderes judiciales provinciales para los próximos años?
Hay tres cuestiones prioritarias. La primera es la implementación de códigos de ética judicial que fortalezcan la confianza ciudadana. La segunda, la regulación del uso de la inteligencia artificial para preservar la función jurisdiccional. La tercera, la revisión de los mecanismos de selección de magistrados para reducir al máximo la influencia política y garantizar independencia. También considero fundamental fortalecer la Justicia de proximidad, especialmente la Justicia de Paz en los lugares más pequeños o alejados. En provincias con grandes extensiones territoriales, muchas veces es la primera puerta de acceso para la ciudadanía. En ese camino, también debemos impulsar mecanismos alternativos de resolución de conflictos, centros de mediación y justicia restaurativa. No todos los conflictos necesitan una sentencia: muchas veces la mediación y la justicia restaurativa ofrecen mejores respuestas para las personas.
