En la última etapa del jucio en el que se investiga el desvío de 200 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas para los sectores de menores recursos, alegará la defensa de Sergio Schoklender, para quien la acusación pidió seis años de cárcel por administración fraudulenta.
En la recta final del juicio que comenzó el 4 de marzo pasado, mañana a las 9:30 alegará la defensa del ex apoderado de la fundación “Madres de Plaza de Mayo”, Sergio Schoklender, ante los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5, para desvirtuar un pedido de seis años de cárcel como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta agravada por ser en perjuicio de la administración pública.
El fiscal general Diego Velasco y Marianela Teich en nombre de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI), solicitaron la misma pena para Schoklender que para el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el ex Secretario de Obras Públicas, José López y el ex Subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, a quienes sindicaron como autores.
Velasco y Teich coincidieron en que “juzgamos la instrumentación deliberada de la estructura orgánica del Estado en connivencia con la Fundación Madres de Plaza de Mayo, para defraudar las arcas públicas por 206.438.454,05 de pesos, a valor histórico”.
El defensor Hernán Figueroa y su secretario Alan Swanston alegarán mañana e intentarán desmontar, entre otras, la acusación según la cual en lugar de utilizar el dinero en efectivo retirado de la ventanilla de los bancos para pagarles a los trabajadores, como aseguró, lo derivaba a cuentas privadas, empresas agrícolas, compañías fantasma, compra de inmuebles, u otros destinos sin relación con la construcción de vivienda pública.
La acusación aseguró que los hermanos Pablo y Sergio Schoklender utilizaron a la fundación “Madres de Plaza de Mayo” como un escudo reputacional que les permitió, con la connivencia imprescindible de De Vido, López y Fatala, aprovecharse del flujo ininterrumpido de fondos públicos con destino a obras que no se terminaban y que no reunían los estándares mínimos para su concreción.
De acuerdo con Velasco y Teich, ambos hermanos dirigieron los fondos a destinos ajenos al propósito inicial en un “claro caso de abuso de la confianza que se había depositado en ellos para la administración y custodia de recursos ajenos”.
Los alegatos defensistas se extenderán hasta el próximo miércoles 26 y, una vez concluidos, los jueces Adriana Palliotti, Ricardo Basílico y Adrián Grünberg estarán en condiciones de emitir su veredicto, probablemente en el mes de septiembre.
Por otra parte, Lucio Simonetti, el defensor del ex Subsecretario de Obras Públicas, Abel fatala, presentó una defensa basada sobre las funciones técnicas de su cliente y, además, planteó la prescripción de la causa porue pasadron más de seis años de la citación a juicio, que fue el 20 de mayo de 2020.
