Lucio Simonetti, defensor del ex Subsecretario de Obras Públicas, Abel fatala, presentó una defensa basada sobre las funciones técnicas de su cliente y, además, planteó la prescripción de la causa porue pasadron más de seis años de la citación a juicio, que fue el 20 de mayo de 2020.
Abel Fatala enfrenta un pedido de condena de seis años de cárcel como autor, junto con José López, ex secretario de Obras Públicas y Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por su actuación en el control de los acuerdos del plan de viviendas para sectores de menores recursos.
La acusación entendió que Fatala participó de un esquema por el que deliberadamente se contrató directamente con la fundación, a la que se le enviaron millones de pesos, evitando el mecanismo de la licitación pública y dejando de lado todos los mecanismos de control previstos en las normas para controlar a los contratistas del Estado.
El fiscal Velasco consideró que nada de esto hubiera sido posible si hubiera habido licitaciones públicas, que garantizan “diversidad de ofertas, la concurrencia de interesados en participar, la idoneidad del contratista y la transparencia en el control”, hubo un pasamanos de fondos públicos a ciegas, sin el menor control”.
Para desmentirlo, Simonetti recordó que Fatala asumió su cargo el 3 de septiembre de 2008 cuando ya muchos de los convenios entre la Fundación “Madres de Plaza de Mayo” y los estados municipales o provinciales habían sido suscriptos y subrayó que incluso se opuso a la firma de algunos de ellos porque le parecieron objetables. Para su defensor, esa irrupción cuando ya “Sueños compartidos” estaba en marcha, deja a Fatala fuera de cualquier sospecha de participación en la urdimbre de una eventual maniobra.
El abogado se esmeró en poner de relieve que las obras respondieron a un criterio descentralizador que “no es judiciable sino político» y enfatizó en todo momento que Fatala tuvo una función exclusivamente técnica, sin que se hubiese probado su participación en ninguna maniobra ilícita a lo largo del debate.
Debía supervisar una serie de controles que estaban dentro del marco de su subsecretaría, en cumplimiento de un decreto del año 2007 que estipulaba cuáles debían ser esos mecanismos, pensados para evitar maniobras ilegales.
Por último, Daniel Freidín , quien fue empleado de la Secretaría de Obras Públicas, también reclamó su absolución sobre el argumento de que sólo era asesor bajo la modalidad de contrato de locación de servicios, lo que le vedaba toda posibilidad de ejercer controles en los trámites y las obras.
El TOCF 5 está cerca del final de este juicio en el que se investiga el desvío de 206 millones de pesos de los casi mil que se destinaron a la construcción de viviendas a través de convenios con “Madres de Plaza de Mayo” hasta 2011, cuando el acuerdo se rompió y quedaron obras sin terminar, trabajadores sin cobrar y emprendimientos que, en su mayoría, fueron concluidos por los municipios y las provincias.
