Con 36 votos a favor, dos en contra y 20 abstenciones, se ratificó el convenio de la Ciudad con el Gobierno nacional para transferir las competencias sobre relaciones individuales de trabajo. Oficialismo y oposición expusieron sus visiones sobre el futuro laboral, la transferencia de recursos y la situación de los trabajadores del fuero.
En una sesión de profunda trascendencia institucional, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) aprobó este jueves el postergado acuerdo para avanzar con el traspaso del fuero laboral ordinario desde la órbita del Estado Nacional al ámbito porteño. La histórica ratificación parlamentaria se consolidó con 36 votos positivos aportados por las bancadas de Vamos por más, Ciudadanos Unidos/UCR, Confianza y Desarrollo y La Libertad Avanza; frente a dos votos negativos del Frente de Izquierda de los Trabajadores/PO y 20 abstenciones del bloque Fuerza por Buenos Aires.
Este paso del Poder Legislativo local coincide en el plano judicial con una resolución clave dictada el pasado 26 de agosto por el juez federal subrogante Enrique V. Lavié Pico, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, quien dejó sin efecto la medida cautelar que mantenía paralizada la transferencia del fuero. De este modo, comienzan a despejarse en simultáneo las trabas políticas y jurídicas para concretar una reforma estructural que impactará de lleno en los litigantes, los trabajadores del derecho y las relaciones federales.
Qué se transfiere y cómo funcionará la nueva Justicia
El acuerdo interjurisdiccional bajo debate fue firmado originalmente el 9 de febrero de 2026 por el entonces jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia. Posteriormente, el convenio fue convalidado a nivel federal en el Congreso de la Nación como el Anexo I de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, lo que le otorgó rango de ley formal.
El traspaso establece una hoja de ruta para transferir a la órbita porteña la competencia y la función judicial sobre las relaciones individuales del trabajo dentro de su territorio, tales como juicios por despidos, indemnizaciones y accidentes de trabajo. Sin embargo, la transferencia no comprende la totalidad de la materia laboral: los conflictos colectivos de trabajo, las cuestiones sindicales, las causas del Pacto Federal del Trabajo, los litigios donde sea parte el Estado Nacional y los recursos contra actos de autoridades nacionales permanecerán de forma exclusiva bajo la jurisdicción federal.
Para asumir estas facultades, la Ciudad ya cuenta con un andamiaje normativo sancionado en 2024: la Ley N° 6.789, que creó su propio Fuero del Trabajo -contemplando una Cámara de Apelaciones con seis jueces divididos en dos salas y diez juzgados de primera instancia-, y la Ley N° 6.790, que aprobó el nuevo Código Procesal del Trabajo de CABA.
El debate en el recinto: cuatro modelos bajo la lupa
La sesión legislativa dejó en evidencia las profundas discrepancias ideológicas y operativas de las fuerzas políticas en torno al significado de la autonomía, los derechos laborales y el rol protector de la Justicia.
Oficialismo y aliados: “Hacer realidad la autonomía tras tres décadas de inmovilismo”
Desde el interbloque oficialista, la diputada Gimena Villafruela celebró el acuerdo como un paso “sensato y equilibrado hacia la consolidación de nuestra autonomía”. Destacó que, a más de 30 años de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, la puesta en ejercicio de las facultades de jurisdicción es “una responsabilidad institucional”.
Al repasar el derrotero judicial, recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación marcó un rumbo inequívoco a través de fallos como Bazán (2019) y Levinas (2024), este último clave al ratificar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño como el superior tribunal para revisar las causas nacionales antes de recurrir a la Corte.
“Buscamos construir una justicia del trabajo que sea cercana, ágil, por sobre todo moderna”, aseveró.
Sin embargo, Villafruela advirtió que “esta transferencia tiene que hacerse con los recursos”, tal como lo estipula de forma estricta el artículo 75, inciso 2° de la Constitución Nacional, señalando que la reasignación presupuestaria es “una conversación en curso” que el oficialismo sigue de cerca.
A su turno, la diputada Silvia Lospennato remarcó que este debate llega con “tres décadas de demora” debido a los condicionamientos que la Ley Cafiero (Ley N° 24.588) impuso originalmente a la autonomía porteña. Lospennato elogió el rol de la Corte Suprema, que mediante pronunciamientos históricos –Corrales, Nisman, Bazán, Levinas y el reciente fallo Marcelina– logró vencer el “inmovilismo” y la inercia de las administraciones políticas nacionales y locales.
Lospennato justificó la necesidad de modernizar la Justicia argumentando que el mundo del trabajo enfrenta desafíos revolucionarios como la inteligencia artificial, la robótica y el empleo remoto.
“Nos creo absolutamente capaces de alumbrar una justicia laboral para este siglo”, afirmó, al tiempo que fustigó el funcionamiento de los tribunales nacionales: “No queremos una justicia laboral que funda el bar notable de la esquina Homero Manzi, que pasó de un conflicto laboral con un reclamo de 5 millones a 150 millones de pesos en tres años. Queremos una justicia que aplique el criterio justo, pero también preservando el trabajo, cuidando al trabajador y también al que invierte”.
Asimismo, recordó que la cláusula décima del acuerdo supedita su vigencia definitiva a la firma de convenios específicos para transferir personal, edificios y partidas presupuestarias.
Por su parte, la diputada Aldana Crucitta (Ciudadanos Unidos/UCR) valoró positivamente el impacto de las leyes en las PyMEs, los profesionales y las familias que aguardan fallos rápidos. No obstante, repudió los incidentes ocurridos fuera del parlamento durante la sesión: “Nosotros como legisladores tenemos que defender y cuidar la casa de la democracia entre todos, dejando a un costado los valores políticos… no podemos estar a favor de estos vandalismos”.
La Libertad Avanza: “Votar autonomía, eficiencia y libertad”
En representación del bloque de La Libertad Avanza, la diputada Solana Pelayo expresó su rotundo acompañamiento a la medida: “Parece lógico, pero tuvimos que esperar más de 30 años mientras las provincias cuentan con su propia justicia laboral”.
Pelayo apuntó que este es el primer paso de un camino que debe incluir la posterior transferencia de los fueros penal juvenil, comercial y civil.
La legisladora adjudicó el impulso político al Gobierno nacional: “Hay que reconocer que quien decidió avanzar con esto es el presidente de la Nación, Javier Milei”. “El que más hizo por los porteños es el presidente Milei”, sentenció.
Frente de Izquierda: denuncia de “un ataque a los derechos laborales” y desprotección del personal judicial
El Frente de Izquierda, a través de la diputada Vanina Biasi, justificó su rechazo rotundo advirtiendo sobre una presunta intencionalidad oculta en la velocidad del proceso.
“Se aceleraron todos los tiempos en estos momentos en donde la voluntad de avanzar sobre derechos laborales y beneficiar particularmente a algunos intereses empresariales está puesta sobre la mesa”, indicó, vinculándolo a la Ley Bases y la Reforma Laboral nacional.
Biasi focalizó su denuncia en la situación de los aproximadamente 1.700 trabajadores que se desempeñan hoy en la Justicia laboral nacional: “Los trabajadores están muy preocupados… se están traspasando funciones a la justicia de la ciudad de Buenos Aires, pero resulta que no se traspasa a los trabajadores reconociéndoles su antigüedad y conocimiento en la materia”.
Asimismo, cuestionó que se reduzca la estructura judicial, pasando de 80 juzgados nacionales a un máximo de 30 proyectados para la Ciudad.
Por último, sugirió que la transferencia busca quitar de escena a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, tribunal que frenó capítulos laborales del Decreto N° 70/2023 y que recientemente falló contra el artículo 55 de la reforma laboral nacional que habilitaba reducir un 30% las indemnizaciones.
“Están poniendo el traspaso al servicio de intereses empresariales que afectan a los trabajadores”, alertó.
Fuerza por Buenos Aires: el argumento de la abstención ante una “justicia al servicio de la flexibilización”
La bancada peronista, Fuerza por Buenos Aires, optó por abstenerse. La diputada Claudia Neira fundamentó técnicamente que lo votado es una resolución de aceptación de la función judicial, pero advirtió que su entrada en vigencia práctica queda suspendida hasta un “convenio posterior que todavía no se celebró” y que debe normar el proceso y la asignación presupuestaria. Además, denunció que la Nación ya incumple la cláusula del pacto que prohíbe nombrar nuevos magistrados en el fuero residual.
En términos políticos, Neira alertó que este proceso avanza de la mano de la Ley de Modernización Laboral nacional, a la que acusó de “pulverizar la idea de que el trabajo es el vertebrador de la sociedad para concebirlo como una mercancía en un mercado desregulado”.
Recordó que los fueros del trabajo fueron diseñados históricamente bajo la doctrina peronista como herramientas de “carácter equiparador” ante la relación desigual entre el trabajador -el eslabón débil- y el empleador.
Neira contextualizó el debate con los datos de desempleo del distrito: “Bajo el gobierno de Milei se destruyeron 241.176 puestos de trabajo registrado privado a nivel nacional, de los cuales 47.777 corresponden a la Ciudad, convirtiéndola en la segunda jurisdicción que más puestos perdió, sumado al cierre de 3.000 empresas porteñas”.
“La discusión de fondo es qué justicia laboral queremos para la Ciudad y al servicio de qué intereses la pondremos; nosotros defenderemos siempre una justicia que tutele los derechos de los trabajadores en un modelo productivo de desarrollo”, concluyó.
Un camino de transición gradual
El escenario futuro de la Justicia del Trabajo en Buenos Aires se caracterizará por una transición progresiva diseñada para evitar el colapso del servicio de justicia y garantizar la continuidad de las causas en trámite. La Justicia Nacional del Trabajo retendrá la competencia exclusiva sobre todos los expedientes que se hayan iniciado con anterioridad a la fecha en que empiece a funcionar operativamente el nuevo fuero porteño. Las demandas y litigios individuales que se entablen con posterioridad a esa fecha de inicio del sistema serán las únicas que deban radicarse, de forma obligatoria y directa, ante los juzgados de la Ciudad.
Paralelamente, el Estado Nacional avanzará con el achicamiento ordenado de la estructura federal, comprometiéndose a no promover designaciones para cubrir futuras vacantes y disponiendo el cierre de 30 juzgados nacionales del trabajo actualmente inactivos y de la Sala VII de la Cámara de Apelaciones de dicho fuero.
El próximo foco de tensión e interés estará puesto en la negociación bilateral entre el Ejecutivo porteño y la administración federal para instrumentar el convenio específico de traspaso de los recursos económicos, edilicios y de personal indispensable para poner en marcha de manera definitiva los tribunales locales.
