Pablo Carlos Molina fue condenado a cuatro años de prisión por abuso de autoridad y falsedad ideológica. Sospechaba de una infidelidad y ordenó intervenir los teléfonos de su mujer y de un presunto amante.
Una supuesta investigación por narcotráfico terminó siendo aprovechada por un secretario judicial correntino para resolver un problema personal: el funcionario sospechaba que su mujer lo engañaba y ordenó intervenir su teléfono y el de su presunto amante. La decisión le costó muy caro: fue condenado a cuatro años de prisión por abuso de autoridad y falsedad ideológica.
Hace más de diez años, Pablo Carlos Molina estaba trabajando en un expediente que tramitaba en la Justicia Federal de Corrientes. Fue en 2014 que decidió pinchar los teléfonos pero la maniobra recién se descubrió en marzo de 2019, durante un relevamiento de efectos judiciales. Allí aparecieron 28 discos compactos que contenían las comunicaciones interceptadas ilegalmente.
El caso -lógicamente- derivó en un juicio oral. Y el año pasado Molina fue condenado a cuatro años de prisión por abuso de autoridad y falsedad ideológica. La sentencia fue confirmada en abril pasado por la Cámara Federal de Casación Penal y ahora quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara el último recurso presentado por su defensa.
El caso
La historia se remonta a septiembre de 2014, cuando Molina trabajaba en la Secretaría Penal N°2 de un juzgado federal de Corrientes y sospechaba que su esposa mantenía una relación con otro hombre.
Según quedó establecido durante el juicio, para intentar comprobarlo recurrió a las herramientas que tenía a su alcance dentro de la Justicia.
Junto al entonces juez federal Carlos Vicente Soto Dávila, utilizó una investigación por narcotráfico para librar un oficio y ordenar la intervención de las líneas telefónicas de su pareja y del supuesto amante.
Las escuchas se extendieron entre el 18 de septiembre y el 1° de octubre de 2014. El problema era que aquellas comunicaciones privadas no tenían relación con la investigación criminal que formalmente justificaba las intervenciones.
Durante casi cinco años, las grabaciones permanecieron guardadas entre el material judicial. Hasta que fueron encontradas.
Los 28 discos que revelaron las escuchas
En marzo de 2019, empleados judiciales realizaban un relevamiento de efectos cuando encontraron los 28 CD. Al revisar su contenido apareció la evidencia de las intervenciones.
Había, además, una particularidad: en buena parte de las comunicaciones registradas el propio Molina aparecía hablando con su esposa.
Esas conversaciones permitieron reconstruir no sólo la existencia de las escuchas sino también un conflicto que excedía la maniobra realizada desde el juzgado. En algunas de las comunicaciones, el entonces funcionario judicial insultaba a su pareja y llegaba a proferir amenazas.
El tribunal federal de Corrientes no juzgó esos episodios. Se declaró incompetente respecto de las amenazas y dispuso que fueran remitidas a la Justicia provincial del Chaco, donde residían Molina y la mujer, para que se investigaran por separado. Para entonces, la situación del secretario dentro de la Justicia Federal ya era muy diferente de la que tenía cuando ordenó las intervenciones.
Molina había sido apartado de su cargo por decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes. Y enfrentaba una acusación mucho más amplia.
Otra condena junto al juez Soto Dávila
El exsecretario fue investigado junto con Soto Dávila en una causa que puso bajo sospecha el funcionamiento del juzgado federal correntino. Ambos terminaron condenados por integrar una asociación ilícita destinada a favorecer a personas vinculadas con el narcotráfico.
Mientras avanzaba aquel expediente, el hallazgo de los discos abrió una investigación diferente: determinar cómo y por qué se habían utilizado herramientas reservadas para investigaciones penales para intervenir conversaciones privadas vinculadas con la vida sentimental de Molina. El caso llegó finalmente a juicio oral.
En 2025, el Tribunal Oral Federal de Corrientes lo encontró responsable de los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica y le impuso una pena de cuatro años de prisión. La defensa apeló.
En abril de 2026, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia y rechazó los cuestionamientos contra la condena. Quedaba una última instancia.
La última decisión
Los abogados de Molina intentaron llevar el expediente ante la Corte Suprema. Argumentaron que durante el proceso se habían vulnerado las garantías de defensa en juicio y debido proceso y también invocaron el principio de in dubio pro reo, según el cual frente a una duda debe resolverse en favor del acusado. La presentación no prosperó.
Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó el recurso de queja por considerarlo inadmisible mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. De esa manera quedó firme la sentencia dictada contra el exfuncionario judicial.
