Los cuatro representantes de la abogacía en el Consejo de la Magistratura reclamaron al presidente del organismo la pronta convocatoria al Plenario para resolver el expediente contra el juez Carlos Goggi. La Comisión de Disciplina propuso aplicarle una multa del 35% de sus haberes por declarar sistemáticamente la inconstitucionalidad de la Ley de Honorarios. El caso abrió una fuerte disputa entre jueces y abogados en vísperas de las elecciones del Cuerpo.
La disputa por la regulación de los honorarios profesionales escaló un nuevo peldaño dentro del Consejo de la Magistratura y ahora la definición quedó en manos del Plenario. Los cuatro representantes del estamento de los abogados formalizaron un pedido a Horacio Rosatti para que el expediente contra el juez Carlos Hugo Goggi sea incluido en el orden del día del Plenario y se resuelva la sanción propuesta por la Comisión de Disciplina.
El caso excedió hace tiempo la discusión sobre una regulación de honorarios. De un lado, los representantes de la abogacía sostienen que está en juego el cumplimiento de una ley vigente y el carácter alimentario de los honorarios profesionales. Del otro, los jueces advierten que sancionar a un magistrado por el contenido de sus resoluciones podría constituir una intromisión sobre la independencia judicial.
En el medio aparece un tercer elemento: el tiempo. La denuncia fue presentada en septiembre de 2023 y dentro del Consejo existen diferentes interpretaciones sobre el plazo de caducidad del expediente.
El reclamo a Rosatti y el fantasma de la caducidad
En una movida de alto impacto institucional que busca sentar un precedente firme sobre el respeto a la labor profesional de la abogacía, los cuatro representantes del estamento de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación formalizaron una exigencia directa al presidente del cuerpo y de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
A través de un escrito elevado la última semana de agosto de 2026, Jimena de la Torre, César Grau, María Fernanda Vázquez y Alberto Maques demandaron la inmediata inclusión en la orden del día del Plenario del Expediente N° 136/23, caratulado “de la Torre, Jimena (Consejera) – Rem. Pres. del Pte. Coleg. Pub. Abog. Cap. Fed. S/ act. Dr. Goggi C.”.
El núcleo de la presentación radica en evitar que las actuaciones queden paralizadas tras la aprobación del dictamen sancionatorio en la Comisión de Disciplina. Dicha comisión concluyó el trámite sumarizal -tras colectar prueba documental, testimonial e informativa, y escuchar en audiencia de descargo al propio magistrado- y dictaminó aplicar al juez Carlos Hugo Goggi, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 91, una multa equivalente al 35% de sus haberes mensuales por única vez, el tope máximo contemplado en el régimen disciplinario.
Pese a que la instrucción se encuentra concluida y el proyecto de resolución fue elevado, el expediente no ha sido tratado en el recinto del Plenario. Esta dilación genera especial alarma en el estamento técnico por el riesgo inminente de caducidad. La denuncia original ingresó al Consejo el 21 de septiembre de 2023, por lo que conviven dentro del órgano diversas interpretaciones jurídicas respecto de la aplicación del plazo legal previsto en el artículo 7°, inciso 16, de la Ley N° 24.937 (según texto de la Ley N° 26.855).
“La Comisión investigó, produjo prueba, escuchó al magistrado y tomó una decisión. Ahora corresponde que el Plenario asuma su responsabilidad y resuelva. Un expediente de esta relevancia no puede quedar detenido después de que todo el procedimiento disciplinario ya fue cumplido respetando todas las garantías del proceso”, aseveró Jimena de la Torre al fundamentar la urgencia del pedido.
Asimismo, la consejera remarcó que la falta de resolución atenta contra la propia credibilidad del sistema de control institucional sobre los jueces: “El Consejo no puede investigar durante años, producir prueba, escuchar al magistrado, aprobar una sanción y después dejar el expediente sin resolver. Eso también es una forma de debilitar el sistema disciplinario. Cuando las instituciones controlan, tienen que estar dispuestas a decidir”.
El origen del conflicto: la inconstitucionalidad de oficio de la Ley de Honorarios
La controversia en torno a la figura del juez Carlos Goggi no es reciente, pero escaló a niveles inéditos de tensión gremial e institucional. El magistrado civil viene declarando de forma sistemática y de oficio la inconstitucionalidad de la Ley N° 27.423 de Honorarios Profesionales de Abogados.
A criterio del juez, el mecanismo legal que ata la determinación del valor del honorario a los salarios de los jueces federales resulta “inequitativo”, motivo por el cual resuelve inaplicarlo en los procesos a su cargo.
Esta práctica desató una ola de reclamos e impulsó la denuncia formal presentada en su momento por el Colegio de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires, causa que fue tomada y canalizada dentro del órgano de control por la consejera Jimena de la Torre.
Para el estamento de los abogados, la conducta repetida del juez Goggi no constituye una simple divergencia jurisprudencial, sino el desconocimiento liso y llano de un texto legal vigente. Según argumentan los letrados, los estipendios profesionales poseen naturaleza alimentaria, por lo que la desaplicación sistemática de la norma obliga a los profesionales a litigar durante años e interponer recursos de apelación tan solo para lograr el cobro digno de sus servicios.
“Este caso no pone en discusión la independencia de criterio de un juez. Lo que está en discusión es si una ley vigente puede ser dejada de lado de manera sistemática, obligando a los abogados a litigar incluso para lograr el reconocimiento de sus propios honorarios que tienen naturaleza alimentaria. La independencia judicial no puede convertirse en una excepción al cumplimiento de la ley”, argumentó con dureza De la Torre.
Una votación ajustada y dos posiciones enfrentadas
La sesión de la Comisión de Disciplina celebrada el 19 de agosto de 2026 fue el escenario de una discusión acalorada donde se plasmaron dos visiones irreconciliables de la función judicial y la ética profesional. En una votación dividida que requirió el alineamiento de sectores heterogéneos, la postura sancionatoria prevaleció por seis votos contra tres.
A favor de imponer la sanción de multa del 35% votaron los representantes del estamento de la abogacía y del estamento político. El bloque mayoritario estuvo integrado por el presidente de la comisión, César Grau, junto a De la Torre y los legisladores Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde, Eduardo Vischi y Luis Juez.
Por el contrario, el bloque de los jueces votó en forma unánime por el rechazo de la sanción. La negativa fue suscripta por los magistrados Agustina Díaz Cordero, Alberto Lugones y Alejandra Provítola, en tanto que el juez Diego Barroetaveña no se encontraba conectado en el momento preciso del sufragio.
Previo a la votación, los consejeros del sector judicial intentaron frenar la definición solicitando postergar el tratamiento del punto, fundándose en una nota de respaldo a Goggi que había ingresado recientemente a la comisión. Sin embargo, la moción de postergación fue tajantemente rechazada tras la insistencia de De la Torre y del senador Luis Juez, quienes reclamaron evitar más dilaciones en un trámite ampliamente sustanciado.
Del “homebanking” al “comisariato judicial”: el cruce entre abogados y jueces
El contrapunto verbal en el recinto de comisiones reflejó el profundo abismo conceptual que separa la cotidianeidad laboral del abogado litigante de la estabilidad garantizada de los jueces.
Uno de los pases de factura más resonantes de la jornada corrió por cuenta de De la Torre, quien al replicar los alegatos que invocaban la libertad de juzgamiento del magistrado disparó una frase lapidaria: “No vi a ningún juez declarar la inconstitucionalidad de un aumento de sueldo”.
En la misma línea, la consejera representante de los abogados María Fernanda Vázquez visibilizó la brecha económica que enfrentan los letrados en el ejercicio libre de la profesión: “Quiero que traten a los abogados como corresponde. Los jueces el 31 miran el homebanking y tienen el sueldito. Para el abogado no es así. Si no le regulan, no tiene la plata, y si tiene que ir a la Cámara, tiene que seguir esperando”.
Por su parte, el senador Luis Juez puso el foco en el reiterado desacato del juez Goggi respecto de las instancias superiores, señalando que la propia Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil le revocó de manera sistemática sus pronunciamientos e instó a encuadrarse en el marco legal.
“La sanción es por hacer lo que se le ocurre, por no respetar la orden jerárquica. Si Goggi no toma la debida nota de que la Cámara le da una orden y él sigue haciendo lo que se le ocurre, después no nos quejemos. A Goggi se le advirtió en cinco oportunidades lo que tiene que hacer y hace lo que quiere”, enfatizó el legislador cordobés.
En contraste, el frente judicial cerró filas en defensa del magistrado denunciado, calificando la resolución como un embate peligroso contra la división de poderes y la doctrina de los actos propios.
El consejero juez Alberto Lugones acusó a la mayoría de instaurar un “comisariato judicial” destinado a castigar a los magistrados por el contenido de sus sentencias. «Se está restringiendo la independencia de los jueces», advirtió Lugones, al tiempo que recordó que las decisiones jurisdiccionales deben ser revisadas o revocadas por la vía de los recursos procesales correspondientes y no mediante expedientes disciplinarios.
A su turno, la jueza Alejandra Provítola sostuvo que el procedimiento implicaba una “excursión de pesca” sobre las resoluciones de Goggi y advirtió sobre la existencia de una grave afrenta institucional. En un encendido pasaje de su intervención, Provítola llegó a proclamar: “Hoy somos todos Goggi”, asegurando que la postura punitiva respondía al clima preelectoral que atraviesa el Consejo.
Las asociaciones de magistrados salieron en defensa de Goggi
La resolución de la Comisión de Disciplina generó de inmediato un cerrado repudio por parte de las estructuras corporativas del Poder Judicial de la Nación, las cuales emitieron pronunciamientos públicos de rechazo.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), mediante un comunicado institucional firmado por su presidente, Andrés Fabián Basso, y su secretaria general, María Carolina Ocampo, expresó su «más enérgico repudió» a la multa propuesta contra el juez Goggi.
El texto institucional remarcó que, si bien las sentencias pueden ser objeto de crítica o disenso, ningún órgano carente de competencia jurisdiccional está facultado para ingresar al análisis del contenido de los fallos. Según la entidad, la sanción sancionatoria pretende operar como un mecanismo de disciplinamiento e intromisión inconstitucional sobre la independencia judicial consagrada en la Carta Magna.
De modo concordante se pronunció la agrupación Lista Celeste, espacio conducido por el propio Alberto Lugones, remarcando que sancionar disciplinariamente a un juez por sus criterios interpretativos introduce un condicionamiento incompatible con el Estado de Derecho y sienta un precedente de extrema gravedad.
Asimismo, desde el espacio Compromiso Judicial, encabezado en el Consejo por la consejera María Alejandra Provítola, insistieron en que las potestades del cuerpo disciplinario no pueden avanzar sobre los criterios jurídicos vertidos en los pronunciamientos.
Una discusión atravesada por el clima electoral
El contrapunto sobre el caso Goggi se desarrolló en un ambiente enrarecido por la inminencia de los procesos electorales internos que definirán la futura integración del Consejo de la Magistratura.
A lo largo del debate en comisiones, ambos estamentos se acusaron mutuamente de impostura y sobreactuación con fines proselitistas. Mientras los jueces acusaron a los consejeros abogados de “exacerbar posturas para buscar el voto de la abogacía litigante”, los letrados replicaron que su defensa responde estrictamente al mandato de garantizar el cobro de regulaciones dignas para el ejercicio profesional.
Con la presentación elevada formalmente por Jimena de la Torre, César Grau, María Fernanda Vázquez y Alberto Maques, la pelota quedó definitivamente en la cancha de la Presidencia del Consejo. Horacio Rosatti deberá decidir si convoca en lo inmediato al Plenario para resolver en definitiva la situación del juez Goggi, en lo que promete ser un debate decisivo para redefinir los límites entre la libertad de criterio judicial y el cumplimiento estricto de las leyes laborales y arancelarias de la abogacía.
