El Ministro de Justicia adelantó que el Gobierno trabaja en un proyecto para eliminar cargos vacantes en la Justicia nacional y federal porteña y trasladar esos recursos presupuestarios al interior del país. La iniciativa apunta a fortalecer las jurisdicciones más expuestas al narcotráfico, la trata y el crimen organizado. También anticipó la digitalización total de los Registros Automotores, defendió la cobertura de vacantes y aseguró que el nuevo sistema acusatorio permitirá terminar con las causas que se extienden durante décadas.
El Gobierno nacional trabaja en un proyecto de reorganización de la Justicia federal y nacional que podría modificar el actual mapa de recursos judiciales del país. La iniciativa apunta a identificar cargos vacantes de jueces, fiscales y defensores en la Ciudad de Buenos Aires, eliminarlos y trasladar esos recursos presupuestarios hacia las jurisdicciones federales de las provincias, especialmente aquellas atravesadas por el narcotráfico, la trata de personas y otras formas de criminalidad organizada.
Así lo anticipó el secretario de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, durante una entrevista con Antonio Laje en el programa Otra mañana, por A24, en la que planteó que actualmente existe una “asimetría muy grande” entre la estructura judicial disponible en la Capital Federal y aquella con la que cuentan distintas provincias.
“Hoy hay una diferencia abismal entre las justicias federales provinciales y la Justicia federal de la Capital Federal. Hay una asimetría muy grande”, sostuvo Mahiques.
La propuesta forma parte de una agenda más amplia que lleva adelante el Ministerio de Justicia y que incluye la implementación del sistema acusatorio en todo el país, la cobertura de vacantes judiciales y una profunda transformación del sistema registral, con la intención de que los trámites vinculados con la propiedad automotor puedan realizarse completamente de manera virtual.
“Sacar recursos de acá para fortalecer las provincias”
Para explicar la reorganización que analiza el Gobierno, Mahiques comparó la estructura disponible en la Ciudad de Buenos Aires con la situación que atraviesan algunas jurisdicciones del interior.
En la Capital Federal existen 12 juzgados penales de primera instancia, además de múltiples tribunales correspondientes a los fueros Penal Económico, Contencioso Administrativo y de la Seguridad Social. La realidad es muy diferente en algunas provincias atravesadas por fenómenos criminales de mayor complejidad.
Salta, ejemplificó, cuenta con cuatro juzgados. En Misiones, una provincia que definió como “una zona muy caliente con la triple frontera como escenario”, existen dos juzgados en la capital, además de los correspondientes a Oberá y Eldorado.
Según explicó, muchos de esos tribunales son además multifueros y “resuelven el doble o el triple de las causas que resuelven algunos magistrados en la Ciudad de Buenos Aires”.
Frente a ese escenario, el Ejecutivo analiza avanzar sobre aquellas vacantes que permanecen sin cubrir en la Justicia nacional y federal porteña.
“Lo que hay que atacar es el narcotráfico, la trata y el terrorismo, todos delitos que se dan en las provincias. Nuestra idea es sacar recursos de acá para fortalecer las provincias más expuestas”, explicó.
El mecanismo consistiría en eliminar determinadas vacantes de jueces, fiscales y defensores existentes en la Ciudad y reasignar esos recursos presupuestarios para reforzar la Justicia federal del interior.
Registros Automotores: el objetivo de llegar al 100% de los trámites online
Otro de los ejes de la transformación impulsada desde el Ministerio de Justicia pasa por el sistema registral. Mahiques aseguró que la meta oficial es que, al finalizar el primer mandato presidencial, la totalidad de los trámites vinculados con la propiedad automotor pueda realizarse virtualmente.
“Va a terminar el primer mandato del Presidente con la posibilidad de que todo el trámite de registro se realice en el Registro de la Propiedad Automotor de manera virtual, todo online e incluso con menores costos”, afirmó.
La reforma es impulsada desde la Secretaría de Asuntos Registrales y contempla también una reducción de la estructura existente.
“En el día de anteayer firmé una resolución en la que se suprimieron más de 380 registros. Hoy hay aproximadamente 1.000 registros, cuando había 1.500 al momento de asumir”, detalló.
Según señaló, la transformación responde a “instrucciones precisas que nos dio el Presidente y que estamos llevando a cabo”, con el objetivo de reducir estructuras burocráticas y abaratar los trámites para los ciudadanos.
Vacantes judiciales: pliegos que llevaban hasta diez años demorados
La cobertura de vacantes fue otro de los puntos centrales de la entrevista. Durante años, el Poder Judicial argentino registró niveles de vacancia de entre el 30% y el 40%, una situación que se volvió particularmente sensible en algunas jurisdicciones federales.
Al momento de ponerse en marcha el sistema acusatorio en Rosario, por ejemplo, la vacancia federal alcanzaba el 38%.
Mahiques reivindicó en ese sentido la política de designaciones desarrollada durante la actual administración y definió al actual mandatario como “el Presidente más federal de los últimos años en materia judicial”, por la cobertura de juzgados, fiscalías y defensorías en puntos estratégicos del interior, entre ellos Salta y Chaco.
El funcionario relató que, al asumir, encontraron candidatos que llevaban casi una década esperando una definición.
“Nos encontramos con una situación realmente alarmante. Había pliegos que yo mismo, como subsecretario y consejero de la Magistratura en la gestión 2015-2019, había enviado y que luego de ir y volver, de haber sido enviados al Senado dos veces en gobiernos distintos y retirados, llevaban 8 o 10 años esperando con juzgados vacantes”, recordó.
Según detalló, a partir del trabajo de la Secretaría General de la Presidencia y de la Comisión de Acuerdos del Senado se realizaron más de 180 entrevistas personales y se otorgó acuerdo a más de 160 pliegos.
Mahiques estimó que hasta el momento fueron incorporados aproximadamente 180 nuevos magistrados, cuyas designaciones se publican progresivamente en el Boletín Oficial.
Cómo se completa el camino para designar a un juez
Durante la entrevista también repasó el procedimiento constitucional para cubrir las vacantes, que requiere la intervención de diferentes organismos y poderes del Estado.
En el caso de los jueces, el Consejo de la Magistratura realiza el concurso de antecedentes y oposición, las entrevistas y finalmente conforma una terna que debe ser aprobada con mayoría agravada. Para fiscales y defensores intervienen, respectivamente, la Procuración General y la Defensoría General de la Nación.
La terna llega posteriormente al Poder Ejecutivo, donde el Ministerio de Justicia selecciona un candidato y lo recomienda al Presidente de la Nación. Finalmente, el mandatario envía el pliego al Senado, que realiza una nueva entrevista en la Comisión de Acuerdos y debe prestar su conformidad para concretar la designación.
El sistema acusatorio y el objetivo de terminar con causas de 20 años
La reorganización judicial proyectada se complementa con la implementación del Código Procesal Penal Federal y el sistema acusatorio, una de las principales transformaciones procesales que atraviesa actualmente la Justicia penal federal.
Mahiques destacó la gestión del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y recordó que al inicio de la administración el nuevo modelo funcionaba únicamente en la jurisdicción de Salta y Jujuy.
“Hoy hay y va a haber 17 jurisdicciones operando en el sistema acusatorio”, anticipó, y puso especialmente el foco en su próxima implementación en La Plata.
El funcionario vinculó además las demoras históricas de las causas con la falta de magistrados y las dificultades que generaban las subrogancias.
Como ejemplo mencionó al Tribunal Oral Federal N° 6 de Comodoro Py, que interviene en expedientes de alta repercusión y que, según explicó, “no tenía jueces titulares hace años”.
La integración con magistrados subrogantes obligaba a jueces de otros tribunales a duplicar tareas y coordinar agendas, con el consecuente impacto sobre los tiempos de los procesos. A partir de las nuevas designaciones, señaló, el tribunal contará con dos jueces definitivos.
Para Mahiques, la combinación entre cobertura de vacantes, reorganización de recursos y nuevo modelo procesal permitirá modificar una de las características más cuestionadas de la Justicia penal argentina.
“Esa realidad de causas que tardan 15 o 20 años con personajes importantes se termina de alguna manera con el nuevo Código Procesal Penal y la reestructuración que tenemos en mente”, sostuvo.
“Un ministro no puede llamar a ningún juez por una causa”
Sobre el final de la entrevista, Antonio Laje consultó a Mahiques sobre los límites que debe mantener el Poder Ejecutivo frente a las causas judiciales en trámite.
La respuesta del secretario de Justicia fue categórica.
“Un ministro no puede hablar con ningún magistrado respecto de ninguna causa particular. No puedo llamar a ningún juez sobre una causa, y creo que tampoco corresponde opinar en la opinión pública”, afirmó.
Mahiques sostuvo además que el Presidente mantuvo “cero intervención judicial” durante estos años de gestión y señaló que cualquier cuestionamiento sobre el desempeño de un magistrado debe tramitarse a través de los mecanismos institucionales previstos.
“Si un magistrado actúa mal, debe ser denunciado ante los organismos facultados. De hecho, el Consejo de la Magistratura está haciendo un trabajo histórico en materia de remoción y sanciones de jueces por inconductas en los últimos tres años, como no se había hecho nunca”, concluyó.
