Integrarán la Sala I del tribunal junto a Mariano Llorens. Pablo Bertuzzi ya se desempeñaba como juez desde 2018, cuando fue trasladado por Mauricio Macri. En tanto, Pablo Yadarola llega desde el fuero Penal Económico, donde era juez de primera instancia.
La ceremonia se llevó a cabo este mediodía en la Sala Auditorio de Comodoro Py, repleta, colmada, con una gran concurrencia de jueces, fiscales, funcionarios, miembros del Consejo de la Magistratura, diputados y senadores, en la que los nuevos miembros oficializaron su asunción en un tribunal que tendrá en sus manos decisiones sobre causas sensibles para el Gobierno.
Junto con el camarista Eduardo Farah, quien les tomó juramento a Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, estuvieron en el escenario el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; el juez Mariano Llorens, de la Sala I de la Cámara Federal; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Justicia y consejero, Santiago Viola.
Los pliegos de ambos fueron aprobados por el Senado el 27 de agosto pasado y ayer el presidente Javier Milei y el ministro Mahiques oficializaron las designaciones a través de sendos decretos que fueron publicados en el Boletín Oficial.
Entre los expedientes más relevantes que deberá resolver la Sala en su nueva composición, está la ratificación o no como querellantes de los inversores de la causa $LIBRA, a quienes el juez Martínez de Giorgi les retiró esa condición, con el argumento de que fueron víctimas de un movimiento del mercado y no de una estafa.
También estará en sus manos decidir si, como lo pidió el fiscal Franco Picardi, revocan el archivo resuelto por la jueza María Eugenia Capuchetti de la causa en la que se investigaban supuestas irregularidades en la tramitación del préstamo del gobierno de Mauricio Macri con el FMI.
Otra investigación en la que intervendrá esta Sala es la de la validez de los audios atribuidos al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y la causa en la que el juez Ariel Lijo analiza negociaciones presuntamente ilícitas en la compra de vacunas durante el COVID-19.
