El fiscal Franco Picardi busca escuchar a Nadia Beller, quien aseguró tener información y audios vinculados con las presuntas maniobras de corrupción en la ANDIS. Declarará por videoconferencia desde Bolivia.
El fiscal Franco Picardi resolvió convocar a la mujer luego de tomar conocimiento de que tendría información sobre presuntos actos de corrupción en la agencia que investiga. El dato surgió a raíz de su relación sentimental con Fernando Cerimedo, ex asesor del presidente Javier Milei, quien se encuentra detenido en Bolivia por su presunta vinculación con el intento de femicidio de Nadia Beller y en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito.
Picardi solicitó la colaboración de la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia para que facilite las condiciones de espacio, logística y tecnología que permitan que la audiencia testimonial pueda ser desarrollada por videoconferencia desde Argentina y que además acompañen a Beller Delgadillo en el lugar en el que se encuentre al momento de declarar, para asegurar su integridad y asistencia. La fecha y la hora aún no fueron establecidas, pero sí trascendió que las preguntas serán formuladas por el fiscal desde los tribunales de Retiro.
La mujer, embarazada de ocho meses, fue víctima de una tentativa de femicidio hace pocas semanas en Bolivia: recibió tres disparos y, una vez alojada en una clínica de Santa Cruz de la Sierra, acusó públicamente a Fernando Cerimedo de ser el responsable del ataque. Además, aseguró tener información relevante acerca de los audios en los que el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, aludía a actos de corrupción en la agencia a su cargo.
Beller Delgadillo aseveró que Cerimedo le había confiado que Natalia Basil, su ex esposa, fue quien filtró los audios de Spagnuolo, tras lo cual renunció a su cargo como Directora Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de ANDIS. La abogada boliviana aseguró que tenía mucha información e incluso audios de Cerimedo que probaban lo que declaraba públicamente.
Ante estas revelaciones, Picardi esperó que la mujer se restableciera lo suficiente como para prestar declaración testimonial en la causa que él tiene delegada sobre los presuntos actos de corrupción de funcionarios y responsables de droguerías, que habrían tenido lugar entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, y en la que Spagnuolo y otros involucrados están procesados, aunque la medida está sometida a revisión por la Sala II de la Cámara Federal.
Según la fiscalía, durante esos casi dos años se tejieron acuerdos indebidos entre funcionarios de la agencia y actores del ámbito privado vinculados con droguerías y proveedores de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia, que por su especialidad, especificidad y valor no son vendidos en farmacias habituales.
Las personas involucradas, según la hipótesis de la fiscalía, conformaron una estructura delictiva que les permitió obtener sumas millonarias de forma ilegal, afectando directamente a la administración pública y, en particular, a un colectivo especialmente vulnerable: la población con discapacidad, enfermedades graves y crónicas y en situación de pobreza.
Así, la ANDIS habría funcionado como un centro de operaciones para la canalización de pagos indebidos a determinadas empresas que, a su vez, poseían acuerdos entre sí para la distribución de ganancias, observándose un direccionamiento de adjudicaciones y una marcada cartelización.
