A casi cinco años del fallo de la Corte que declaró inconstitucional la reforma de 2006, legisladores, consejeros, académicos y jueces volvieron a poner sobre la mesa la necesidad de una nueva ley para el Consejo de la Magistratura. Discrecionalidad en los concursos, procesos disciplinarios que terminan sin sanciones, falta de transparencia, vacantes y una Justicia cada vez más alejada de la ciudadanía fueron algunos de los ejes de un debate que dejó propuestas concretas y una advertencia: seguir postergando la discusión profundiza el deterioro institucional.
Hay debates que parecen condenados a repetirse. Cambian los gobiernos, se renuevan los consejeros, se acumulan las vacantes y aparecen nuevos escándalos, pero la discusión sobre cómo seleccionar, controlar y eventualmente remover a los jueces federales vuelve una y otra vez al mismo punto de partida.
La reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación se mantiene como una de las deudas más persistentes del Congreso argentino. Han transcurrido casi cinco años desde que, el 16 de diciembre de 2021, en el fallo “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la reforma de 2006 -Ley 26.080- e instó al Poder Legislativo a sancionar una nueva ley orgánica en un plazo de 120 días.
Ese plazo se encuentra vencido por miles de días y el organismo continúa funcionando bajo un esquema provisorio e inestable.
En este escenario, y a las puertas de una nueva elección de consejeros para el período venidero, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) convocaron al conversatorio virtual “Una nueva ley para el Consejo de la Magistratura: el debate pendiente del Congreso”.
El encuentro reunió a representantes de la abogacía, la academia, el Poder Legislativo y la judicatura y terminó convirtiéndose en una discusión descarnada sobre la estructura de poder que regula el ingreso y egreso de los magistrados federales.
“Un sistema pornográficamente arbitrario y discrecional”
El primero en tomar la palabra fue Julián Alfie, director Ejecutivo del INECIP, quien alertó sobre lo que definió como la “naturalización y normalización de una situación constitucionalmente irregular”.
Según Alfie, existen tres razones fundamentales para reactivar el debate legislativo: la propia ilegalidad del esquema vigente, las consecuencias nocivas que genera sobre la calidad democrática y la posibilidad concreta de comenzar a corregir muchos de esos vicios mediante una nueva ley de fondo.
Describió un sistema de justicia federal atravesado por un alarmante número de vacantes e interinatos prolongados, incluso en las cabezas del Ministerio Público y la propia Corte Suprema, junto con un Código Procesal Penal Federal que lleva más de 12 años con una implementación a medias.
Pero su crítica más severa apuntó al proceso de selección de magistrados, al que calificó como “pornográficamente arbitrario y discrecional”.
Explicó que los concursos se han convertido en un mecanismo de “toma y daca” político, donde un postulante puede figurar en el puesto 22 del orden de mérito técnico y, después de la entrevista personal, “enamorar” inexplicablemente a los evaluadores para saltar al puesto seis, ingresar en la terna, ser propuesto por el Ejecutivo y terminar dictando fallos favorables al poder de turno al día siguiente de asumir.
“Este sistema no evalúa idoneidad ni compromiso democrático, sino sumisión”, sentenció Alfie. Además, sostuvo que el esquema termina alejando de los concursos a los profesionales más idóneos y éticos de la matrícula y cuestionó tanto el déficit en la administración -aún concentrada de facto en la Corte Suprema- como la ineficacia de los procesos disciplinarios.
Los números detrás
A su turno, Celeste Fernández, directora ejecutiva de ACIJ, coincidió en que la reforma del Consejo representa una de las grandes deudas de la democracia, porque ese organismo define, en última instancia, quiénes decidirán sobre los derechos de la ciudadanía.
Fernández dividió la agenda de reformas prioritarias en cuatro dimensiones.
La primera fue la limitación de la discrecionalidad en los concursos. Cuestionó las entrevistas personales sin puntaje y los concursos múltiples que facilitan la manipulación de las ternas.
Aportó, además, un dato concreto: de los primeros 67 pliegos judiciales enviados por el gobierno de Javier Milei al Senado, 12 candidatos registraron saltos superiores a 10 lugares entre el orden de mérito inicial -técnico y objetivo- y el orden de mérito final, luego de atravesar las etapas discrecionales. En algunos casos, las diferencias llegaron hasta los 32 lugares.
Propuso también prohibir por ley la alteración y el desarmado discrecional de ternas ya constituidas cuando cambian las mayorías políticas.
El segundo punto fue el saneamiento de los procesos disciplinarios. Fernández adelantó datos de una investigación en curso de ACIJ y precisó que sólo el 1% de las denuncias presentadas contra jueces federales llega efectivamente a una sanción.
Según explicó, al Consejo le basta con “no reunirse” para que las causas expiren por caducidad, cuyo plazo actual es de tres años. Frente a esta situación, propuso establecer plazos máximos rigurosos, sancionar a los consejeros que dilaten injustificadamente los expedientes y consagrar por ley el rol del denunciante -o querellante- para que pueda impulsar el proceso ante la pasividad del cuerpo.
Como tercer eje planteó la necesidad de garantizar temporalidad y agilidad, frente a los reiterados períodos de parálisis absoluta del organismo y la falta de respuesta a las solicitudes de la sociedad civil.
Finalmente, reclamó transparencia activa y cuestionó la resistencia del Consejo a publicar los exámenes de los concursos de manera proactiva o a digitalizar y facilitar el acceso a los expedientes disciplinarios bajo el argumento de proteger datos personales.
Paulón: una Justicia “lejos de la ciudadanía”
Para cerrar la apertura intervino el diputado nacional Esteban Paulón, quien remarcó que el Poder Judicial es la institución que se encuentra “más lejos de la ciudadanía” y carece de la rendición de cuentas periódica que enfrentan el Ejecutivo y el Legislativo mediante el voto popular.
“Los desafío a salir a la calle y ver si alguien puede reconocer a cinco funcionarios de la justicia federal”, planteó.
Paulón recordó que el Consejo nació con la reforma constitucional de 1994 con cuatro objetivos: reducir la discrecionalidad en la selección, garantizar la idoneidad, asegurar la transparencia y proteger la independencia judicial. Sin embargo, advirtió que la realidad se encuentra lejos de aquel diseño.
El legislador se mostró alarmado por la velocidad y cantidad de nombramientos recientes sin un control riguroso de las ternas e instó a avanzar hacia una composición paritaria en los tribunales -al señalar que la Justicia es el único poder sin cupos de género obligatorios-, capacitar a los jueces en desafíos modernos como la inteligencia artificial y la violencia de género y desactivar las resoluciones judiciales “a medida del poder de turno”.
Paulón “recogió el guante” lanzado por ACIJ y se comprometió a trabajar para plasmar estas demandas en un proyecto legislativo de amplio consenso.
¿Los concursos favorecen a quienes ya están dentro del Poder Judicial?
El segundo panel estuvo destinado a analizar las fallas estructurales desde la práctica técnica e institucional. Mauro Benente, doctor en Derecho y docente de la UBA y la UNPAZ, puso el foco en los sesgos del sistema de selección que, según sostuvo, favorecen corporativamente a los miembros internos del Poder Judicial en detrimento de los abogados de la matrícula.
Benente cuestionó primero la validez técnica del fallo de la Corte de 2021. Señaló que el Máximo Tribunal se tomó más de 2000 días para resolver un expediente con una clara intencionalidad política y cuestionó su argumento sobre la necesidad de evitar el “predominio político” sobre los “estamentos técnicos”.
“En el Consejo no hay estamentos técnicos; todos son políticos porque provienen de elecciones corporativas internas”, sostuvo.
Luego desglosó los sesgos que, a su entender, presenta el reglamento de concursos.
La prueba de oposición, explicó, consiste tradicionalmente en redactar un proyecto de sentencia o resolución judicial, una modalidad que favorece directamente a quienes ya trabajan dentro de los tribunales y desalienta la presentación de abogados independientes. Además, impide evaluar competencias como la perspectiva de género, de clase o de derechos humanos.
También cuestionó la evaluación de antecedentes. Según Benente, el sistema de puntajes está tabulado para favorecer la antigüedad judicial por sobre la excelencia académica.
Lo ejemplificó con una comparación: un secretario de primera instancia con cinco años de antigüedad suma 2,5 puntos por año, mientras que un investigador del CONICET con título de doctorado, libros y publicaciones académicas suma solo dos puntos por año.
“El doctorado vale menos que un año de antigüedad como secretario”, ironizó. Para Benente, el concurso termina funcionando como una “carrera judicial encubierta”, pero sin los controles de ingreso democráticos que una verdadera carrera debería exigir.
También apuntó contra los procesos disciplinarios: desde 1998 hasta la actualidad, afirmó, el Consejo aplicó únicamente 48 sanciones en total -20 multas y 28 apercibimientos-, frente a las 300 o 400 denuncias que tramita anualmente.
Propuso despolitizar la disciplina, estandarizar las conductas punibles y diferenciar los procesos según el fuero de actuación y el tipo de falta, distinguiendo, por ejemplo, el maltrato laboral del error de juzgamiento.
Grau: “67 pliegos enviados y ningún abogado de la matrícula”
A continuación expuso César Grau, consejero de la Magistratura de la Nación en representación de los abogados de la matrícula.
“Estamos hablando de poder. El Consejo es la única institución que controla la puerta de entrada y de salida del poder más poderoso del Estado, que tiene carácter vitalicio”, definió.
Grau defendió -a título personal- la presencia de la Corte Suprema en el Consejo para evitar que el representante del Poder Ejecutivo adquiera un peso hegemónico. Sin embargo, propuso reducir drásticamente esa presencia: la representación no debería ser vitalicia ni recaer automáticamente en el presidente de la Corte, sino ser delegada en un ministro del tribunal de manera rotativa e improrrogable, con mandato anual.
También denunció la consolidación de una “casta judicial hermética y endógena” que bloquea el acceso de los abogados independientes.
Citando irónicamente al poeta Baldomero Fernández Moreno -“70 balcones y ninguna flor”-, Grau resumió: “67 pliegos enviados y ningún abogado de la matrícula”.
Cuestionó que se “pesque en una pecera tan chica” de apenas 3.500 o 4.000 funcionarios judiciales, mientras se ignora a un universo de 160.000 abogados matriculados.
Para evitar la manipulación de los exámenes, propuso que el Congreso incorpore textualmente en la nueva ley los principios de la Acordada 4/2026 de la Corte Suprema, especialmente el límite de 20 puntos máximos para la entrevista personal, con el objetivo de evitar los ascensos meteóricos capaces de distorsionar los méritos técnicos.
Además, planteó unificar las comisiones de Disciplina y Acusación y excluir a los jueces de su integración, al acusarlos de actuar con un fuerte sesgo corporativo y vaciar sistemáticamente de quórum las reuniones cuando se discute sancionar a sus pares.
Finalmente, reclamó la sanción de un Código de Ética -inexistente tras 25 años de vida del organismo- y la consagración legal del rol del querellante.
El impacto del Consejo en los territorios atravesados por el narcotráfico
La exposición más dramática estuvo a cargo de Lionela Cattalini, diputada provincial de Santa Fe, quien puso sobre la mesa las consecuencias que puede tener el mal funcionamiento de la Justicia federal en territorios golpeados por el crimen organizado.
Cattalini se declaró “enemiga de los constituyentes del 94” por haber concentrado la selección, el juzgamiento y los recursos del Poder Judicial de la Nación en una única megaestructura que calificó como opaca e ineficiente.
Para ilustrar lo que definió como una “trama de corrupción y complicidad” de la Justicia federal, expuso dos casos paradigmáticos de Santa Fe.
El primero fue el del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque. Según relató, el magistrado acumuló desde 2013 denuncias y pruebas contra el capo narco Esteban Alvarado, pero rechazó sistemáticamente intervenciones telefónicas y medidas investigativas solicitadas por las fuerzas de seguridad, mientras la organización criminal continuaba creciendo en Rosario.
A pesar de las denuncias presentadas por legisladores, fiscales y ministros ante el Consejo de la Magistratura, el expediente permaneció paralizado durante años. El caso avanzó recién cuando una investigación periodística reveló que Bailaque compartía el mismo contador personal que el propio Alvarado, Gabriel M., imputado por lavado de activos, y que el hijo de ese contador había sido contratado sin concurso en el juzgado y posteriormente ascendido.
En medio del escándalo público y penal, el 1° de julio de 2025 Bailaque presentó su renuncia para acogerse a una jubilación de privilegio. La dimisión fue aceptada por el Presidente de la Nación y su juicio político en el Consejo quedó clausurado. Actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario y con tres causas penales en curso.
El segundo ejemplo fue el caso del juez Alma. El ex funcionario judicial había sido cesanteado por el Poder Judicial de la Nación en 2001 tras comprobarse que cometió tráfico de influencias para direccionar causas previsionales.
Años después concursó para convertirse en juez federal, omitió sus antecedentes de cesantía por corrupción y su pliego fue aprobado por el Consejo, el Ejecutivo y el Senado sin que nadie advirtiera esos antecedentes. Una vez en funciones en Santa Fe, montó una red de corrupción y actualmente se encuentra procesado y con prisión preventiva por asociación ilícita, cohecho y peculado, a la espera de un demorado Jury de enjuiciamiento.
Cattalini reclamó que una nueva ley incorpore herramientas de suspensión preventiva inmediata para magistrados investigados por delitos graves, registros públicos de antecedentes, monitoreo periódico de productividad judicial y un código de ética severo que también permita exigir responsabilidades a los propios consejeros frente a las reiteradas faltas de quórum.
¿Qué Consejo de la Magistratura necesita la Argentina?
El panel final, coordinado por Clara Lucarela, de ACIJ, se concentró en las propuestas concretas para una nueva arquitectura institucional.
El primero en exponer fue José Valerio, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
“Quien tiene la llave de la puerta no quiere que le cambien la cerradura”, resumió.
Valerio coincidió con Grau en que la discusión de fondo es la distribución del poder. Defendió la necesidad de reducir la estructura del Consejo y limitar drásticamente sus funciones a la selección pública y transparente de jueces, quitándole facultades de administración financiera y de gestión de la Escuela Judicial.
“Si le damos una Escuela Judicial al Consejo, cada gobierno de turno querrá imponer su ideología a los futuros jueces, transformando la capacitación en una batalla campal doctrinaria”, advirtió.
Valerio recordó la experiencia de Mendoza, donde en 2018 se eliminó el puntaje objetivo en las evaluaciones técnicas de los concursos, elevando la discrecionalidad al 60% en sesiones totalmente secretas. Según describió, el sistema terminó destruyendo la carrera judicial en favor del “pasilleo” político.
Propuso que la ley nacional establezca con precisión matemática la valoración de antecedentes y reduzca la discrecionalidad al mínimo.
Respecto de la disciplina, alertó que los mecanismos actuales pueden utilizarse como un “método de disciplinamiento político” destinado a forzar el silencio de los jueces independientes.
También reclamó evaluar la productividad judicial real y cuestionó el modelo burocrático de juzgados delegados: “En el fuero de familia mendocino hay hasta 15 empleados por juez. Los jueces no deciden, solo firman lo que redactan sus empleados. Nadie tiene tiempo material de leer la montaña de sentencias que firma”.
Vázquez defendió un Consejo amplio y plural
En una posición diferente respecto del diseño orgánico se expresó María Fernanda Vázquez, consejera de la Magistratura y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Vázquez defendió la concepción plural surgida de la reforma constitucional de 1994 y sostuvo que el Consejo de la Magistratura debe ser un órgano de integración amplia y numerosa.
“Si reducimos la cantidad de miembros, el Consejo quedará monopolizado únicamente por las mayorías políticas y los sectores corporativos dominantes, silenciando las representaciones minoritarias y las diversidades de voces que enriquecen el debate”, argumentó.
Entre sus propuestas planteó establecer mecanismos estrictos de paridad de género y diversidad, con paridad obligatoria en las listas de todos los estamentos y concursos exclusivos para mujeres en aquellas jurisdicciones federales históricamente masculinizadas cuyas cámaras de apelaciones carecen de representación femenina.
También propuso avanzar hacia la simplificación y unificación de antecedentes, mediante sistemas automatizados y digitalizados para calificar los currículums de los postulantes y terminar con la anomalía de que un mismo candidato pueda recibir puntajes diferentes dependiendo de qué vocalía evalúe el concurso.
En materia de exámenes, planteó una evaluación en dos etapas: crear un banco nacional de casos prácticos coordinado por la academia y los colegios de abogados, con una primera instancia destinada a conocimientos generales sobre ética, derechos humanos y perspectiva de género, y una segunda enfocada en las destrezas específicas necesarias para el cargo.
Finalmente, urgió a sancionar un Código de Ética antes de la finalización de los actuales mandatos y avanzar hacia una trazabilidad tecnológica integral del organismo.
“El Día de la Marmota” de la Justicia argentina
El último expositor fue Francisco Marull, rector de la Universidad Nacional de La Pampa, quien comparó el debate nacional sobre la Justicia con una nueva versión de la película “El Día de la Marmota”.
“Nos despertamos cada día discutiendo exactamente lo mismo, pero con un contexto institucional cada vez más degradado alrededor”, sostuvo.
Marull consideró que la crisis de legitimidad y confianza ciudadana en la Justicia federal tiene un carácter “terminal” y llamó a abandonar las discusiones de trinchera para sentarse a redactar finalmente una nueva ley.
Para alcanzar consensos propuso cambiar el eje de la discusión: en lugar de pelear por cuántas sillas ocupa cada estamento corporativo, los legisladores deberían discutir “qué modelo de justicia se quiere construir para la sociedad”.
Desde esa perspectiva, planteó concebir al Consejo no como una mera oficina administrativa, sino como un verdadero órgano de gobierno judicial, comprometido con la producción de datos estadísticos confiables, el monitoreo constante de resultados y la definición de un perfil de juez moderno y conectado con la comunidad.
En línea con ACIJ e INECIP, defendió los concursos en dos etapas -una evaluación periódica de idoneidad técnica general seguida de concursos destinados a habilidades específicas, como la conducción de audiencias orales- para abrir el sistema a académicos y abogados externos.
Finalmente, reclamó una perspectiva “auténticamente federal” transversal a toda la política judicial.
“No es posible que el concepto de justicia en la Argentina esté condicionado únicamente por lo que ocurre en los tribunales de Comodoro Py y lo que se refleja en los medios de comunicación de la Capital”, cuestionó.
Los consensos y una pelota que vuelve al Congreso
El tramo final del conversatorio incluyó una ronda de aclaraciones institucionales. Celeste Fernández precisó los alcances del conflicto en torno a la transparencia disciplinaria y explicó que el Consejo se niega a entregar expedientes digitalizados a las organizaciones sociales bajo argumentos de confidencialidad.
Según detalló, el único mecanismo disponible es la consulta presencial en Buenos Aires de expedientes físicos parcialmente testados, una modalidad que restringe el control ciudadano y perjudica especialmente a investigadores de las provincias.
César Grau coincidió con el diagnóstico y remarcó la necesidad de modernizar un procedimiento que calificó como “inquisitivo, escrito y medieval”.
El cierre quedó a cargo de Clara Lucarela, quien destacó que, pese a las diferencias respecto de la composición ideal del cuerpo, la presencia de la Corte Suprema o el tamaño que debería tener el organismo, el encuentro permitió identificar una serie de consensos estructurales.
Entre ellos aparecen la urgencia de sancionar una nueva ley orgánica; reducir la discrecionalidad política de las entrevistas personales mediante topes objetivos; agilizar los concursos para cubrir el récord de vacantes; reformar y unificar el sistema de disciplina judicial incorporando la suspensión preventiva y el rol del denunciante; avanzar hacia una paridad de género activa y garantizar la digitalización y transparencia de los expedientes.
Después de casi cinco años de provisionalidad, las diferencias sobre cómo repartir el poder siguen abiertas. Pero el diagnóstico parece encontrar cada vez más coincidencias: el Consejo que debía reducir la discrecionalidad, garantizar la idoneidad y fortalecer la independencia judicial necesita revisar sus propias reglas.
La pelota vuelve a estar en la cancha del Congreso. Y, como advirtió Marull, el riesgo es que mañana la Argentina vuelva a despertarse en el mismo “Día de la Marmota”.
