En la Feria del Libro Judicial, organizada por la Facultad de Derecho de la UBA y la Cámara Argentina del Libro, Mariano Lema, Vanesa Ferrazzuolo, Emilio García Méndez y Enzo Finocchiaro analizaron los alcances de la Ley 27.801. Especialización, políticas públicas, garantías, alternativas al encierro y capacidad institucional fueron algunos de los ejes de un debate que buscó ir más allá de la edad de punibilidad.
El martes 8 de septiembre, en el marco de la apertura de la Feria del Libro Judicial, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Comisión del Libro Jurídico de la Cámara Argentina del Libro (CAL), se desarrolló un panel dedicado al Régimen Penal Juvenil y los desafíos que plantea la reforma de la legislación.
La mesa fue moderada por Florencia Abramzon -fundadora de Quorum, abogada y divulgadora jurídica- y contó con las exposiciones de Vanesa Ferrazzuolo, secretaria General de Asistencia Jurisdiccional a la Defensa del Ministerio Público de la Defensa porteño; Emilio García Méndez, presidente de la Fundación Sur Argentina; Enzo Finocchiaro, especialista en Derecho Penal y diplomado en Justicia Juvenil; y Mariano Lema, abogado especialista en Derecho Penal.
Al abrir el intercambio, Abramzon propuso correr el debate de una discusión exclusivamente centrada en la edad de punibilidad. El interrogante, planteó, también debe abarcar qué ocurre una vez que el Estado interviene frente a un adolescente, qué garantías deben regir y qué herramientas institucionales existen para hacerlas efectivas.
Mariano Lema: “La especialidad debe ser material y no nominal”
Lema analizó el modelo de justicia juvenil previsto por la nueva legislación y sostuvo que el sistema no puede evaluarse solamente por la edad mínima de responsabilidad penal. La forma de investigar y acusar, la escucha del adolescente y de la víctima, el uso de medidas coercitivas, las alternativas restaurativas y la existencia de operadores especializados resultarán determinantes.
En particular, hizo hincapié en el principio de especialidad. Advirtió que no alcanza con trasladar las reglas del proceso penal de adultos al ámbito juvenil: la especialización debe expresarse en el lenguaje, las audiencias, la defensa efectiva y las decisiones adoptadas.
“La especialidad debe ser material y no nominal”, resaltó.
También remarcó el carácter excepcional que deben tener las medidas coercitivas y señaló que las situaciones de vulnerabilidad social o sanitaria no pueden transformarse en argumentos para imponer restricciones penales.
Respecto de la duración de los procesos, destacó que la celeridad adquiere una dimensión particular cuando se trata de adolescentes: “El tiempo no es una variable de gestión, es parte del contenido de la garantía”.
Para Lema, la reforma deberá medirse por su capacidad para producir decisiones fundadas, procesos más breves, coerción excepcional, operadores especializados, víctimas escuchadas y alternativas reales al encierro.
“La ley ya está; ahora empieza la parte más difícil: hacer que esos principios sobrevivan al expediente”, concluyó.
Vanesa Ferrazzuolo: nuevas normas requieren nuevas herramientas
Ferrazzuolo puso el acento en las políticas públicas y los recursos necesarios para convertir las previsiones legales en respuestas concretas. Desde su experiencia en la Defensa Pública porteña, señaló que muchas soluciones construidas durante los procesos encuentran dificultades al momento de ejecutarse por la falta de vacantes, talleres, programas o instituciones adecuadas.
Frente a esas limitaciones, destacó el desarrollo de programas de justicia restaurativa con abordajes interdisciplinarios, seguimiento individual y participación del adolescente y su entorno familiar y social. Estas experiencias, sostuvo, permiten construir alternativas al encierro y avanzar hacia soluciones capaces de abordar integralmente el conflicto.
Además, valoró la mayor participación otorgada a las víctimas y la incorporación normativa de herramientas que ya venían aplicándose en la práctica.
Sin embargo, advirtió que el éxito de la reforma estará condicionado por la capacidad de adaptar las instituciones existentes al nuevo paradigma: “No vamos a poder aplicar una normativa nueva con viejas herramientas”.
Para Ferrazzuolo, el desafío excede la discusión sobre la edad de punibilidad: implica definir con qué recursos, organismos, profesionales y dispositivos especializados se implementará efectivamente el nuevo régimen.
Emilio García Méndez: superar las prácticas del paradigma tutelar
García Méndez realizó un recorrido crítico por la evolución de la justicia penal juvenil argentina y consideró que la nueva legislación representa, pese a los aspectos que todavía pueden discutirse, un avance respecto del régimen anterior.
Uno de los puntos centrales de su intervención fue la resistencia institucional a los cambios. Según planteó, parte de esas resistencias puede explicarse por la pérdida de márgenes de discrecionalidad frente a un sistema que busca fortalecer el principio de legalidad, el debido proceso y las reglas procesales.
Asimismo, cuestionó las objeciones formuladas contra la Ley 27.801 basadas en un eventual incremento de adolescentes privados de libertad cuando todavía, sostuvo, no existen datos suficientes para determinar ese impacto.
En este sentido, reclamó la generación de estadísticas públicas, confiables y sistemáticas que permitan evaluar las consecuencias reales de la reforma.
Planteó también interrogantes sobre el rol de la Defensa Pública y señaló la necesidad de garantizar que su prioridad sea la defensa técnica efectiva de los derechos e intereses del adolescente.
Si bien reconoció aspectos controvertidos de la nueva legislación -como la duración de las penas y determinadas intervenciones judiciales en cuestiones asistenciales-, sostuvo que esas discusiones deberán canalizarse a través de la interpretación constitucional, la litigación y la construcción de jurisprudencia.
El desafío, concluyó, será abandonar definitivamente las prácticas heredadas del paradigma tutelar y consolidar un sistema sustentado en legalidad, especialización, debido proceso y garantías efectivas.
Enzo Finocchiaro: evitar que el encierro sea la respuesta por defecto
Finocchiaro centró su exposición en la capacidad institucional necesaria para implementar la reforma y advirtió que una ley, por sí sola, no garantiza una transformación efectiva.
Señaló que existen importantes diferencias entre las jurisdicciones respecto de sus recursos, estructuras y dispositivos especializados. En la Ciudad de Buenos Aires destacó la experiencia acumulada en materia penal juvenil, aunque consideró necesario fortalecer fiscalías, defensorías, equipos interdisciplinarios y mecanismos alternativos frente a las nuevas exigencias.
Uno de los mayores riesgos, advirtió, es que el encierro termine convirtiéndose en una respuesta automática. Frente a ello, defendió el carácter excepcional de la privación de libertad y la utilización de herramientas como la mediación, la suspensión del proceso a prueba y los programas de justicia restaurativa.
También sostuvo que los derechos de las víctimas y las garantías de los adolescentes no constituyen objetivos contrapuestos. La seguridad, señaló, requiere responsabilización, reparación del daño cuando resulte posible, prevención de nuevos delitos e integración social.
En ese camino, consideró fundamental evitar que el tránsito por el sistema penal profundice la exclusión mediante la interrupción escolar, la estigmatización, el deterioro de los vínculos familiares o problemas de salud mental.
Al igual que García Méndez, reclamó estadísticas confiables que permitan medir los resultados del nuevo régimen y evaluar las políticas implementadas.
Más allá de la edad de punibilidad
Las distintas exposiciones coincidieron en trasladar el centro de la discusión desde la edad de responsabilidad penal hacia la calidad de la respuesta que brindará el Estado una vez que un adolescente ingrese al sistema.
La especialización de los operadores, la disponibilidad de recursos, las políticas de prevención y acompañamiento, la participación de las víctimas, las alternativas restaurativas, la excepcionalidad del encierro y la producción de información confiable aparecen así como condiciones centrales para evaluar la reforma.
El desafío que dejó planteado la mesa es, en definitiva, convertir los principios de la nueva legislación en prácticas concretas y evitar que el cambio normativo quede desacoplado de las capacidades institucionales necesarias para sostenerlo.
