El Gobierno nacional prevé completar antes de fin de año el traslado de los internos al nuevo complejo de Marcos Paz. El cierre del histórico penal de Devoto, postergado durante años, abre una nueva etapa para el sistema penitenciario federal y coincide con la creación del servicio penitenciario propio de la Ciudad.
Después de años de anuncios, demoras y promesas incumplidas, la cárcel de Devoto tiene fecha tentativa de cierre: antes de que termine 2026. El histórico establecimiento penitenciario de Villa Devoto, cuya desocupación atravesó distintas gestiones nacionales y porteñas, comenzó a transitar la etapa decisiva de un proceso que no solo implica trasladar detenidos de un lugar a otro, sino también reorganizar responsabilidades, infraestructura y competencias en materia penitenciaria.
Este jueves, Nación y Ciudad dieron un paso fundamental con la firma del acta de recepción provisoria del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, que recibirá a la población actualmente alojada en Devoto. Pero la novedad más importante llegó de la mano de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien anticipó que el traslado comenzará próximamente y que el objetivo es completarlo antes de fin de año.
La decisión tiene implicancias que exceden largamente la mudanza de una población carcelaria. Por un lado, supone la puesta en funcionamiento de una infraestructura penitenciaria largamente postergada y un operativo de seguridad de considerable complejidad. Por otro, coincide con un proceso de transformación institucional: la ciudad de Buenos Aires avanza en la conformación de su propio servicio penitenciario, mientras Nación reorganiza su sistema de alojamiento federal.
A ese escenario se suma otro interrogante que lleva años sin resolverse: qué sucederá con el predio que ocupa la cárcel de Devoto, cuya desocupación constituye un reclamo histórico de los vecinos del barrio.
Una fecha para el cierre y una mudanza en etapas
En el marco de una actividad realizada en el Ministerio de Seguridad, Monteoliva confirmó que el Gobierno nacional trabaja con un cronograma que permitiría completar la desocupación del establecimiento antes de que finalice 2026.
La ministra explicó que el operativo se desarrollará de manera escalonada y que tendrá una interrupción temporal debido a una visita papal prevista al penal.
“Tenemos la visita de su Santidad al penal, entonces vamos a arrancar la mudanza, quedará un pequeño grupo para la visita, suspendemos la mudanza por unos días y luego retomaremos en la segunda quincena de noviembre. Aspiramos a que a fin de año se haya completado”, precisó.
El anuncio introduce, por primera vez en esta etapa, un horizonte temporal concreto para la desocupación del establecimiento. Sin embargo, la recepción provisoria del nuevo complejo no significa que el traslado sea inmediato ni que la cárcel haya quedado formalmente cerrada.
Para concretar la operación, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la creación de un Comando Unificado Federal, integrado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y las fuerzas federales de seguridad, bajo la coordinación general del director nacional del organismo penitenciario.
El dispositivo tendrá a su cargo la planificación, coordinación y ejecución del traslado, teniendo en cuenta el perfil de los internos, los riesgos asociados a los recorridos y los mecanismos de respuesta frente a eventuales contingencias.
Pero el desafío no termina en el operativo de traslado. La puesta en funcionamiento de Marcos Paz también deberá garantizar las condiciones necesarias para el alojamiento de las personas privadas de libertad, la continuidad de su atención sanitaria, el acceso a la defensa y la organización de las visitas familiares.
Este último aspecto no es menor: el alejamiento geográfico de los establecimientos penitenciarios respecto de los tribunales y de los domicilios de las familias puede generar dificultades adicionales para sostener los vínculos y garantizar el ejercicio de derechos.
En ese sentido, la reorganización penitenciaria deberá contemplar no solamente cuestiones de seguridad y control, sino también las obligaciones que tiene el Estado respecto de las personas bajo su custodia.
Una obra demorada y una emergencia penitenciaria que continúa vigente
La concreción del proyecto tiene, además, una historia de postergaciones. La construcción del establecimiento de Marcos Paz estuvo paralizada durante cinco años y fue retomada en diciembre de 2024. En octubre de 2025, cuando el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri recorrió las instalaciones junto con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Gobierno porteño informó que los trabajos registraban un avance del 82%.
En aquel momento, la previsión oficial era que el complejo estuviera operativo en marzo de 2026. Sin embargo, los plazos se extendieron y la recepción provisoria recién se formalizó este jueves.
El establecimiento ocupa un predio de aproximadamente 80 hectáreas y fue proyectado con una capacidad superior a las 2.200 plazas. Contempla unidades de alojamiento, sectores sanitarios, espacios educativos, talleres laborales, áreas de visitas e instalaciones destinadas a la seguridad y administración penitenciaria.
La demora también debe leerse en el contexto de una problemática más amplia. En mayo de este año, el Ministerio de Seguridad Nacional prorrogó por otros dos años la emergencia penitenciaria federal, originalmente declarada en 2019.
En los fundamentos de aquella decisión, el propio Gobierno reconoció que la finalización del complejo de Marcos Paz permitiría incrementar en aproximadamente 700 plazas la capacidad de alojamiento del Servicio Penitenciario Federal.
Es decir, el traslado de Devoto no solamente busca reemplazar un establecimiento histórico, sino también ampliar la disponibilidad de plazas en un sistema que continúa atravesado por dificultades estructurales.
La puesta en funcionamiento del nuevo complejo representa, en consecuencia, una oportunidad para mejorar las condiciones de alojamiento, aunque por sí sola no resuelve los problemas vinculados con la sobrepoblación, la infraestructura y la gestión penitenciaria.
La foto política de un acuerdo entre Nación y Ciudad
La firma del acta reunió a algunas de las principales figuras de ambas administraciones. Participaron Monteoliva, Jorge Macri, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
También estuvieron presentes el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez; el jefe de Gabinete de la Ciudad, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Justicia local, Gabino Tapia, y la legisladora porteña Pilar Ramírez.
En un escenario atravesado por las negociaciones y los reacomodamientos entre La Libertad Avanza y el PRO, el encuentro dejó una fotografía política significativa: representantes de ambos espacios compartieron una actividad institucional alrededor de un objetivo que requirió coordinación entre las dos jurisdicciones.
Jorge Macri destacó especialmente la articulación con la Casa Rosada y reconoció que el avance del proyecto no hubiera sido posible sin la participación del Ejecutivo nacional.
“Quiero agradecer la voluntad política del Gobierno nacional. Nosotros pusimos nuestra voluntad en la mesa, pero hubiese sido imposible sin la voluntad del Gobierno nacional, sin el compromiso de los equipos del ministerio, el nivel de detalle con el que se trabajó estos meses”, sostuvo el Jefe de Gobierno porteño.
Por su parte, Karina Milei definió el acuerdo como “un gran conjunto entre Nación y Ciudad”, aunque evitó dar precisiones cuando fue consultada sobre una eventual alianza electoral con el PRO de cara a 2027.
Más allá de la lectura política, el entendimiento permite dimensionar la complejidad de una decisión que necesitó atravesar distintas administraciones, superar demoras y articular recursos y responsabilidades.
El desafío, ahora, será transformar esa voluntad política en resultados concretos. La fecha anunciada por Monteoliva introduce un horizonte para la desocupación de Devoto, pero también abre interrogantes sobre el cumplimiento del cronograma y la puesta en funcionamiento integral de Marcos Paz.
El otro cambio de fondo: la Ciudad tendrá su propio servicio penitenciario
El cierre de Devoto coincide con otra transformación institucional de relevancia: la creación y puesta en funcionamiento del primer Servicio Penitenciario y de Reintegración Social de la ciudad de Buenos Aires.
En noviembre de 2025, la Legislatura porteña sancionó la Ley 6923, que estableció la creación de una fuerza especializada para asumir funciones de custodia y seguridad penitenciaria en el ámbito local.
La normativa contempla una conducción civil, agentes especializados en seguridad y equipos profesionales destinados a desarrollar programas de reintegración social. El nuevo organismo dependerá de la órbita del Ministerio de Justicia porteño.
El proceso comenzó a materializarse en septiembre de este año, cuando 120 aspirantes iniciaron su formación en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP).
Los futuros agentes cursan una Tecnicatura Superior en Seguridad y Tratamiento Penitenciario, cuya formación incluye procedimientos de custodia, prevención de riesgos, derechos humanos, resolución de conflictos y reintegración social.
La Ciudad también avanza con la construcción de una Alcaidía Central en Villa Soldati, proyectada sobre una superficie de 42.000 metros cuadrados y con capacidad para más de 500 personas. Estará destinada a alojar detenidos por disposición de la Justicia local y permitirá aliviar la presión sobre comisarías y alcaidías porteñas.
En términos institucionales, ambos procesos se complementan, aunque responden a competencias diferentes. Mientras Nación prepara el traslado de los internos federales de Devoto a Marcos Paz, la Ciudad desarrolla una estructura propia para administrar la custodia de las personas detenidas bajo jurisdicción local.
Se trata de una transformación vinculada con la autonomía porteña, que plantea nuevos desafíos en materia de recursos, infraestructura, organización institucional y coordinación con el Poder Judicial.
La creación de un servicio penitenciario propio también supone asumir responsabilidades que hasta ahora dependían de estructuras nacionales. No se trata solamente de contar con establecimientos y personal especializado, sino de construir un sistema capaz de garantizar condiciones adecuadas de detención, seguridad y programas de reintegración social.
El futuro de Devoto, una discusión todavía abierta
La desocupación del penal también reabre una discusión de larga data: qué sucederá con el predio que actualmente ocupa la cárcel en uno de los barrios residenciales más tradicionales de Buenos Aires.
El cierre del establecimiento constituye un reclamo histórico de vecinos de Villa Devoto, que durante años cuestionaron su permanencia dentro del entramado urbano.
Sin embargo, la liberación del inmueble no resuelve por sí misma su destino. Su eventual transformación exigirá definiciones patrimoniales, urbanísticas y administrativas, además de la intervención de las autoridades competentes.
En ese escenario, el traslado representa una oportunidad para discutir la recuperación de un espacio significativo de la Ciudad, aunque todavía resta conocer las decisiones concretas sobre su utilización.
La firma de este jueves marca, así, un avance en un proceso largamente postergado. Por primera vez en esta etapa, el Gobierno nacional no solamente anunció su intención de cerrar Devoto, sino que también estableció un plazo para concretarlo.
Pero la verdadera dimensión del acuerdo se medirá cuando el traslado esté completado, el nuevo complejo funcione plenamente y se haya definido el destino del histórico establecimiento porteño.
Porque detrás de la mudanza de una cárcel se encuentran, en realidad, tres discusiones de fondo: cómo mejorar las condiciones del sistema penitenciario federal, cómo consolidar las competencias de la Ciudad en materia de seguridad y ejecución penal y qué hacer con un predio cuya historia está estrechamente vinculada con la del barrio que lo rodea.
El cierre de Devoto puede marcar el final de una etapa. El verdadero desafío será determinar si también representa el comienzo de un sistema penitenciario mejor organizado, más moderno y capaz de responder a las exigencias de la Justicia y de la sociedad.
