En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad impulsa una campaña de concientización y promueve cambios en el lenguaje judicial. Un glosario de más de 200 conceptos, espacios de escucha y nuevas herramientas interdisciplinarias forman parte de una política que busca garantizar derechos y eliminar estigmas.
Las palabras no son inocentes. Mucho menos cuando aparecen en una sentencia, un informe pericial o una resolución judicial que puede modificar la vida de una persona. Hablar de “peligrosidad” en lugar de “riesgo”, utilizar expresiones como “retraso mental” o referirse a un niño como “menor” no constituye únicamente una cuestión de lenguaje: también refleja una manera de entender los derechos, la salud mental y el vínculo entre la Justicia y la sociedad. Cambiar esas palabras, y los criterios que las sostienen, es uno de los desafíos que se ha propuesto el Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires.
En un contexto en el que los padecimientos de salud mental exigen respuestas cada vez más integrales, el Consejo de la Magistratura porteño impulsa una serie de iniciativas destinadas a transformar el abordaje judicial de estas problemáticas, desde la capacitación de magistrados, funcionarios y agentes hasta la elaboración de herramientas técnicas, la articulación entre organismos y la apertura de espacios de concientización para la ciudadanía.
La propuesta adquiere especial relevancia este 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, cuya conmemoración internacional en 2026 se desarrolla bajo el lema “Escuchemos a las personas con experiencia vivida: voces reales, cambios reales”. La consigna invita a revisar los paradigmas tradicionales y a dejar de hablar exclusivamente sobre quienes atraviesan padecimientos de salud mental para comenzar a escucharlos y reconocer su participación en la construcción de respuestas institucionales.
En coincidencia con el 30° aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Consejo de la Magistratura puso en marcha una campaña institucional que se extenderá durante octubre en distintas sedes judiciales.
La iniciativa fue presentada por la consejera María Lorena Clienti, coordinadora de la Mesa de Trabajo Permanente de Abordaje Judicial en Salud Mental, quien sintetizó el espíritu de la propuesta: “La salud es una sola. No hay salud sin salud mental. Cuando el Poder Judicial articula mejor, garantiza más derechos y produce respuestas más efectivas”.
Una frase para vos: la campaña que busca acercar la salud mental a la comunidad judicial
Uno de los ejes centrales de la campaña es la instalación de los denominados Puntos de Salud Mental en los halls de entrada y principales espacios de circulación de las sedes judiciales.
Allí se desarrolla la propuesta “Una frase para vos”, una experiencia participativa que invita tanto a integrantes del Poder Judicial como a quienes concurren a sus edificios a elegir una tarjeta física, escanear un código QR y descubrir un mensaje vinculado con el bienestar emocional, la empatía y la prevención.
“Escuchar también es cuidar” y “Preguntar ‘¿cómo estás?’ puede ser el comienzo de algo importante” son algunas de las frases que forman parte de la iniciativa.
La propuesta incorpora, además, una dimensión comunitaria bajo la consigna “Llevate una. Compartí otra”, que invita a retirar una segunda tarjeta para entregársela a un compañero de trabajo, familiar o conocido.
El objetivo es promover pequeñas acciones de acompañamiento y generar conciencia sobre la importancia de escuchar, reconocer situaciones de vulnerabilidad y facilitar el acceso a los recursos de orientación disponibles.
La participación es voluntaria, individual y respetuosa de la privacidad. No se solicitan datos personales, testimonios ni formularios. Una vez visualizado el mensaje, los participantes pueden acceder a información sobre los canales institucionales de orientación.
Desde el Consejo aclaran que esta herramienta no pretende sustituir la consulta con profesionales especializados, sino facilitar un primer acercamiento a los dispositivos de asistencia.
Una Justicia accesible: el rol del Observatorio de la Discapacidad
La campaña también incorpora una perspectiva de accesibilidad universal, desarrollada con la participación técnica del Observatorio de la Discapacidad del Consejo de la Magistratura de la Ciudad.
Su intervención permitió establecer criterios destinados a eliminar barreras físicas, sensoriales y cognitivas, para que la propuesta pueda ser utilizada por la mayor cantidad posible de personas.
Entre las medidas implementadas se encuentran la compatibilidad de los códigos QR con lectores de pantalla para personas con discapacidad visual y la incorporación de direcciones web legibles como alternativa de acceso.
Las tarjetas fueron diseñadas con tipografías claras, contrastes cromáticos adecuados y papel mate para evitar reflejos que dificulten la lectura.
También se priorizó el uso de lenguaje claro y comprensible, tanto en los mensajes como en la información complementaria.
En cuanto a su ubicación, los Puntos de Salud Mental fueron instalados en sectores fácilmente identificables de los edificios judiciales, especialmente cerca de las mesas de entrada y los espacios de orientación al público.
Estas decisiones responden a un criterio institucional: la accesibilidad no debe limitarse a las condiciones edilicias, sino que también debe alcanzar la comunicación y la posibilidad efectiva de comprender la información.
Una mesa permanente para transformar el abordaje judicial
La campaña de octubre no constituye una acción aislada. Forma parte de una política institucional desarrollada por la Mesa de Trabajo Permanente de Abordaje Judicial en Salud Mental, coordinada por Clienti.
Su integración reúne a representantes de diferentes áreas del Poder Judicial de la Ciudad y contempla la articulación con el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Tutelar y el Ministerio Público de la Defensa.
El propósito es fortalecer las respuestas judiciales ante situaciones relacionadas con la salud mental mediante criterios interdisciplinarios, coordinación institucional y una perspectiva centrada en los derechos humanos.
Este enfoque parte de reconocer que los conflictos judiciales vinculados con padecimientos de salud mental no pueden ser abordados exclusivamente desde una mirada jurídica.
La intervención de psicólogos, psiquiatras, médicos legistas y otros profesionales resulta fundamental para comprender la complejidad de cada situación y evitar respuestas fragmentadas o estigmatizantes.
En ese marco, la Mesa trabaja en la elaboración de herramientas destinadas a mejorar las prácticas cotidianas de los operadores judiciales y establecer criterios compartidos entre los distintos organismos.
Más de 200 conceptos: el glosario que busca cambiar el lenguaje judicial
Uno de los avances institucionales más relevantes de 2026 fue la elaboración y aprobación del Glosario de Salud Mental del Poder Judicial de la Ciudad, formalizado mediante el Anexo I de la Resolución de Presidencia N.º 366/2026.
El documento reúne más de 200 conceptos desarrollados en lenguaje claro y accesible, con el objetivo de unificar criterios interpretativos y acercar el lenguaje técnico a las expresiones utilizadas en la vida cotidiana.
La iniciativa busca reducir las diferencias entre el lenguaje académico, médico y jurídico, así como evitar denominaciones que puedan reproducir prejuicios o estigmatizar a personas con padecimientos de salud mental.
El glosario también pretende ofrecer herramientas concretas para quienes intervienen en expedientes judiciales, elaboran informes técnicos o participan en procedimientos que requieren conocimientos especializados.
Su elaboración estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales y agentes judiciales, entre ellos psiquiatras forenses, psicólogos forenses, médicos legistas y abogados.
Participaron en su redacción la licenciada en Psicología Claudia Chiessi; los especialistas en psiquiatría forense Nazarena Traba, Pilar Escrich, María Amelia Proyetti Martino, Mónica Sinigallo, Silvina Vallarino y Norberto Parengo; y los profesionales de medicina legal Teresa Pagano y Juan Camona.
También intervinieron los profesionales de psicología forense Alicia Vieyto, María Eugenia Hippe, Paloma Alfonsín, Mariana Aguilar, Daniela Bevilacqua, Karina Cuomo, Lucía Fortino, Gabriela Ganovelli, Paula Gatti, Joaquín Laplace, Martina Miguel y Francisco Mugnolo.
El equipo se completó con Camila Belén Sculco, Tomás Hoerth y los abogados Silvana Slobozion, Máximo Garramuño y Nicolás Roberti Kamuh.
Debido a la evolución permanente de los conocimientos científicos y de los criterios normativos, el documento se encuentra sujeto a revisión y actualización para incorporar nuevos conceptos.
De “peligrosidad” a “riesgo”: los términos que la Justicia busca dejar atrás
Uno de los apartados más significativos del glosario es el dedicado a los “Términos en desuso”, donde se identifican expresiones cuya utilización se desaconseja o requiere precisiones en función de los conocimientos actuales y la normativa vigente.
El objetivo no es simplemente reemplazar palabras, sino revisar los enfoques que históricamente han condicionado la manera de interpretar determinadas situaciones.
Entre los principales conceptos analizados se encuentran:
Abuso de sustancias y dependencia. Se recomienda reemplazar estas categorías tradicionales por la expresión “trastornos por consumo de sustancias”. La revisión responde, entre otras cuestiones, a que el término dependencia puede confundirse con adicción, aunque la tolerancia y la abstinencia también pueden presentarse como respuestas fisiológicas a determinados medicamentos sin implicar necesariamente una conducta adictiva.
Manicomio. El glosario identifica esta denominación como un término tradicional en desuso y de carácter peyorativo. La Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 promueve un modelo basado en los derechos humanos, la desinstitucionalización y la atención en dispositivos de salud integrados a la comunidad, en contraposición con el aislamiento característico del paradigma manicomial.
Menor o menores. Se recomienda moderar su utilización y reservarla para supuestos estrictamente jurídicos, como la figura del “menor emancipado”. En términos generales, se prioriza la expresión “niñas, niños y adolescentes”, en consonancia con el paradigma de protección integral de derechos.
Mutismo selectivo. El documento advierte sobre el uso inadecuado de esta expresión y precisa que se trata de un trastorno de ansiedad cuya etiología se desconoce. La aclaración apunta a evitar interpretaciones erróneas de conductas que requieren una evaluación especializada.
Normalidad. Se desaconseja emplear este concepto para establecer diferencias entre personas con padecimientos mentales o discapacidades y quienes no los presentan. La expresión remite a aquello que se considera habitual u ordinario, una clasificación que puede resultar inadecuada en el ámbito de la salud mental.
Peligrosidad. Es uno de los cambios conceptuales más relevantes desde el punto de vista jurídico. Mientras que el derecho penal tradicional utilizaba esta categoría para referirse a la probabilidad de que una persona cometiera un delito, el glosario destaca que, conforme a los principios de la Ley Nacional de Salud Mental y al artículo 13, inciso 9, de la Constitución porteña, el concepto fue desplazado en la legislación de la Ciudad por la noción de “riesgo”.
Pornografía infantil. Se advierte que esta expresión puede invisibilizar la existencia de abuso o explotación sexual al sugerir equivocadamente una situación de consentimiento. Por ese motivo, se promueve la utilización de las denominaciones “material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes” (MASNNA) o “material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes” (MESNNA).
Retraso mental. Se trata de una denominación que ha sido reemplazada en la terminología técnica por “discapacidad intelectual”, en consonancia con los enfoques actuales sobre discapacidad y derechos humanos.
Suicidio. El glosario también aborda la utilización responsable de este término, tomando como referencia la guía “VIVIR LA VIDA” de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este punto, se destacan cuatro líneas de intervención preventiva: limitar el acceso a medios utilizados para quitarse la vida, promover una cobertura responsable por parte de los medios de comunicación, desarrollar habilidades socioemocionales en adolescentes y garantizar el seguimiento temprano de las personas afectadas.
Estas modificaciones muestran que el lenguaje utilizado por los operadores judiciales tiene consecuencias que exceden lo estrictamente terminológico. Las expresiones elegidas pueden influir en la forma de interpretar los hechos, elaborar diagnósticos, construir argumentos y adoptar decisiones que afectan derechos fundamentales.
En ese sentido, la propuesta apunta a consolidar una cultura institucional que combine precisión técnica, respeto por las personas y adecuación a los estándares normativos vigentes.
Nuevas herramientas y una jornada para profundizar el debate
La agenda impulsada por la Mesa de Trabajo Permanente continuará más allá de las actividades previstas para octubre.
Entre los proyectos en desarrollo se encuentran la elaboración de un Recursero y un Glosario Digital, destinados a operadores judiciales y equipos interdisciplinarios.
Estas herramientas buscan facilitar el acceso a información técnica, recursos institucionales y criterios compartidos para intervenir ante situaciones relacionadas con la salud mental.
Su desarrollo se realiza en articulación con el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Tutelar y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad.
Asimismo, está prevista la realización de la Segunda Jornada de Salud Mental: trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos, organizada conjuntamente por los cuatro organismos.
El encuentro tendrá lugar el martes 24 de noviembre de 2026, de 9 a 16, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ubicada en avenida Presidente Figueroa Alcorta 2263.
La jornada permitirá profundizar el intercambio interdisciplinario sobre problemáticas vinculadas con el consumo de sustancias y los trastornos adictivos, dentro de una agenda institucional orientada a mejorar las respuestas del sistema judicial.
Una transformación que va más allá de las palabras
Las iniciativas del Poder Judicial porteño ponen de manifiesto un desafío que atraviesa a toda la administración de justicia: cómo garantizar que las personas que atraviesan padecimientos de salud mental sean escuchadas, comprendidas y tratadas como sujetos de derechos, y no únicamente como destinatarias de decisiones judiciales.
La elaboración del glosario, la revisión de expresiones históricamente utilizadas en expedientes y sentencias, la participación del Observatorio de la Discapacidad y la creación de espacios de concientización forman parte de una misma estrategia.
El propósito es avanzar hacia una Justicia más accesible, interdisciplinaria y respetuosa de la dignidad humana, capaz de articular conocimientos jurídicos, médicos y sociales.
En definitiva, el desafío no se agota en modificar la terminología de los expedientes ni en instalar campañas de sensibilización. Se trata de que ese cambio de mirada se traduzca en decisiones judiciales, prácticas institucionales y respuestas concretas que garanticen derechos. Porque cambiar las palabras puede ser el primer paso, pero transformar la manera de impartir justicia es el verdadero objetivo.
