Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti avalaron los reclamos de Estados Unidos, Rusia, Venezuela, Chile, Brasil y Perú. La última palabra la tiene el Poder Ejecutivo.
La Corte Suprema de Justicia confirmó las extradiciones de nueve personas reclamadas por delitos que van desde el lavado de dinero y el tráfico de drogas hasta homicidios y abusos sexuales. Lo resolvieron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, tras analizar las decisiones de los juzgados de primera instancia, los planteos de los acusados que se oponían a ser enviados a otro país y la opinión de la Procuración General.
Lavado de dinero y narcotráfico
Uno de los casos es el de Benjamín Daniel Levy, requerido por Estados Unidos para ser juzgado en los tribunales de Nueva York por conspiración para cometer lavado de dinero. Se le atribuye haber blanqueado entre 2018 y 2020 más de 50 millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Estados Unidos también reclama a Juan Carlos Argüello Villalba, ciudadano paraguayo buscado por asociación ilícita y fraude electrónico.
Venezuela pidió a Luis Ángel Gotopio por tráfico de drogas y asociación ilícita, y Brasil a Mónica Soledad De Oliveira, que deberá cumplir una condena de 10 años, tres meses y 20 días de reclusión en régimen cerrado y 1268 días de multa por asociación ilícita y tráfico de drogas a nivel internacional.
El caso del preso que temía ser torturado en Rusia
La Corte también declaró procedente la extradición de I.G., requerido por la Federación Rusa para ser juzgado en una causa por drogas. El acusado se oponía a ser enviado a ese país por temor a padecer torturas o tratos crueles. Sin embargo, el fallo señaló que el Estado requirente se comprometió a darle todas las oportunidades de defensa y a garantizar su seguridad. Además, habilitó que el detenido recibiera la visita de autoridades diplomáticas argentinas para verificar que se cumplan las condiciones fijadas.
Homicidio, narcotráfico y abuso sexual
Perú reclama a Cristhian Harold Aguayo Tafur por homicidio agravado y a Enrique Gonzales Román, sobre quien pesaba una circular roja de Interpol, para que sea sometido a proceso por secuestro y robo agravado.
Chile, por su parte, pidió a Augustín Felipe O’Ryan Soler, quien escapó a la Argentina para evitar cumplir una condena a siete años de prisión por violación y abuso sexual agravado. El mismo país reclama a Aníbal Adrián García García para juzgarlo por “robo con violencia e intimidación de las personas” y para que cumpla 2380 días de prisión por condenas por “robo con fuerza de las cosas y receptación de vehículos motorizados”.
La decisión final es del Ejecutivo
En cada pedido de extradición, el juzgado interviniente resuelve si el pedido es procedente o no, sin analizar los hechos por los que se reclama a la persona, ya que eso le corresponde al país que la busca. La Procuración actúa en representación del país requirente. La sentencia puede apelarse ante la Corte Suprema mediante un recurso ordinario.
Si la Justicia avala la extradición, comienza la tercera etapa del trámite, denominada “decisión final”, que está en manos del Poder Ejecutivo.
