Jonathan y Emmanuel Kovalivker se defendieron por escrito de las acusaciones de liderar una asociación ilícita y defraudar al Estado a través del control absoluto que habrían ejercido sobre la ANDIS entre mayo de 2024 y agosto de 2025.
Jonathan Kovalivker, presidente de la compañía de salud Suizo Argentina S.A., y su hermano Emmanuel Kovalivker, vicepresidente hasta su desvinculación el 30 de noviembre de 2025, convocados a prestar declaración indagatoria en el Juzgado Federal 11, se remitieron a un escrito. En los dos casos, la línea central de la defensa es que se los imputa por el lugar que ocupaban en la empresa y no por algo que hayan hecho.
En su descargo, Jonathan Kovalivker negó de manera categórica haber integrado o dirigido una asociación ilícita, haber intervenido en maniobras defraudatorias contra la Administración Pública y haber participado en negociaciones incompatibles con la función pública vinculadas con la ANDIS.
Kovalivker sostuvo que el dictamen fiscal le atribuyó responsabilidad penal meramente por “ser” presidente de la empresa, lo que vulneraría el principio de culpabilidad y el derecho penal de acto. Según el escrito elaborado por el defensor de ambos, Martín Magram, el dictamen no describe ningún acto personal, orden, firma, comunicación o reunión suya relacionada con los hechos.
El descargo agrego que, tras el análisis de los teléfonos, los cuadernos, los registros de ingresos a barrios privados y la documentación contable secuestrados en la causa no apareció ninguna comunicación, mención o instrucción de su parte en el sentido en que lo señala la acusación; en cuanto a las visitas registradas en su domicilio, argumentó que corresponden a empresarios del mismo rubro o a vínculos sociales, «algo que no implica delito alguno».
Jonathan Kovalivker pidió que se declarara la nulidad del dictamen fiscal y de la resolución del 21 de agosto de 2025 que dispuso allanamientos, requisa de dispositivos y levantamiento de secretos bancarios y fiscales y también solicitó que se dejara sin efecto la inhibición general de bienes, “por carecer de una motivación específica”.
Emmanuel Kovalivker planteó una objeción similar: sostuvo que se le imputa un delito únicamente “por ser vicepresidente”, sin que se detalle un acto, una decisión, un acta o una instrucción suya concreta vinculada con la ANDIS entre mayo de 2024 y agosto de 2025, el período de la imputación.
Su descargo también apunta a que la ANDIS fue un cliente “ínfimo” para Suizo Argentina, lo que, según plantea, desmiente la idea de que se haya buscado “cooptar” el organismo por un cliente marginal. Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, por el contrario, habían estimado que en el lapso investigado, la droguería le facturó a la agencia 124.652.174.118 de pesos.
Además reseñó que durante 20 años ocupó cargos directivos en la Suizo Argentina: director suplente, vicepresidente, director titular y nuevamente vicepresidente. Sus tareas, afirmó, se centraron en procesos productivos, logística, automatización de plantas (Tucumán, Junín, Ramos Mejía y Villa Lugano) y mejoras tecnológicas, y nunca incluyeron la fijación de precios, las cotizaciones, las ventas a privados ni las operaciones con organismos públicos como la ANDIS.
