La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona le pidió al juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte, el procesamiento de Ariel Vallejo, presidente de Sur Finanzas Group y de Sur Finanzas PSP, y que convierta en prisión preventiva la detención que ya cumple, por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y evasión tributaria.
Según el extenso dictamen fiscal, Vallejo “construyó, entre 2020 y 2025, un conjunto de sociedades que funcionó como una sola caja para convertir dinero de origen ilícito […] en patrimonio con apariencia lícita”. El origen estaría en la agencia de cambio Centro de Inversiones Concordia, de Entre Ríos, que entre 2020 y 2022 mantuvo tenencias de moneda extranjera por encima del límite declarado, por USD 103.548.677.
Esa operatoria dejó una ganancia de al menos 207 millones de pesos que, según el dictamen, se usó para fundar Sur Finanzas Group y comprar su casa central. Más tarde el grupo adquirió una sociedad con licencia de proveedor de servicios de pago, que se convirtió en la “caja de entrada”: billeteras virtuales abiertas a nombre de personas sin capacidad económica que lo justificara, fondos de un casino online clandestino y préstamos y gestión de cheques de terceros sin autorización para captar dinero del público.
Clubes de fútbol e indigentes
Una parte del dinero que la fiscal considera ilícito sale de que Sur Finanzas PSP, registrada sólo como proveedora de servicios de pago, que sin embargo para Incardona actuó como una entidad financiera sin autorización: captaba fondos de los usuarios de sus billeteras, que debía mantener a la vista, y los prestaba.
Entre sus clientes había clubes de fútbol: a Argentinos Juniors le descontó cheques por 600 millones de pesos a una tasa anual adelantada del 100 % y le prestó otros 200 millones al 40 % anual más 1,5 % mensual. San Lorenzo reconoció una deuda de 416 millones de pesos con otra sociedad del grupo, con tasas de entre el 36 % y el 71,52 % anual.
Según Incardona, esos créditos “no pudieron hacerse con capital propio”, porque el patrimonio neto de la sociedad era de 38,2 millones de pesos. Vallejo sostuvo que las tasas no fueron usurarias y que los contratos con los clubes eran reales; la fiscal responde que ninguna inscripción ante el Banco Central autoriza a captar fondos del público para prestarlos.
El otro eje son las cuentas abiertas a nombre de personas que no eran sus verdaderos usuarios. La fiscal describe una organización de juego clandestino investigada en La Plata que “captó personas en situación de vulnerabilidad económica” y con sus datos biométricos abrió billeteras a su nombre para recaudar las apuestas de un casino online.
El ejemplo es el de una empleada de limpieza que cobra unos 250.000 pesos por mes: por dos de las cuentas abiertas a su nombre pasaron unos 90 millones en ocho meses, y ella se enteró recién cuando la ANSES le rechazó un trámite previsional por una transferencia que no había hecho. La fiscal la define como una “mula involuntaria”.
En la plataforma de Sur Finanzas, además, “monotributistas de la categoría más baja y beneficiarios de asignaciones sociales” movieron “miles de millones de pesos” en pocos meses, y una sola billetera recibió 39.456 millones de pesos. Para la fiscal eran titulares de fachada, y el dinero “cambia varias veces de cuenta sin cambiar de dueño”.
La fiscal atribuye a Vallejo haber dirigido esa estructura y decidido el destino de los fondos, y también que la sociedad no percibiera el impuesto a los créditos y débitos bancarios con el argumento de que los titulares eran pequeños contribuyentes, cuando esa condición “era sólo la de quien figuraba como titular, y no la de quien disponía de los fondos”.
La jefatura de la asociación ilícita
La fiscal lo acusa de ser jefe de una asociación ilícita, de siete hechos de lavado de activos agravado por habitualidad y por pertenecer a una asociación, de varios hechos de evasión tributaria y de apropiación indebida de aportes de la seguridad social.
Entre los ejemplos, Incardona menciona que Sur Finanzas PSP declaró ingresos por 1.997 millones de pesos en el ejercicio 2025 cuando en relidad había recibido 19.733 millones, y que la sociedad empleadora del grupo retuvo y no depositó aportes de sus empleados por 46,5 millones, de los cuales 31,3 millones corresponden a los períodos en que Vallejo ya presidía la firma.
Ante Rodríguez Ponte, Vallejo negó integrar y menos aún liderar una asociación ilícita y aseguró que su patrimonio era fruto “de mi trabajo, de mi sudor y de mi empresa”, que “debe haber un delito previo para que haya una maniobra de lavado y no lo hay” y que como presidente “desconozco la parte administrativa, contable y tributaria”. La fiscal destacó que el hecho de que las sociedades estén inscriptas no excluye que cometan delitos y que los cargos nominales describen justamente el reparto de tareas: “unos decidían y otros firmaban”.
Por qué pide la fiscal la prisión preventiva
La fiscal señala en el escrito que Vallejo ya ha incumplido reglas para estar sujeto al proceso y que esa fue la razón por la que el juez lo detuvo el 22 de octubre. Ahora, señala la representante del Ministerio Público, con las pruebas acumuladas, las evidencias colectadas y la posibilidad de una pena de cumplimiento efectivo, la tentación de la fuga aumenta, por lo que reclama la prisión preventiva del financista y el mantenimiento de la inhibición de sus bienes.
“Ninguna regla de conducta, caución o forma de control domiciliario puede asegurar la sujeción al proceso de quien ya ha demostrado capacidad y voluntad para vaciar cuentas frente a un embargo inminente, ocultar su residencia real detrás de una sociedad instrumental y una coimputada, y dirigir el borrado de registros durante un allanamiento”, concluye Incardona.
