La Corte Suprema rechazó la demanda de una cámara de empresas de colectivos de larga distancia contra la exigencia de no tener multas firmes para hacer trámites ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, porque la entidad no puede reclamar en nombre de sus asociadas.
La Corte Suprema revocó una sentencia de la Cámara Contencioso Administrativa Federal y rechazó la demanda con la que una agrupación de empresas de transporte de pasajeros cuestionaba las normas que condicionan los trámites ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) a que las unidades no tuvieran multas firmes.
La Cámara Empresaria de Transporte Interurbano en Jurisdicción Nacional de Pasajeros (CELADI) había pedido que se declararan nulas e inconstitucionales esas exigencias. Sostenía que afectaban el derecho de propiedad de las empresas y su ecuación económica, que la CNRT se había excedido en su facultad de reglamentar y que, en los hechos, funcionaban como una sanción adicional que la ley no prevé.
El juzgado de primera instancia le dio la razón en parte. Después, la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, por mayoría, fue más lejos y dejó sin efecto las resoluciones de la CNRT objetadas por los empresarios
El Máximo Tribunal resolvió que la CELADI no estaba habilitada para iniciar el juicio: un reclamo judicial exige que quien lo promueve tenga un interés “directo, concreto y personal” en el resultado, y no alcanza con querer que se cumplan la Constitución y las leyes en abstracto. Horacio Rosatti y los conjueces Alejandro Tazza y Juan Pablo Salas señalaron que la entidad pretendía defender derechos “puramente individuales” de las empresas que agrupa, y que eso le corresponde, por principio, a cada empresa que se sienta afectada.
Carlos Rosenkrantz coincidió y sostuvo que las afirmaciones de la Cámara sobre este punto eran “puramente dogmáticas” y no pasaban de la “mera conjetura”, porque no había prueba de que las empresas representadas estuvieran impedidas de litigar por sí mismas.
Ricardo Lorenzetti, además de la falta de legitimación, se pronunció sobre la validez de las normas. Consideró que fueron dictadas por la administración dentro de sus competencias, que armonizan con las normas de rango superior y que se sancionaron para ejecutar mejor las leyes, por lo que no hubo un exceso reglamentario que justificara invalidarlas.
