Confirman condenas a cuatro aduaneros que usaban códigos futboleros para permitir el contrabando

Los funcionarios recibían coimas para facilitar el ingreso ilegal de mercadería desde Paraguay por el puente internacional que une Posadas con Encarnación. En las comunicaciones llamaban “DT” a los jefes, “jugadores” a los guardas y “canchas” a los carriles de ingreso.

“¿Se juega el partido?”. La pregunta no tenía nada que ver con el fútbol. Era, básicamente, una de las expresiones utilizadas por presunta una organización integrada por funcionarios aduaneros y contrabandistas con la que buscaban confirmar si podían ingresar mercadería desde Paraguay sin pasar por los controles correspondientes. Para que la operación funcionara, debían coincidir determinados empleados en los puestos del puente internacional que conecta Posadas con Encarnación. Si estaban los “jugadores” indicados y el “DT” daba su aprobación, los vehículos podían avanzar.

Ese particular sistema de comunicación fue una de las claves de la investigación que permitió descubrir una estructura dedicada a cobrar sobornos a cambio de facilitar el contrabando. Las maniobras se extendieron durante 2016 y 2017 y derivaron en condenas contra cuatro agentes de la Dirección General de Aduanas, que ahora fueron confirmadas por la Cámara Federal de Casación Penal.

La Sala I del máximo tribunal penal federal rechazó las apelaciones de las defensas y ratificó las penas impuestas en agosto de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, según informó el Ministerio Público Fiscal. La resolución fue firmada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar.

El equipo del contrabando

La organización utilizaba un lenguaje futbolero para evitar mencionar directamente las operaciones de contrabando durante las conversaciones telefónicas.

Los jefes de turno eran identificados como “DT”, mientras que los guardas encargados de revisar los coches recibían el nombre de “jugadores”. Los distintos carriles habilitados para ingresar al país eran las “canchas”.

De esa manera, cuando los involucrados hablaban de “jugar en la cancha 3” estaban indicando por dónde debía avanzar un vehículo cargado con mercadería que no sería controlada.

En otras comunicaciones se mencionaba la necesidad de que estuvieran “los jugadores preparados con la camiseta lista”, una señal de que los funcionarios que participaban de la maniobra debían encontrarse en sus respectivos puestos.

El puente internacional San Roque González de Santa Cruz que une las ciudades de Posadas y Encarnación.

El sistema exigía coordinación. Según se comprobó durante el juicio, para garantizar un cruce irregular tenían que coincidir al menos dos integrantes de la organización: un guarda ubicado en el control primario y un jefe de turno con capacidad para distribuir al personal.

Esa función era ejercida habitualmente por Bernardino Castor Esquivel y Francisco Antonio Llorente, quienes podían determinar qué empleados ocuparían los distintos carriles.

Pero el ingreso de vehículos sin inspecciones debía realizarse con cierta discreción para evitar sospechas entre los funcionarios ajenos a la organización. “No hagan caravana”, advertían en una de las conversaciones.

Otro de los mensajes resultó todavía más explícito: “En mi carril no puedo empujar 11 autos seguidos”.

Los contrabandistas, conocidos como “paseros”, también intercambiaban información mediante un grupo de WhatsApp llamado “paseritas jijiji”, donde compartían datos sobre el movimiento en el paso fronterizo y los sectores más convenientes para ingresar.

A cambio de permitir el paso de mercadería sin los controles exigidos, los agentes recibían pagos individuales por cada operación o sumas periódicas que se entregaban los viernes.

Un control de Gendarmería expuso la maniobra

De acuerdo con la investigación, el episodio que permitió acreditar el funcionamiento de la organización ocurrió el 13 de agosto de 2017, cuando un Fiat Palio Adventure con vidrios polarizados atravesó el puente internacional desde Paraguay. El conductor eligió el carril 3, donde estaba trabajando el agente Orlando Ariel Alfonso.

Las cámaras del puesto fronterizo registraron que el funcionario mantuvo una breve conversación con el automovilista a través de la ventanilla y luego le permitió continuar sin revisar el vehículo.

La situación cambió unos minutos después, cuando efectivos del Escuadrón 50 de Gendarmería Nacional interceptaron el automóvil durante un control de rutina sobre la avenida Costanera Sur, a unos 500 metros de la zona aduanera.

Al observar el interior, los gendarmes descubrieron que el asiento trasero estaba ocupado por una gran cantidad de cajas apiladas hasta el techo. También había bultos en el baúl.

La requisa permitió secuestrar 390 luces LED de origen extranjero que habían ingresado sin la documentación correspondiente.

El conductor, Miguel Ángel Jara, fue condenado posteriormente a tres años de prisión de ejecución condicional como coautor de contrabando agravado, mediante un acuerdo de juicio abreviado.

El episodio aportó una prueba concreta para los investigadores: las imágenes mostraban que el vehículo había atravesado el control aduanero sin inspecciones, mientras que el procedimiento de Gendarmería permitió comprobar que transportaba mercadería ingresada irregularmente.

Las condenas

La causa se inició a partir de una presentación del entonces administrador de la Aduana de Posadas ante la Fiscalía Federal N° 2, que estaba interinamente a cargo de Diego Stehr.

Orlando Ariel Alfonso y Lorenzo René Juárez, dos de los cuatro aduaneros condenados por contrabando (Foto: Misionesonline.net).

Las investigaciones sobre distintos cargamentos de mercadería extranjera ingresados sin autorización permitieron establecer conexiones entre los contrabandistas y determinados empleados del organismo.

A través de las intervenciones telefónicas, los teléfonos secuestrados, las filmaciones de seguridad y los libros electrónicos de guardia se reconstruyó la coordinación de las maniobras.

El juicio terminó en agosto de 2025 con cuatro funcionarios condenados por asociación ilícita y cohecho. Esquivel recibió una pena de seis años de prisión, mientras que Llorente y Alfonso fueron sentenciados a cinco años. Este último también fue considerado responsable del delito de contrabando de importación agravado por la intervención de un funcionario aduanero.

En tanto, Lorenzo René Juárez fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional. A los cuatro se les impuso además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La sentencia también estableció que deberán reparar el perjuicio económico ocasionado al Estado, aunque el monto se determinará en una instancia posterior a partir del valor de las mercaderías secuestradas.

La confirmación de Casación

Al revisar el expediente, los camaristas rechazaron los cuestionamientos de las defensas sobre las escuchas telefónicas, la cadena de custodia de las grabaciones y la acumulación de investigaciones vinculadas.

Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar.
Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, jueces de la Sala I Cámara Federal de Casación Penal.

También desestimaron un planteo sobre la supuesta parcialidad del presidente del tribunal oral, basado en que su hijo trabajaba en el área jurídica de la Aduana. Los jueces señalaron que el familiar no había intervenido en la causa y que no existían elementos objetivos para cuestionar la imparcialidad del magistrado.

En su voto, Petrone destacó la valoración conjunta de las pruebas realizada durante el juicio, especialmente la correspondencia entre las comunicaciones interceptadas, los registros de los turnos, las imágenes del puente y los secuestros de mercadería.

La Cámara también consideró justificada la mayor pena impuesta a Esquivel por sus responsabilidades jerárquicas y su obligación de supervisar el cumplimiento de los controles.

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