El ex juez Bailaque enfrentará un sólo juicio por corrupción: la Fiscalía pedirá diez años de prisión

La Justicia Federal de Rosario resolvió unificar tres investigaciones contra el ex magistrado acusado de extorsiones, lavado de dinero, maniobras con fondos de una cooperativa y de favorecer a personas vinculadas con el narcotráfico. También prorrogó por seis meses su arresto domiciliario.

El ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque enfrentará un único juicio oral por una serie de presuntas maniobras de corrupción cometidas durante su desempeño en la magistratura. Las acusaciones incluyen desde el cobro de dinero a empresarios hasta decisiones judiciales que, según los fiscales, beneficiaron a un financista y obstaculizaron investigaciones vinculadas con el narcotráfico.

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario resolvió reunir en un mismo debate las tres causas que involucran al exmagistrado, al considerar que existe una estrecha relación entre los hechos investigados. La Fiscalía anticipó que solicitará una condena de diez años de prisión, además de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y multas.

La decisión fue adoptada por los jueces Elida Vidal y Aníbal Pineda, quienes hicieron lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal para que las acusaciones sean examinadas conjuntamente.

“Existe conexidad objetiva y subjetiva entre los hechos investigados respecto de Bailaque en su rol de juez. Los delitos por los cuales se lo acusa se relacionan con hechos en el ejercicio de la magistratura”, sostuvo Pineda al fundamentar la resolución.

El ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque renunció a su cargo el 11 de junio de 2025.

Los magistrados también prorrogaron por seis meses el arresto domiciliario que cumple Bailaque, con monitoreo electrónico, o hasta que comience el juicio oral, lo que ocurra primero. La medida respondió, entre otros argumentos, a la necesidad de proteger a testigos que podrían declarar durante el debate.

Extorsiones, pagos y una operación inmobiliaria

Según se desprende de la investigación penal, Bailaque habría actuado junto con el financista Fernando Whpei, el escribano Santiago Busaniche y el exfuncionario de la AFIP Carlos Vaudagna. Entre los años 2019 y 2024 impulsaron actuaciones judiciales y administrativas contra empresarios para presionarlos económicamente. En uno de los episodios habrían exigido 200.000 dólares a cambio de evitar perjuicios en una causa penal. La víctima entregó 160.000 dólares.

La Fiscalía también sostiene que el ex juez recibió pagos mensuales canalizados a través de una mutual vinculada con Whpei. Los desembolsos, realizados entre 2019 y 2025, alcanzaron un total de 5,7 millones de pesos.

En ese mismo expediente se investiga una operación inmobiliaria que involucró a Bailaque y a su esposa, Graciela Martínez Maulion. Según el MPF, ambos habrían utilizado fondos de origen ilícito para adquirir derechos sobre un terreno en un barrio cerrado de Funes, por el que pagaron 70.000 dólares en efectivo.

Fondos de una cooperativa y vínculos con el narcotráfico

A su vez, los fiscales sostienen que el ex juez adoptó resoluciones contrarias a derecho para favorecer al financista Whpei, con quien mantenía una relación que habría ocultado durante el proceso.

Entre las decisiones cuestionadas figura la liberación de fondos de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín que posteriormente fueron destinados a operaciones con entidades vinculadas al empresario. Las autorizaciones alcanzaron inicialmente los 150 millones de pesos y luego otros 1.000 millones.

La tercera investigación está vinculada con el accionar del exmagistrado frente a causas relacionadas con la organización narcocriminal de Esteban Lindor Alvarado, condenado a prisión perpetua y actualmente alojado en el penal de Ezeiza.

Esteban Lindor Alvarado, capo narco de Rosario.

Según la acusación, entre 2014 y 2015 Bailaque dictó resoluciones que provocaron la paralización de investigaciones y favorecieron a Gabriel Mizzau, un contador señalado como amigo personal del exjuez y vinculado con empresas utilizadas por la organización criminal.

Por estos hechos, el Ministerio Público Fiscal le atribuye distintos delitos, entre ellos prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, extorsión, concusión, recepción de dádivas, falsedad ideológica y lavado de activos agravado.

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