Abel Furlán, ex secretario general de la UOM, presentó un escrito ante el juez Julián Ercolini para rechazar la acusación de haber administrado infielmente los fondos del gremio. Se lo investiga por contratar a la empresa USEM, creada ochenta y dos días antes de la firma del convenio, con una empleada del sindicato como socia, para manejar las cuentas del sindicato y de su obra social.
En el texto, el sindicalista negó haber cometido un delito al firmar, el 27 de febrero de 2023, un contrato con la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), que administró la caja del gremio y los aportes de los afiliados. Su defensa gira en torno a una idea: no fue una decisión personal ni oculta, sino un acto de administración que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) necesitaba y aprobaron sus órganos.
El juez Julián Ercolini lo convocó a declarar por haber “tomado parte en una maniobra mediante la cual se habrían administrado infielmente” los intereses de la UOM y de su obra social. El mismo día, Abel Furlán, el secretario adjunto Naldo Brunelli, el secretario administrativo Osvaldo Lobato y el tesorero José Luis Ortiz firmaron dos contratos de locación de servicios con USEM, uno por el sindicato y otro por la obra social.
La sospecha del Juzgado se apoya en varios puntos. USEM había sido constituida ochenta y dos días antes de la firma. Una de sus dos accionistas, María Soledad Calle, era empleada de la UOM y es la militante que compró el departamento de abajo de Cristina Kirchner, en San José 1111. Los contratos duraban diez años, fijaban honorarios porcentuales sobre lo recaudado y no se habría acreditado que USEM cumpliera lo pactado.
El fideicomiso del Banco Nación y el papel de USEM
Furlán explicó que los contratos fueron consecuencia del nuevo fideicomiso que la UOM firmó el 20 de octubre de 2022 con el Banco Nación, por veinte años. Desde 2002, el sindicato operó con un fideicomiso anterior y con una sociedad administradora, Donington SA, creada con ese fin. En 2022, ante el vencimiento, el Consejo Directivo facultó al Secretariado Nacional a decidir si renovaba esos acuerdos y éste resolvió no hacerlo.

Según el escrito, el nuevo convenio con el banco exigía que las cuentas corrientes de las 53 seccionales estuvieran “a nombre de una persona jurídica que designe el fiduciante”. USEM, afirma, fue contratada para esa gestión bancaria y no para administrar los fondos: “la contratación de la empresa, no para la administración de los fondos, sino para la gestión bancaria, era exigencia del nuevo convenio de fideicomiso”.
Furlán destacó que el propio juzgado reconoció “el carácter colegiado de la decisión que precedió a la celebración del instrumento”. Los otros seis miembros del Secretariado, entre ellos Gustavo Daporta y Diego Espeche, ya se presentaron para rechazar la existencia de un delito, y Furlán propone que declaren bajo juramento.
Sobre la creación de USEM a pocos días de la firma del contrato, el ex dirigente argumentó que “que una sociedad haya sido organizada para atender una necesidad concreta no demuestra simulación”, y que lo mismo había ocurrido con Donington en su momento.

Respecto de Calle, quien según la acusación trabajó en la UOM entre junio de 2021 y mayo de 2026 y a la vez era directora suplente y titular del 50% de USEM, el escrito planteó que la ley de asociaciones sindicales no prohíbe contratar a una sociedad por esa circunstancia.
Frente al reproche de que no hubo compulsa de precios, el sindicalista se remitió a las “conversaciones” y el “sinfín de reuniones” con distintas empresas que mencionan las resoluciones del Secretariado, aunque no indica cuáles fueron esas compañías ni qué cotizaciones ofrecieron.
Sobreseimiento e inhibición de bienes
En el escrito redactado por sus defensores, Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, el ex titular de la UOM reclamó el levantamiento de la inhibición de bienes resuelta por Ercolini “sin pedido fiscal”, en una causa en la que, aseguró, no se lo señala como beneficiario económico. Por último, solicitó su sobreseimiento porque “el hecho investigado no se cometió”.
