En octubre los argentinos debemos elegir entre cinco candidatos quién ocupará la Presidencia de la Nación. Mucho se habla sobre sus diferentes propuestas económicas pero poco sobre los proyectos en materia de justicia. Cuales son los planes de nuestros posibles Presidentes en esta nota de Quórum.
El domingo 22 de octubre los argentinos volvemos a las urnas para elegir, entre otras, quién será el próximo Presidente de la Nación. Los cinco candidatos empiezan a transitar el final de sus campañas, luego de participar en los dos debates obligatorios organizados por la Cámara Nacional Electoral.
Dichos debates sirven para escuchar las principales propuestas de los candidatos para la Presidencia pero, principalmente, para evaluar sus conductas y sus respuestas frente a preguntas no pautadas de antemano.
Ahora bien, si algo ha quedado claro en todos estos meses es que la principal preocupación de los ciudadanos pasa por la economía y ese es el tema que ha monopolizado la discusión política tanto en los medios de comunicación como en las propagandas electorales.
Sin ir más lejos, en el segundo debate de candidatos aunque la economía no fue un eje, hubo una constante mención del tema en detrimento de las demás problemáticas que también son importantes.
Revista Quórum no sólo escuchó atentamente los intercambios de opiniones de los candidatos sino que leyó las plataformas que tuvieron que presentar en la Justicia electoral para saber qué piensan sobre la justicia y cuáles son las iniciativas vinculadas a este poder del Estado que promueven las cinco fuerzas políticas que aspiran a presidir el país.
Javier Milei (La Libertad Avanza)
La plataforma electoral de Milei es la más extensa y podría decirse que hasta podría llegar a ser la más completa. Sin embargo, a la hora de hablar sobre justicia sólo hay algunas menciones, que básicamente plantean cambios a la legislación actual. Son las siguientes:
“El cambio que propone Avanza Libertad comienza por la remoción de nuestra legislación penal de los elementos garantista que contiene; y se complementa con la remoción de jueces que no estén dispuestos a aplicar la ley por su ideología garantista; o son jueces corruptos; o se caracterizan por su falta de independencia del poder político. Por supuesto que el reemplazo de estos jueces debe hacerse por mecanismos políticos renovados que garanticen el nombramiento de jueces honestos, independientes y capaces de aplicar objetivamente leyes penales que castiguen proporcionalmente a la gravedad del crimen cometido, para erradicar la sensación de impunidad que multiplica el crimen. Un cambio de esta naturaleza no podrá ejecutarse sino con un gobierno que transpire honestidad y sentido común desde su misma cabeza; y tenga el coraje de encarar las medidas que sean necesarias para ejecutar el cambio. Pues desde los inicios de la democracia en 1983, el padrinazgo político de los jueces fue un vicio permanente de una democracia alejada de los principios de independencia real de los poderes. Por supuesto que la predefinición ideológica y ética que se propone condicionará cambios de políticas en todos los frentes de la política de seguridad, que a continuación se ejemplifican, sin intención de agotar su alcance en este documento”.
Y agrega: “Cambios en la legislación. Se perfeccionará el sistema de control de portación de armas y se penalizará gravemente la comisión de delitos con amenaza de armas; y en particular, cuando el crimen derive en daño o muerte de la víctima. Se reducirá la edad de imputabilidad de menores a los 14 años. Para crímenes cometidos por menores por debajo de la edad de imputabilidad, los padres o tutores serán constituidos en responsables con penas económicas que incluyan desde servicios a la comunidad, multas y hasta prisión cuando se demuestre complicidad o instigación. La legislación amenguará la responsabilidad de los padres que adviertan a la policía o a la justicia el peligro potencial de las actividades de sus hijos; o provean información sobre participación efectiva de sus hijos en crímenes ocurridos; o información de su paradero; o se responsabilicen por recuperar a sus hijos de la criminalidad. Se perfeccionará el lenguaje de las leyes penales para eliminar su ambigüedad, disminuyendo a un rango normal los márgenes de discreción que les queda a los jueces en cuanto a aspectos procesales y aplicación de penas. Las penas que sancione la ley serán de cumplimiento efectivo, terminándose con la institución de la conmutación de penas a discreción de los jueces. Los casos excepcionales de conmutación de penas serán taxativamente enumerados por la ley, limitándose a delitos menores, por crímenes de no reincidentes y mediando probada buena conducta en su estadía carcelaria. La utilización de la suspensión del juicio a prueba (probation), la condicionalidad de las penas y las liberaciones a criterio del juez, se limitarán estrictamente a hechos ilícitos de menor entidad en donde no exista riesgo para las personas. Los presos por cualquier causa verán reducidos sus derechos como ciudadanos normales. En particular se les suspenderá su derecho a votar mientras permanezcan en la cárcel y a la recepción de cualquier sueldo o beneficio social que el Estado garantice a los ciudadanos que cumplen con la ley. Los derechos que les correspondieren como padres receptores de beneficios como la AUH serán trasladados a un tutor designado por el juez. La recepción de remuneraciones durante la estadía carcelaria podrá estar solamente relacionadas a la participación en trabajos organizados en las cárceles que tengan un valor económico tangible”.
Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio)
Bullrich también presentó en la Justicia electoral una plataforma que incluye prácticamente los principales temas de la agenda pública. Los ítems vinculados a la Justicia son estos:
- Venimos de veinte años de intentos de cooptación de la justicia, de proyectos que tuvieron como única finalidad la impunidad y la corrupción. Es tiempo de decir basta a esos ataques a la Justicia, debemos defender su institucionalidad y su rol central para el funcionamiento de la democracia moderna que aspiramos a alcanzar.
- Llevaremos adelante la modernización y rediseño del Sistema de Justicia de forma tal que cuente con las herramientas y estructura organizacional adecuada para que pueda dar las respuestas y soluciones en tiempo y forma a los problemas de los argentinos.
- Pondremos a las víctimas como centro de protección del Derecho Penal, dejando atrás el zaffaronismo, que defiende a los delincuentes, brindando patrocinio jurídico gratuito para quienes se encuentren en condición de vulnerabilidad de todo el país; una efectiva asistencia psicológica y económica.
- Vamos a despolitizar el sistema judicial, impulsando la reforma del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la selección y remoción de los jueces, que deben ser independientes, probos y capacitados para garantizar su independencia y terminar ataques e intentos de cooptación permanentes para controlarlo y lograr así su virtual neutralización.
- Impulsaremos un sistema de selección transparente y eficiente para los aspirantes a magistrados en el país. Se debe respetar el orden de mérito establecido y evitar cualquier favoritismo. También pondremos un plazo legal para que el Poder Ejecutivo Nacional y el Senado cumplan las etapas de la designación de magistrados, evitando su manipulación. En lo inmediato cubriremos el gran número de vacantes existentes en la justicia federal y nacional.
- Vamos a trabajar para eliminar la burocracia del Sistema de Justicia. Apuntamos al rediseño de las estructuras organizacionales, modificando dinámicas y prácticas laborales, con asignación de roles y división eficiente del trabajo, apostando fuertemente a la gestión digital de los casos, a la incorporación de tecnología y a la investigación penal inteligente.
- Vamos a acelerar los plazos judiciales, implementando la Reforma del Código Penal y Procesal Penal que implica una justicia ágil y con investigaciones más eficientes donde sean los fiscales los que estén a cargo de las investigaciones y tengan que presentar sus casos ante los jueces, quienes tomarán todas sus decisiones en audiencias orales y públicas.
- Trabajaremos con las provincias para que implementen el régimen acusatorio, el proceso de implementación de la reforma procesal penal es fundamental para tener un sistema en que la oralidad, la gestión digital, la agilización, la publicidad y la transparencia sean la marca distintiva de los procesos judiciales.
- Vamos a impulsar una reforma integral del sistema carcelario, construyendo cárceles de máxima seguridad, con bloqueo de comunicaciones, y regímenes obligatorios de aislamiento para líderes de organizaciones criminales.
- Descontaminación legal. Evitaremos las superposiciones y derogaremos gran cantidad de leyes que sólo perturban, afectan el derecho de propiedad y traban las actividades.
Sergio Massa (Unión por la Patria)
Los socios de Unión por la Patria presentaron su plataforma electoral para a las elecciones de 2023 con un documento, entregado a la Cámara Nacional Electoral, en el que no precisan un plan concreto de acción para un eventual gobierno, responsabilizan a la gestión de Mauricio Macri de los principales problemas del país y destacan la necesidad de sellar “un nuevo pacto democrático” para avanzar hacia una “indiscutible independencia económica”, una “irrenunciable soberanía política” y la “anhelada justicia social”.
El documento es fundamentalmente una declaración de principios y plantea interrogantes que no responde. Dice, por ejemplo: “El desafío es pensar una política exterior distinta que nos permita relacionarnos con todos los países bajo la premisa de una clara defensa de la soberanía, respeto a los derechos humanos, interés nacional, integración regional y el multilateralismo. Pensarnos a futuro implica responder algunas preguntas: ¿Qué vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo vamos a compatibilizar la necesidad de dólares para pagar la deuda externa privada y con el FMI, con los dólares que también necesitamos para sostener el desarrollo argentino y la inversión para diferentes sectores de nuestra industria? Estas son algunas de las cosas que tenemos que discutir cómo hacemos una Argentina sostenible”.
La plataforma comienza con el planteo de la necesidad de sellar un “nuevo pacto democrático”. Destaca que el acuerdo básico se rompió el 1 de septiembre pasado, con el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Significó la ruptura del pacto democrático reconstruido en 1983 que implicaba que no se podía ya pensar en la supresión física del adversario”, dice la plataforma en su segundo párrafo, y destaca que la calidad institucional no es solo responsabilidad de un gobierno, sino también de la oposición, que debe separar a los violentos y a los que difunden un mensaje de odio.
Según el documento, la “ruptura” fue “resultado de una secuencia lógica signada por los discursos de odio, una secuencia deshumanizadora y violenta que empieza en 2015 y se estructura a partir de una matriz de persecución judicial y mediática con la complicidad de poderes fácticos y hegemónicos en la Argentina con un único objetivo: exterminar a quienes defienden los intereses del pueblo”.
Ahora bien, Massa habló sobre justicia en el debate y afirmó lo siguiente:
“Tenemos el objetivo de que lo recaudado por la justicia y ese organismo vuelva a fortalecer el sistema de funcionamiento de las fuerzas de seguridad, pero también de la justicia y una parte vaya a los clubes de barrio por la tarea social que realizan. Por último, el tercer eje. Tenemos que animarnos a exigirle cuentas también a la justicia. No puede ser que un juicio por indemnización demore cinco años, que una adopción demore siete años y que una excarcelación o una orden de allanamiento demore 7, 10 o 15 días. Claramente vamos a medir con un cambio en la ley el funcionamiento de los jueces para que también ellos tengan que rendir cuentas frente a la sociedad”.
Juan Schiaretti (Hacemos por nuestro país)
El actual Gobernador de Córdoba fue otro de los candidatos que presentó una extensa plataforma pero optó por no manifestar exactamente qué planes tiene para la justicia. En su documento sólo expresó:
“Argentina necesita mayor calidad institucional, con pleno respeto de la división de poderes, sin avasallamientos de un poder sobre otro. Respetando la independencia del Poder Judicial de la Nación. No se alcanzará un verdadero progreso económico y social si se gobierna de manera autocrática y feudal. No se alcanzará un verdadero progreso económico y social si se gobierna de manera autocrática y feudal. No es progresista quien recita consignas, sino quien aplica políticas que apuntalan la movilidad social ascendente respetando la institucionalidad”.
Myriam Bregman (Frente de Izquierda y los Trabajadores)
Por su parte Bregman sostiene que es necesaria la elección popular de fiscales y jueces con mandatos revocables; la eliminación de todos sus privilegios de casta; juicio por jurados; que todos los jueces cobren como un docente; la anulación de toda legislación represiva contra la protesta social; la anulación de las causas judiciales contra luchadoras y luchadores; cárcel común, perpetua y efectiva a los genocidas y sus cómplices civiles; a los responsables de los crímenes de la Triple A y a los asesinos del gatillo fácil; que cesen en sus cargos todos los jueces en funciones que juraron por el estatuto de la dictadura; no al Consejo de la Magistratura y al actual método de designación de los magistrados”.
