Luego de que la semana pasada se haya aprobado de manera general, la Cámara baja retornará el debate parlamentario en lo que se estima una larga discusión punto por punto de la Ley Ómnibus.
El Palacio Legislativo volverá a estar en el foco de la óptica política con la continuación del tratamiento del proyecto de ley “bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, previsto para las 14 horas.
Luego de que el pasado viernes fuera aprobado de manera general con 144 votos afirmativos y 109 negativos, se espera que el tratamiento continúe y vaya incrementando el tenor de las discusiones, ya que ahora el debate pasará a realizarse artículo por artículo.
Aún no hay certezas de cómo resultarán las votaciones de determinadas iniciativas, lo que tiene que ver con las emergencias solicitadas por el Poder ejecutivo, lo cual se traduciría en facultades extraordinarias para el Presidente Javier Milei por el el lapso de un año, con posibilidad de prorrogarse por un período más.
Otras las discusiones candentes que se han llevado a cabo hasta el momento y que hasta aquí no han tenido resolución tiene que ver con el Impuesto país, tributo que se cobra a las compras con moneda extranjera para ahorro, pagos de bienes o servicios en el exterior con tarjeta de crédito o débito (por ejemplo los gastos generados por los servicios de streaming, compra de videjuegos, etc.).
Es que desde las gobernaciones se pretende que dicho gravamen sea coparticipable, en una búsqueda de las provincias por incrementar los ingresos de sus arcas, cuando desde el Gobierno nacional se ha manifestado en reiteradas oportunidades que “no hay plata”.
Si bien el paquete de modificaciones en el ámbito fiscal fue dejado de lado, desde varios sectores indicaron que fue un error correrlo del debate, ya que esto también ha perjudicado a las provincias, en especial la modificación al Impuesto a las Ganancias, aprobado durante el final del gobierno de Alberto Fernández e impulsado por el otrora Ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa.
Otro capítulo que se llevará los flashes de esta maratónica discusión será el de las privatizaciones de empresas públicas: en el texto original de la Ley ómnibus se hablaban de más de 40 empresas para efectuar el pase al sector privado.
Luego de negociaciones y el trabajo realizado en enero durante las comisiones, el número de empresas se redujo a 36. Entre otras, se excluyó a YPF, una de las empresas que más rechazos aglutinaba por parte de varios sectores opositores, teniendo en cuenta que la entidad está próxima a transformarse en una importante exportadora de energía, gas y petróleo.
Sobre el final del tratamiento en general del megaproyecto, el Ejecutivo envío a los bloques dialoguistas un nuevo ajuste de las empresas a privatizar, quedando en definitiva 27 compañías. Además, otras tres (Banco Nación, ARSAT y Nucleoeléctrica) podrían ser privatizadas de manera parcial.
La toma de deuda externa es también un capítulo controvertido y que marcarían una fuerte discrepancia en los bloques opositores. El proyecto estipula que el Ejecutivo podrá tomar deuda externa sin la necesidad de tener el aval del Congreso, además de que no habría necesidad de explicar que la nueva deuda que se adquiere sea mejor en cuanto a los plazos, intereses o montos.
Con todo lo narrado, y con el recuerdo más que fresco de lo acontecido la semana pasada, se especula con varios días de debates y el futuro incierto para varios artículos del proyecto, que al momento de llegar a la mano de los Diputados contaba con 664 artículos y hoy se redujo alrededor de 230.