Finalmente la jueza Federal Cristina Pozzer Penzo mantuvo este miércoles una entrevista con miembros de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación. La magistrada pudo brindar testimonio voluntario en el marco de una causa por la cual fue denunciada.
En la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura tramitan actualmente varias denuncias contra la jueza Federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo. La más resonante es la que plantea el expediente 164/2023 iniciado en su contra por abuso de autoridad y maltrato cotidiano y en forma creciente presentada por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación.
Tal como informó oportunamente Quórum, la abogada defensora de Pozzer Penzo, Mariana Barbitta, intentó hacer uso de la palabra durante una de las reuniones de la comisión donde se analizaron dos recusaciones realizadas por la magistrada que finalmente fueron desestimadas por los consejeros.
En dicha oportunidad Barbitta no pudo intervenir formalmente pero insistió hasta que los miembros de la Comisión de Acusación accedieron a mantener una reunión con ambas.
Finalmente este miércoles 29 de mayo Barbitta acompañó a la jueza Pozzer Penzo a la sede del Consejo de la Magistratura, donde pudo hablar directa y personalmente con los consejeros.
Se trató de un hecho inédito, ya que esta entrevista no está formalmente incluida en el Reglamento. La misma tuvo carácter público y contó con la participación del presidente de la Comisión, Miguel Piedecasas, y el vicepresidente de la Comisión, Rodolfo Tailhade, quienes escucharon atentamente a la Dra. Pozzer Penzo alrededor de 30 minutos.
Si bien esta entrevista no quita que los consejeros decidan citar a la jueza a prestar una especie de indagatoria, desde la defensa de la jueza afirmaron: “Esto ha supuesto un avance muy importante en el marco del procedimiento del Consejo de la Magistratura, ya que es la primera vez que se permite que la persona denunciada ejerza su derecho a ser oída sin que haya existido una convocatoria en los términos del artículo 20 del Reglamento, lo cual refleja un verdadero respeto por los derechos y garantías constitucionales de defensa que deben regir en cualquier tipo de proceso en el marco de un Estado de Derecho”.
