El presidente de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas, viajará a la provincia de La Pampa para tomar declaraciones en el marco del expediente iniciado contra el juez federal Pablo Ramiro Díaz Lacava, acusado de maltrato laboral e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El maltrato laboral en el ámbito judicial es un problema grave que puede tener consecuencias significativas tanto para los individuos afectados como para el funcionamiento general del sistema judicial.
Este fenómeno incluye desde el acoso y la discriminación hasta la explotación y el abuso de poder. Lamentablemente, este tipo de acciones son minimizadas y toleradas sin oponer resistencia. No sólo por temor a perder el puesto de trabajo sino también porque una denuncia podría tener como consecuencia la dificultad de ascender en la carrera profesional.
La concreción de una presentación contra el accionar de un magistrado es un hecho muy importante, que debe evaluarse seriamente y brindarse todas las garantías a los trabajadores para transitar un proceso que no es corto ni sencillo con la mayor tranquilidad posible.
Si bien hay varios expedientes que tramitan en el Consejo de la Magistratura para ser evaluados por sus integrantes a fin de determinar si se avanza la acusación y se establece una determinada sanción, tiene especial relevancia el expediente iniciado contra el juez federal Pablo Ramiro Díaz Lacava s/amenazas coacción (art. 49 bis) y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (art. 248).
Es que durante el jueves 27 y viernes 28 de junio la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura dispuso la realización de audiencias testimoniales en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, a fin de recibir declaración a 16 testigos allí residentes, con la presencia del consejero presidente Miguel Piedecasas y el Secretario, quienes se trasladarán a esa jurisdicción y llevarán a cabo el acto en la sede del Tribunal Oral Criminal Federal (TOF).
Entre las personas que presentarán declaración figuran los cuatro querellantes: el secretario de Cámara, Ignacio Rodríguez Berdier; la secretaría de Derechos Humanos, Alina Trento; el secretario de Ejecución Penal, Ricardo Sequeira González; y Norma Martínez.
Como testigos también se presentarán los jueces del TOF, José Mario Triputti y Marcos Aguerrido, quienes comparten tribunal con Díaz Lacava. Ambos avalaron las denuncias de funcionarios y empleados contra el acusado.
También declararán ante autoridades de la Magistratura la defensora ante el TOF Laura Armagno; el defensor Coadyuvante Luciano Rodríguez; la secretaria del TOF de Bahía Blanca Cecilia Yapur; Erika Savluk; Bárbara Medwid; Laura Sosa; Mariela Eiffes; Mónica Fernández, una trabajadora ya jubilada y de extrema confianza con Díaz Lacava; y Alicia Gebel, también jubilada. Fernández y Gebel por la edad y por la pandemia no concurrían al tribunal desde marzo del 2020.
Por otra parte, este martes Díaz Lacava declaró en indagatoria ante el juez federal Juan José Baric, quien lleva adelante la causa penal por las acusaciones contra el magistrado. Cabe mencionar que se trata del primer magistrado en la historia en recibir una prohibición de contacto y acercamiento con los secretarios y personal a su cargo.
La causa penal se inició en abril del año pasado, mientras que en mayo la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca dictó la medida cautelar a instancias de lo solicitado por la fiscalía.
Díaz Lacava está imputado por los delitos de amenazas en perjuicio de seis víctimas en un contexto de violencia, maltrato laboral, y para los casos de las mujeres, en un contexto de violencia de género; amenazas agravadas en perjuicio de dos personas por tener como propósito compeler a una persona a hacer abandono del trabajo; lesiones en la salud de cuatro trabajadores; lesiones graves en la salud de una persona por haberla inutilizado para el trabajo por más de un mes; y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por dictar órdenes contrarias a la ley, reiterados en tres ocasiones.
Sólo a modo de ejemplo, en el pedido de declaración indagatoria realizado por el Ministerio Público Fiscal que consta de 204 páginas, se menciona en caso puntual de Norma Martínez: “De esta manera es posible apreciar cómo ya desde un primer momento, con el arribo mismo del juez Díaz Lacava, a partir de su designación como magistrado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, comenzó un proceso de selección, desgaste, hostigamiento psicológico, con actitudes impredecibles, a veces contradictorias, otras intempestivas, ejerciendo en ocasiones incluso una violencia silente y sutil -si se nos permite la expresión-, por medio de la cual fue socavando la humanidad de la Dra. Martínez en lo atinente a su psiquis, su ser, su confianza, vitalidad, amor propio, etc. Resultan sumamente elocuentes aquellos episodios tristemente finales en la carrera judicial de la distinguida funcionaria, acontecidos a finales de febrero de 2019, cuando rogándole Martínez a su juez de ejecución penal una ayuda objetiva para sobrellevar no sólo la carga laboral, sino el momento emocional que venía transitando en base a maltratos, destratos, indiferencia, etc., Díaz Lacava se erige ante ella casi como una deidad, un emisario divino, casi un punto medio entre Jesucristo y los justiciables, ‘primero está Dios y después estoy yo’ le dijo y terminó de desencadenar el desamparo que Martínez ya acumulaba a cuestas”.
