Así lo dispuso el juez federal Sebastían Casanello contra el referente del Partido Obreo y otro miembros, a raíz de la investigación por desvíos de fondos del Estado a través del programa “Potenciar Trabajo» para fines partidarios.
La causa se originó a fin del 2023, cuando el Ejecutivo habilitó la línea telefónica 134 perteneciente al Ministerio de Seguridad, con la intención de que se denuncie de manera anónima instigación o coacción para realizar piquetes.
El 20 de diciembre, fecha en la que se produjo la primera movilización piquetera contra el Gobierno de Javier Milei, hubo denuncias en todo el país pero se hizo hincapié en 45 reportes específicos en la Capital Federal, recibidos por el fiscal Pollicita.
Se le tomó declaración a cinco personas y con el avance de las investigaciones, se comenzó a llamar a indagatoria a diferentes miembros del Polo Obrero.
Según la resolución de Casanello, se confirmó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.
“Ha quedado demostrado que las personas nombradas que tenían a su cargo la administración de tales fondos, se apartaron de las obligaciones asumidas y los aplicaron a una finalidad distinta”, se detalla en el escrito.
Además de Belliboni, fueron procesados Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
A María Isolda Dotti y Gianna Puppo además se las incluye por amenazas coactivas, mientras que a Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia las acusan de ser autoras de amenazas.
La medida también alcanzó a Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz como partícipes de la defraudación y amenazas coactivas.
De las 168 páginas que consta la resolución del Casanello, se desprende que “generaron un perjuicio a las arcas del Estado, retuvieron de manera indebida un porcentaje del dinero percibido por los titulares del programa y que a partir de un aprovechamiento de la posición de poder en que se encontraban respecto de los beneficiarios del programa social, se les impuso el cumplimiento de una serie de exigencias, bajo la advertencia de perder la ayuda estatal, que no tenían que ver con el objetivo de promover su inclusión social y/o contribuir al mejoramiento de su empleabilidad”.