La Cámara Federal porteña confirmó este jueves 17 de octubre el procesamiento del ex ministro de Salud del gobierno de Alberto Fernández, Ginés González García, por presunto “abuso de autoridad y peculado” a raíz del llamado “vacunatorio VIP”.
En esa causa judicial se investiga la vacunación contra el Covid-19 de una serie de personas que según se denunció llegaban recomendadas por funcionarios y salteaban los requisitos de salud y etarios que regían en ese momento.
La Sala I del Tribunal de Apelaciones confirmó el procesamiento a Ginés González García, a su ex secretario privado Marcelo Guille y al director nacional ejecutivo del Hospital Posadas Alberto Maceira.
Además, los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens ordenaron a la jueza de la causa María Eugenia Capuchetti que profundice la pesquisa y analice la responsabilidad de “quienes se beneficiaron de ese espurio obrar” al “adelantarse” y vacunarse antes de lo que para ellos establecía el calendario oficial.
“El que unos pocos hayan recibido el tratamiento exclusivo que obtuvieron -según el relato de hechos- cristaliza una inadmisible torsión de la senda que la ley imponía. Aún cuando por edad hubiesen tenido derecho a la vacunación a ese tiempo, la desviación de recursos humanos y materiales para ser vacunados en la comodidad de su hogar, o en un vacunatorio instalado para la ocasión, es la más clara demostración de que lo actuado no estuvo amparado por la legalidad”, advirtieron los jueces en la resolución a la que tuvo acceso Quórum.
«Las condiciones de “Personal de Salud”, de “Personal Estratégico” y de “Personas de 60 o más años” fueron empleadas a conveniencia en el sistema informático para registrar las aplicaciones empleando, irregularmente, las limitadas opciones que brindaba en
consonancia con las fronteras impuestas por la normativa vigente», advirtieron los jueces.
La Cámara fijó el embargo para Ginés González García en 20 millones de pesos.
Al conocerse la decisión del Tribunal de Apelaciones, el impulsor de la denuncia, el legislador Yamil Santoro, emitió un comunicado en el que manifestó que el procesamiento «es un paso crucial hacia la justicia. No descansaremos hasta que se garantice que todos los responsables rindan cuentas”.
Cómo sigue
Tras esta resolución de la Cámara Federal, la jueza Capuchetti tendrá que determinar si quienes resultaron inoculados en los hechos investigados estaban dentro de los grupos que establecía la normativa en cada momento. De no ser así, en base a las directivas del Tribunal superior, debería citarlos para que hagan su descargo
Qué se investiga
La Justicia tiene tres episodios en la mira:
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El 18 de febrero de 2021 un equipo de vacunación del Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” con 10 dosis de la vacuna contra el Covid-19 asignada para uso del personal se trasladó hasta el Ministerio de Salud.En un «vacunatorio instalado al efecto, un grupo de personas aguardaba recibir una de las dosis de la Sputnik V, componente 1, recién llegadas al país desde la Federación Rusa» Entre ellos estaban «Jorge Taiana, Eduardo Valdés. Horacio Verbitsky, entre otros «. Según la acusación, ese día eludieron criterios establecidos en la Resolución MSAL N° 2883/2020, dictada el 30/12/2020» por el entonces ministro de Salud González García
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El 1 de febrero de 2021 cuando por presunta indicación de «González García, el subsecretario Costa acudió al domicilio particular de Eduardo Alberto Duhalde con 5 dosis de la vacuna contra el Covid-19 asignadas al Ministerio de Salud. Duhalde, su esposa Hilda Beatriz González; sus hijas Juliana y María Eva Duhalde ; y Carlos Alberto Mao fueron quienes recibieron las ventajas que a otros -a ese tiempo- les eran negadas»
- Entre los días 29 de diciembre de 2020 y el 19de febrero del año siguiente 36 dosis de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19 asignadas al Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” para la inoculación urgente y prioritaria del personal de salud fueron empleadas para vacunar indebidamente a personas ajenas al instituto y a las estrictas condiciones impuestas por la ley, agrega la acusación
