La investigación por los supuestos pagos de sobornos a ex funcionarios kirchneristas por parte de empresarios vinculados a la obra pública nacida de los cuadernos del remisero Oscar Centeno en 2018 sigue sin fecha de juicio oral a la vista. En el mientras tanto, se suceden los planteos de quienes intentan quedar lejos del banquillo de los acusados.
En ese sentido, un empresario planteó ante la Cámara Federal de Casación Penal que todo lo hecho en relación a su persona durante la investigación es nulo porque antes de ser interrogado en Tribunales fue a una escribanía y dejó constancia de su intención de mentir y confesar algo que no hizo por temor a quedar detenido.
Eran tiempos en que la causa ocupaba la tapa de todos los diarios y el empresario Mario Ludovico Rovella apareció en un listado de un financista arrepentido, Ernesto Clarens, en una parte del caso conocido como “la camarita”.
Convocado a prestar declaración indagatoria a los tribunales federales de Retiro Rovella confesó -sin obligación de decir la verdad en calidad de imputado- el pago de sobornos a cambio de obtener obras para su empresa.
A juicio
Cuando la causa llegó a etapa de juicio y se sorteó un Tribunal, el Oral Federal 7, la defensa entregó en sobre cerrado y lacrado esa exposición ante escribano público. Se hizo un día antes de la citación a indagatoria en el juzgado federal del fallecido juez Claudio Bonadío.
Al notario le anticipó -como una manera de preconstituir prueba- su decisión de mentir al día siguiente por temor a ir preso.
Ante el TOF 7 la defensa avanzó en tres ejes: nulidad de esa declaración indagatoria, de un entrecruzamiento de llamadas sobre los resultados vinculados al empresario y los requerimientos de elevación a juicio de fiscalía y de la querellante Unidad de Información Financiera.
Entendió que “no satisfacen los requisitos del debido proceso adjetivo, afectando la garantía constitucional de defensa en juicio”, según resoluciones a las que tuvo acceso Quorum
Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli rechazaron los tres planteos.
El No de Casación
Ahora, la Cámara Federal de Casación también le negó al empresario la posibilidad de quedar afuera del futuro debate oral con los argumentos habituales para este tipo de presentaciones: “No reviste calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella”. Es decir, todo podrá ser debatido en el marco del futuro juicio oral.
La decisión fue de los jueces Gustavo Hornos, Guillermo Yacobucci y Alberto Mahiques.
“Aquellas resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen el requisito de carácter final, ya que no ponen fin al procedimiento sino que, por el contrario, hacen posible su continuación”, continuaron los jueces
Tampoco “ocasionan un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior, más allá del que irroga todo proceso penal”.
Cómo sigue
El Tribunal Oral Federal 7 debe fijar fecha para el inicio del debate oral. En el interín resuelve decenas de planteos de las partes. El principal conflicto ahora pasa por una resolución de otra sala de Casación, la uno, que avaló el pase de la acusación que pesaba sobre el empresario Ángelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri, del fuero federal penal a electoral.
Contexto
Se entendió que el dinero que entregó en 2013 pudo ser un aporte de campaña al kirchnerismo y no un presunto pago de soborno para beneficiarse con obra pública, eje de la acusación del caso Cuadernos.
Esta decisión fue severamente cuestionada por el TOF7 y la fiscalía realizó un pedido de nulidad, por lo que de momento no se considera firme.
La Cámara Federal de Casación exhortó ya en varias oportunidades a poner fecha de inicio, al resolver planteos por “retardo de justicia” de la fiscal del caso, Fabiana León.
Los imputados
A juicio oral están enviados la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ex funcionarios como el ex ministro de Planificación Julio De Vido, su ex segundo Roberto Baratta, el ex secretario de Obra Pública José López, entre otros.
También el remisero Centeno -en su rol de arrepentido- y empresarios vinculados a la obra pública, muchos de los cuales también se acogieron a ser “imputados colaboradores”
