El conflicto por la auditoría a la Universidad de Buenos Aires escaló a la Justicia y se definirá en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.
Allí ingresó en las últimas horas la denuncia del rector de la UBA, Ricardo Gelpi, con patrocinio de su letrado apoderado Sergio Pascale. El juez en lo contencioso administrativo federal Diego Cormick que resultó sorteado la remitió a la fiscalía para que dictamine si ese fuero es competente, antes de evaluar si concede o no una medida cautelar para impedir que la SIGEN avance en la revisión de las cuentas de la UBA.
La demanda
Se trata de una acción declarativa de certeza con pedido de medida cautelar contra el Poder Ejecutivo Nacional y la Sindicatura General de la Nación que busca declarar la inconstitucionalidad de la norma que invoca el Gobierno Nacional para auditar con este último organismo.
En ese marco se reclama “ la incompetencia de la SIGEN para ejercer el control interno” de la UBA “ por resultar contradictorios e incompatibles con las normas, principios y garantías de la Constitucional Nacional”, de acuerdo al texto al que tuvo acceso Quorum
La normativa atacada “comporta una inexcusable violación del orden jurídico constitucional”, argumenta el Rector.
Qué busca la UBA
El objeto principal es obtener en tribunales una “declaración judicial de certeza, en virtud de la cual se establezca la inconstitucionalidad y, por ende, la inexistencia de relación jurídica entre la SIGEN y la Universidad en cuanto a control interno.
En lo inmediato, se pide dictar “con carácter previo y urgente” la medida cautelar para que el PEN y la SIGEN “se abstengan de realizar cualquier tipo de acción vinculada con intervenciones” a la UBA “ bajo el nombre de auditorías y/o cualquier otra denominación que implique el control interno”
El vicerrector Emiliano Yacobitti había anticipado en una serie de posteos en la red social X el último fin de semana la postura de rechazo de esa casa de estudios. Poco antes habían recibido por escrito la notificación de la SIGEN que preveía comenzar a auditar el 28 de octubre último
“Se trata de preservar la libertad de enseñar y aprender de tentaciones autoritarias y populistas. Obviamente, la UBA acatará lo que la justicia decida”, escribió.
Y luego cuestionó la “insistencia del Gobierno de que la Sigen (cuyas autoridades las designa directamente el Presidente) intervenga las universidades públicas”.
Posicionamiento político
La UBA sostiene que en base a leyes dictadas por el Congreso de la Nación, el control externo de sus finanzas debe realizarlo la Auditoría General de la Nación.
“Mientras que los mecanismos de control interno exigidos legalmente, se encuentran a cargo de la Auditoría General de la Universidad de Buenos Aires (AG.UBA), en virtud de lo normado por Resolución (CS) Nº 8237/2013, dictada en un todo conforme con las normas que rigen en la materia”, argumenta.
“A 30 años de haberse producido la reforma constitucional que reconoció la autonomía y autarquía de las Universidades Nacionales, no resulta comprensible como algunas escuelas de pensamiento siguen echando mano a construcciones de interpretación legal sesgadas por posicionamientos políticos, que al día de la fecha entendemos son discusiones superadas”, advierte el escrito.
La SIGEN tiene “competencia exclusiva y excluyente para ejercer el control interno, sólo en las jurisdicciones que componen el PEN y en los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo”
Las Universidades Nacionales “no son organismos descentralizados dependientes del PEN” y su autonomía y autarquía implica “ la independencia absoluta del PEN y de toda injerencia y/o intervención del poder político de turno, más no del Poder Legislativo y del estricto acatamiento a las leyes emanadas del Honorable Congreso de la Nación”
Postura del Gobierno
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación anticiparon que responderán la demanda si se les da intervención y que si la decisión judicial es adversa, podrían llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Al tomar postura al respecto, el presidente Javier Milei se preguntó días pasados: “¿Está claro que la negación por parte de la UBA a ser auditada es un gran escándalo?”
En diferentes declaraciones públicas el Presidente ratificó la intención de auditar y defendió la postura de la Procuración del Tesoro que emitió un dictamen habilitando a la SIGEN.
“Los vamos a auditar, los chorros no van a tener paz en la Argentina porque el que las hace, las paga”, advirtió el Presidente. Sin embargo, en varias ocasiones se aclaró que la intención no es arancelar las universidades nacionales, sino controlar el destino de fondos públicos.
Demanda completa de la UBA
