El juez federal Julián Ercolini reprogramó para el próximo miércoles 27 de noviembre la citación a declaración indagatoria del ex presidente Alberto Fernández en la causa judicial que investiga presuntos delitos con la contratación de seguros para distintas dependencias de la administración pública nacional durante su gobierno.
El magistrado postergó así una semana el inicio de la ronda de indagatorias en esta investigación a pedido de la fiscalía por razones de agenda.
Al convocarlo como acusado en un principio lo había citado para el 20 de noviembre.
Según la resolución a la que tuvo acceso Quórum, el juez federal Julián Ercolini entiende que hay prueba suficiente para escuchar a Fernández y a otros 38 imputados citados, en una ronda de indagatorias que ante la postergación y si no surgen nuevos pedidos al respecto, terminaría poco antes de fin de año.
Ante ello el magistrado resolvería las situaciones procesales de todos los imputados luego del receso judicial de enero de 2025.
A los acusados se les atribuye «haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en “NACIÓN SEGUROS S.A.”, según la resolución
Fernández tendrá que presentarse el próximo miércoles 27 de noviembre a las 10 en el juzgado federal 11 de Comodoro Py 2002 que subroga el juez federal Julián Ercolini y que lleva el caso junto al fiscal Carlos Rívolo.
Lo importante
Se trata de la primera citación en calidad de indagado para el ex Presidente desde que terminó su mandato.
El juez lo acusa de haber montado entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2023 -es decir durante toda su Presidencia- un “esquema de recaudación y distribución de fondos públicos” con el irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros que reparticiones públicas estaban obligadas a gestionar con “Nación Seguros SA”
Todo habría sido en “connivencia” de otros acusados con el entonces presidente de la Nación y con su “aprobación primigenia” para “ la conformación de la estructura y la modalidad delictiva descriptas” para lo cual se habría aprovechado “de su investidura”, según la acusación.
La maniobra habría girado en torno a incorporar intermediarios entre los entes estatales y la empresa aseguradora oficial en rol de “productores, organizadores y másters” previa “designación irregular”
El perjuicio al Estado Nacional se calcula en un total de $ 3.364.522.944 (más del 87% de los $ 3.857.616.638,31 liquidados por la aseguradora oficial a todos los intermediarios por todas las pólizas emitidas a entes estatales entre el 10/12/2019 y el 09/12/2023), detalla la acusación.
Contexto
Las intermediaciones se habrían iniciado desde antes de la firma de un decreto, el 823/2021, del presidente Alberto Fernández, publicado en el Boletín Oficial con fecha 2 de diciembre de 2021, “pero se habrían incrementado notablemente gracias al dictado de dicha norma, que impuso formalmente la modalidad”.
La norma habría servido para centralizar en “NACIÓN SEGUROS S.A.” como aseguradora oficial, la gestión y con ello el direccionamiento del universo de seguros de las entidades públicas, “con la pretensión de darle un marco de legalidad a la maniobra delictiva ideada por sus intervinientes, cuyo objetivo final era la percepción de comisiones indebidas”
Parte de los fondos obtenidos habrían sido inyectados en cooperativas y redundado en última instancia en beneficio de algunos de los imputados
Cómo sigue
La ronda de indagatorias comenzará el 27 de noviembre con Fernández
Una vez escuchados todos los acusados, el juez Ercolini deberá definir sus situaciones, es decir si procesa, dicta falta de mérito o sobresee.
Se descuenta que cualquier decisión que tome será apelada ante la Cámara Federal porteña.
