La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá tiempo hasta el próximo jueves 28 de noviembre para presentar un recurso extraordinario contra la confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos resuelta el pasado miércoles 13 por la Cámara Federal de Casación.
Si alguna de las partes lo pide, podría concederse una prórroga en el máximo tribunal penal federal del país.
Será el primer paso en el intento de su defensa por abrir el camino a una revisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en busca de la absolución por el delito de “administración fraudulenta”, en la causa por el direccionamiento del 85 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas del también condenado Lázaro Báez entre 2003 y 2015.
Ir a la Corte también dilatará el momento en que esa pena en su contra sea considerada firme y por ende, ejecutable; incluída la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En la misma situación están los demás condenados en el caso.
Y también la orden de decomisar 84.835.227.378,04 millones de pesos.
Esta suma será actualizada por organismos técnicos en el momento en que la sentencia adquiera firmeza, resolvió Casación.
Lo importante
Es un panorama judicial que no tiene plazos por delante, como remarcó esta semana uno de los integrantes del máximo tribunal del país, Juan Carlos Maqueda. “Demorará mucho tiempo”, explicó el juez que en diciembre próximo cumplirá 75 años y dejará el cargo.
El fallo llegará en lo inmediato directo a la Corte, aclaró, sino que se abre un proceso que “demora bastante tiempo” y podría pasar el 2025 sin que haya definiciones en el máximo tribunal del país.
Resta recordar que todavía tiene pendiente de resolver recursos en otras causas penales que involucran a Cristina: la reapertura de las investigaciones por Hotesur Los Sauces y la firma del Memorandum con Irán por el atentado a la AMIA.
En estos casos su defensa fue en queja directa al máximo tribunal contra la decisión de Casación de revocar sobreseimientos y ordenar que se hagan los juicios orales correspondientes. El año está por terminar y estas decisiones siguen pendientes.
Cómo sigue
Si los recursos extraordinarios son rechazados por la sala IV de Casación que confirmó su condena, quedará el camino de la queja directa al máximo tribunal, que puede abrirla o no.
En el mientras tanto, no rige ni la pena de cárcel ni la prohibición de ejercer o candidatearse para cargos públicos. Al menos del lado judicial.
Capitulo aparte sería la eventual sanción de la ley de “Ficha Limpia” en el Congreso Nacional.
Desde la otra vereda y tal como anunció a Quorum apenas terminada la audiencia de lectura del veredicto, el fiscal ante Casación Mario Villar también irá al máximo tribunal del país pero con el objetivo opuesto: lograr que se condene a la ex presidenta también por el delito de “asociación ilícita” en calidad de jefa y se eleve la pena a 12 años de cárcel
Por dos votos de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña se rechazó la apelación fiscal en este sentido contra la absolución que se dispuso en el juicio oral.
En minoría el juez Gustavo Hornos respaldó a la fiscalía.
“Cabe destacar el fuerte y claro compromiso que tuvieron los tribunales y demás autoridades jurisdiccionales competentes que intervinieron en la presente investigación como así también la importancia que tiene el juzgamiento de hechos como el aquí investigado”, remarcó en su voto.
En el juicio “ se condenó a los más altos funcionarios del Estado Nacional que en connivencia asociativa con un empresario de la construcción, se dedicaron por años a parasitar las arcas públicas en perjuicio de todos los ciudadanos”
Como presidente de la sala IV fue quien leyó la parte resolutiva de la sentencia en la audiencia pública que se convocó en los tribunales federales de Retiro.
A la fiscalía le quedó otro frente abierto a la hora de llegar a la Corte: la confirmación de las absoluciones del ex ministro de Planificación Julio De Vido y otros dos ex funcionarios, que también serán apeladas.
