La semana última la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires confirmó el procesamiento y agravó la situación del líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni en la investigación por supuesto desvío de fondos del programa Potenciar Trabajo. Los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi sumaron nuevos delitos -amenazas coactivas y extorsión- vinculados a las exigencias de los referentes de la agrupación a los beneficiarios del programa.Por qué es importante
A la hora del futuro juicio oral y en caso de llegarse a un veredicto condenatorio estas dos figuras penales elevarían la pena posible. Se tuvo en cuenta:
Exigencias a los beneficiarios de parte de los miembros de las Unidades de Gestión del programa de concurrir a movilizaciones con banderas identificatorias «para engrosar su volumen».
Aportar en concepto de “cápita” la suma del 2% mensual de la prestación percibida
En algunos casos, repartir boletas, fiscalizar y/o votar en las elecciones generales por un candidato en particular del Partido Obrero.
«Todo ello bajo la amenaza directa de perder el beneficio, computarles menos horas de trabajo rendido o degradarlos de categoría si ocupaban una posición que implicaba una asignación más alta (“nexo, “esencial” o “cuadrilla”)».
Hubo un «aprovechamiento de la posición de poder» y así se exigían acciones «no previstas en los convenios firmados», según la acusación del juez federal Sebastián Casanello, confirmada por la Cámara.
El Tribunal de Apelaciones advirtió que hubo así una «vulneración» del «ámbito de libertad personal de los beneficiarios» y por eso agravó la acusación.
Identidad reservada
La modalidad se habría repetido en al menos tres comedores comunitarios, Mariano Ferreyra, La Carbonilla y Rivadavia I. Allí acudían víctimas que declararon en la causa judicial bajo identidad reservada.
Uno de ellos dijo que convocaban a los actos mediante un grupo de WhatsApp con indicación de lugar, fecha y hora.
Una vez en el sitio de encuentro debían buscar a su grupo o bandera, donde se les tomaba lista y hasta se les llegó a requerir que se tomara una “foto selfie» para corroborar luego la asistencia.
La ida a las marchas «daba más probabilidades» de acceder a un plan, contó el testigo que les repetían.
Otro refirió que pudo acceder a un plan después de «ir a movilizaciones por un año»
Un testigo relató que un delegado del Partido Obrero, a quien conocía de su barrio, lo inscribió al programa social sin explicarle en qué consistía o si tenía que trabajar. «Tenía que ir a marchar, que si no marchas no te daban los alimentos, que podías perder el plan. Entonces íbamos todos siempre a marchar ”, afirmó.
A lo que añadió: “Le decías estoy enferma o algo y no ibas, pero siempre te estaban diciendo que si no venís vas a perder el plan, vas a perder el plan, acá se gana toda una lucha, pero nunca fue algo como obligación, íbamos porque obviamente que tenés el miedo de que si no vas te quiten el plan, porque si uno lo necesita va a ir”.
Se tomaba asistencia y «si faltabas por enfermedad debías justificarte ante el delegado y éste informaba “ más arriba ”, declaró otra testigo ante la fiscalía del caso, Gerardo Pollicita.
Contexto
La causa judicial se abrió por denuncia del gobierno nacional que en víspera de una marcha habilitó la línea 134 para recibir denuncias por presiones para concurrir a la misma.
El plan social Potenciar Trabajo está destinado a quienes atraviesan una situación de «alta vulnerabilidad».
Busca «contribuir al mejoramiento de la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas, a través de la terminalidad educativa, la formación laboral, la certificación de competencias, así como también la creación, promoción y fortalecimiento de unidades productivas gestionadas por personas físicas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica, con la finalidad de promover su inclusión social plena y el mejoramiento progresivo de ingresos con vistas a alcanzar la autonomía económica”.
Los beneficiarios, por su parte, «debían estar dentro de una terminalidad educativa o integrar un grupo de trabajo para participar en proyectos socio-productivos, socio-laborales o socio-comunitarios, en el marco de los cuales tenían que cumplir 60 horas mensuales en actividades».
